Aunque 2020 fue el año con el número más alto de líderes y lideresas asesinados (310), el 2021 tuvo 168 nuevos casos que recuerdan el riesgoso oficio de defender los derechos de las comunidades históricamente marginadas. En total se contabilizaron 1283 asesinatos de líderes desde diciembre de 2016, fecha en la que se firmó el Acuerdo para la terminación del conflicto armado. Durante el gobierno actual de Iván Duque se registraron 885 de estos asesinatos, según el informe del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz.
91 de los homicidios correspondieron a personas que pertenecían a organizaciones campesinas, indígenas, afrodescendientes, ambientalistas y comunales. Según el informe, entre las víctimas se cuentan a mujeres, hombres, diversidades sexuales, jóvenes, líderes indígenas, afro y campesinos. Por ejemplo, 55 de los asesinatos ocurrieron contra líderes y lideresas indígenas. Uno de los casos más recordados es el de la lideresa Sandra Liliana Peña, gobernadora del resguardo indígena La Laguna-Siberia SAT Tama kiwe, en el departamento del Cauca.
La dolorosa lista recoge el asesinato de Wilson López, líder campesino, que luego de ser desplazado por grupos paramilitares había encabezado el retorno de su comunidad a la vereda El Congal en Samaná, Caldas. A su vez, está el caso de Cristina Isabel Cantillo, activista trans de Santa Marta que había denunciado múltiples amenazas por su liderazgo, no solo en la protección de los derechos del sector LGBT, sino en procesos de restitución de tierras a víctimas del conflicto armado.
Líderes culturales como Harold Angulo Vencé, conocido como Junior Jein por su nombre artístico, quien nació en Buenaventura, vivía en Cali y fue solidario con las víctimas de la masacre de Llano Verde y los jóvenes participantes en el Paro Nacional o líderes ambientales como Gonzalo Cardona Molina, guardián del Loro Orejiamarillo en Roncesvalles, Tolima, hacen parte del recuento de líderes que perdimos este año. Respecto a este punto, hay que recordar que Colombia encabeza la lista mundial de líderes ambientales amenazados y asesinados. Además, en lo corrido del año, tuvieron lugar por lo menos 162 conflictos de este tipo donde corporaciones multinacionales y proyectos nacionales están involucrados.
Los departamentos más afectados frente al asesinato de líderes fueron Cauca, Antioquia, Nariño, Valle del Cauca y Chocó, todos ubicados en la zona occidental del país, especialmente sobre el Pacífico colombiano (exceptuando a Antioquia). De hecho, Tumaco fue la ciudad con el mayor índice de asesinatos en 2021, algo que muestra la persistencia del conflicto armado en una zona de gran incidencia de las rutas y dinámicas asociadas al narcotráfico y el control de los grupos armados.
Las masacres y el desplazamiento forzado también afectaron a esta zona del país, sumándole los departamentos de Caquetá y Norte de Santander. De acuerdo con Indepaz, hubo 93 masacres con 326 víctimas en 2021, en su mayor parte menores de 30 años. Este hecho victimizante ocurrió tanto en zonas rurales como urbanas. Aquí, el municipio de Santander de Quilichao, en Cauca, fue el más afectado, con cinco de ellas.
Las amenazas a la implementación del Acuerdo de Paz se mantuvieron, especialmente con la desprotección sobre las y los firmantes. 48 en total, cuatro de ellas mujeres, fueron asesinados en zonas donde adelantaban su proceso de reincorporación y también han sido objeto de ataques y desplazamientos forzados, especialmente en el Meta y Caquetá.
Por supuesto, el estallido social que inició en el mes de abril requiere una lectura particular, no necesariamente asociada al conflicto armado, pero que por su importancia en lo ocurrido en el año se retoma en el informe presentado. Se resaltan especialmente los 79 asesinatos contados, 44 de los cuales se le atribuyen a la fuerza pública. 4687 agresiones, 2005 detenciones arbitrarias, 35 casos de violencias basadas en género contra las mujeres, 90 víctimas de lesiones oculares y 1661 casos de violencia física contra manifestantes.
Si bien los recuentos y las cifras pueden dar una mirada fría sobre historias de vida que son mucho más complejas y dolorosas que un número, el informe de Indepaz mantiene las alarmas sobre el fallo sistemático del Estado para garantizar el respeto a la vida digna en Colombia y la necesidad de un compromiso real de todas y todos los ciudadanos en la búsqueda de la paz.
