A muchos todavía les resulta difícil entender por qué el 8 de marzo no es un día de felicitar a una mujer por el hecho de ser mujer. Y puede que dar esa rosa o regalar esos chocolates parta desde la mejor de las intenciones, pero hacerlo oculta un reclamo social que necesita del apoyo de todos, incluidos los hombres.
La historia del 8 de marzo nos remite a las luchas de las mujeres que a lo largo del siglo XX, con gran dificultad, conquistaron derechos que por mucho tiempo fueron negados. Por décadas los movimientos de mujeres han salido a las calles y ocupado otros espacios para exigir cambios por un mundo más justo. Y en gran parte lo lograron. Hoy, ante la ley, en muchos países del mundo las mujeres tienen más o menos los mismos derechos que los hombres. Pero por supuesto, la igualdad ante la ley no representa un goce real de esos derechos.
La perpetuación de las violencias; el no reconocimiento de la autonomía para decidir sobre sus cuerpos y proyectos de vida; la inequidad en pagos y la precariedad laboral; el desconocimiento de los trabajos de cuidado no remunerados, entre otros, hacen parte de una larga lista de condiciones injustas que afectan a las mujeres. La situación se agrava si esas mujeres son además campesinas, indígenas, afrodescendientes, migrantes. Si hay empobrecimiento, discapacidad, orientaciones sexuales o identidades de género diversas, es peor. Las vulnerabilidades se suman para hacer más difícil vivir una vida plena en medio de una sociedad desigual como la latinoamericana.
Uno de los grandes reclamos de los movimientos feministas, es el de la persistencia en los feminicidios, es decir, asesinatos de mujeres por el hecho de ser mujeres. El Observatorio colombiano de feminicidios, de la Red Feminista Antimilitarista, hace la dolorosa pero necesaria tarea de recopilar los casos. Hasta el mes de enero de este año han contabilizado 49 feminicidios.
Como es común en este tema, no hay una estadística clara y compartida por organizaciones sociales y mucho menos por las autoridades en ningún país latinoamericano. En Argentina, por ejemplo, se contabilizaron 56 femicidios, según la organización La Casa del Encuentro y en en Chile, el Ministerio de la Mujer y la Equidad de género, registró 6 femicidios consumados y 36 femicidios frustrados. Pero otras cifras aparecen según quién lo reporte.
Para México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), reportó para 2022, 948 feminicidios e indicó que los estados con mayor prevalencia fueron el Estado de México (138), Nuevo León (102), Ciudad de México (75), Veracruz (68) y Chiapas (44). En Ecuador, la Alianza para el Monitoreo de Femicidios en Ecuador registró 332 en todo 2022.
Unas cifras sin contexto no dan cuenta de toda la realidad que las rodea. Son más bien una muestra de que la violencia contra las mujeres, por ser mujeres, no ha parado. Aunque hay un avance en el reconocimiento de estas violencias, hay condiciones de inseguridad para las mujeres que hacen más difícil que esta situación no se repita y fallas sistemáticas en las autoridades de cada país para prevenir, atender y no dejar caer en la impunidad estos casos. Por esto, para los colectivos feministas es tan importante que estas fechas conmemorativas sirvan para poner el foco en sus preocupaciones y exigencias.
Los hombres en armas y las mujeres en servicios: el origen de la violencia feminicida
Para Estefanía Rivera Guzmán, coordinadora del Observatorio de Feminicidios Colombia, de la Red Feminista Antimilitarista, con sede en la ciudad de Medellín, fue clave iniciar el recuento de estos asesinatos desde 2013. Todo surgió por la pregunta ante las muertes violentas de mujeres que estaban sucediendo en la ciudad y municipios aledaños.
Empezaron haciendo un seguimiento a esos feminicidios y a sistematizarlos. Gracias a esto notaron que no existía un sistema de información local, ni regional, ni nacional que brindara mayor información sobre el contexto o las formas en que las mujeres estaban siendo asesinadas. Según cuenta Rivera “Comenzamos también a preguntarnos por las condiciones económicas, la pertenencia étnico-racial, la actividad económica de las mujeres que estaban siendo víctimas de feminicidio y nos dimos cuenta de que, evidentemente, había un sesgo”.
Lo que encontraron en esta tarea de documentación es que las víctimas eran mayoritariamente mujeres populares, trabajadoras informales, trabajadoras sexuales y vendedoras ambulantes. Pero además, encontraron que muchos de esos feminicidios eran cometidos con armas de fuego. “Con eso comenzamos a construir una base de datos en Excel muy básica para comprender no solo la georreferenciación, sino el contexto de las condiciones de las mujeres que estaban siendo víctimas de feminicidio”, dice Estefanía Rivera.
Para el 2015, el Observatorio avanzó hacia el análisis más profundo de los datos y así llegaron a la categorías conceptuales para analizar el contexto de la violencia feminicida. Una de estas categorías es la de violencia neoliberal feminicida. Para ellas era importante ubicar estos asesinatos en el contexto de la militarización y de la precariedad económica del país y de la región latinoamericana donde la nula o insuficiente distribución de la riqueza crean opresiones donde las mujeres terminan en los puntos de mayor precariedad para la vida.
“El 55% de los feminicidios se cometieron con armas de fuego, lo que indica una relación de poder respecto a la masculinidad hegemónica y las afectaciones de la militarización en la vida de las mujeres”
Desde sus inicios, la Red Feminista Antimilitarista tuvo la sospecha frente al origen de violencia feminicida, más allá del feminicidio íntimo o en el marco de las relaciones erótico- afectivas. “Muchas veces la comprensión de la violencia feminicida se basa solo en la relación que la mujer víctima tenía con el sujeto feminicida y para nosotras era fundamental comprender cómo otras categorías y opresiones operaban en estos casos”. No solo la clase social o la pertenencia étnico racial hacen parte de sus análisis. Los boletines ahora incluyen a las mujeres migrantes venezolanas para entender cómo opera la migración, sobre todo la migración irregular, en un país como Colombia.
En esa exploración teórica y conceptual, se posicionan ante una de los aportes del trabajo de la socióloga feminista Jules Falquet, que analiza la división sexual del trabajo que pone de un lado a los hombres en armas y a las mujeres en los servicios. Esta división económica de la vida y del cuidado de la vida tiene serias implicaciones en países como Colombia o en México, donde las mujeres se dedican en su gran mayoría al cuidado de la vida en condiciones precarias y los hombres poseen y usan las armas, sea en el marco de la legalidad o de la ilegalidad. En el caso colombiano, explica Estefanía, el año pasado el 55% de los feminicidios se cometieron con armas de fuego, lo que indica una relación de poder con respecto a la masculinidad hegemónica, pero también habla de las afectaciones de la militarización en la vida de las mujeres.
El Observatorio ha evolucionado con el tiempo, han publicado cartillas e informes basados en la recolección de la información, boletines locales y nacionales, y hace un par de años comparten esta información en una plataforma digital para que las personas y la ciudadanía puedan tener acceso a los datos. Esta es, además, una forma de hacer incidencia para que las autoridades respondan a su mandato legal de protección de sus ciudadanas.
Actualmente, la Red hace parte del llamado que los sectores feministas y de mujeres hacen al pedir la declaratoria de la Emergencia Nacional por Violencias Machistas en Colombia, pues más allá de los registros de las víctimas de feminicidio, las violencias machistas no dan tregua. Además, ante el cambio de Gobierno en Colombia (el primero de izquierda), la Red espera que haya una transición democrática que avance en la disminución de las desigualdades hacia las mujeres. Esto implica no solo atender al índice de violencia y a las mujeres como víctimas, “sino a revisar en términos estructurales la economía del sistema de salud, del empleo, de la crisis en términos de salud mental y abrir la perspectiva para que se avance en la disminución de las desigualdades donde las mujeres estamos mayoritariamente en la precariedad”.
