A más de cinco horas desde Medellín, el municipio de Dabeiba se abre como la puerta a la región del Urabá antioqueño. Su posición estratégica rumbo al mar ha marcado de violencia la historia de sus pobladores desde hace décadas, muchos son indígenas de la etnia Embera. Dabeiba también es vecino del macizo montañoso del Nudo de Paramillo, una zona dominada por la guerrilla de las FARC hasta los años 90, que posteriormente vivió el asedio de grupos paramilitares pertenecientes a las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (Accu). Masacres, desplazamientos forzados masivos, acaparamiento de tierras y desapariciones, hacen parte del relato del horror de esta población. Allí, en el cementerio de Las Mercedes, la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP encontró nuevas pistas de la sistematicidad en las ejecuciones extrajudiciales de personas empobrecidas e inocentes por parte de agentes del Estado.
La audiencia de reconocimiento de verdad se hizo en dos momentos este 27 y 29 de junio. Uno en Dabeiba y otro en Medellín, ciudad de donde provenían gran parte de las víctimas. El objetivo era escuchar la forma en operó el fenómeno criminal de los ‘falsos positivos’ en ese departamento. Ocho militares retirados reconocieron públicamente su responsabilidad por los crímenes de guerra y de lesa humanidad que cometieron en calidad de máximos responsables. También participaron otros 17 comparecientes, que no se consideran impulsores de esta práctica, pero que en muchos casos fueron los que ejecutaron las órdenes. Familiares y personas cercanas a las víctimas acompañaron las audiencias.
Los ocho militares que comparecieron se declararon responsables del asesinato y la desaparición forzada de más de 40 personas en Dabeiba (Antioquia) y otras zonas del Urabá, entre 2002 y 2006, y pidieron perdón a las víctimas. Ellos son el coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa, el sargento (r) William Andrés Capera Vargas, el coronel (r) Edie Pinzón Turcios, el sargento (r) Fidel Iván Ochoa Blanco, el mayor (r) Yair Leandro Rodríguez Giraldo, el sargento (r) Jaime Coral Trujillo, el mayor (r) Hermes Mauricio Alvarado Sáchica y el soldado profesional (r) Levis de Jesús Contreras Salgado.
La actuación de la JEP se da en el marco de los casos conjuntos 03, que investiga los asesinatos ilegítimamente presentados como bajas en combate por agentes del Estado o ‘falsos positivos’, y del 04, que priorizó la región de Urabá como especialmente afectada por el conflicto armado. De hecho, Antioquia es el departamento más golpeado por este tipo de crímenes, según la JEP. Por esto, el caso del cementerio de Las Mercedes en Dabeiba es tan emblemático.
Nuevas pruebas de la sistematicidad de los falsos positivos
El capítulo del conflicto colombiano de los mal llamados ‘falsos positivos’ o ejecuciones extrajudiciales de civiles, es uno de los más duros que ha tenido que afrontar el país. En el marco de la política de Seguridad Democrática y el interés de retomar el monopolio de la violencia a manos estatales, se ha documentado que los abusos a los derechos humanos fueron enormes. Esta audiencia en Antioquia reiteró el carácter sistemático de estas prácticas que no se trataron de casos aislados o de decisiones individuales de algunas “manzanas podridas” del Ejército. Los nuevos testimonios de los militares muestran que hubo incentivos, planeación y alineación con protocolos legales ante instituciones para reportar estas muertes.
A través de estas prácticas violatorias de los derechos humanos se creó una falsa sensación de seguridad para el país. Se mostraron cifras de muertes de guerrilleros y un supuesto control territorial por parte de las fuerzas armadas que se hizo a costa de sangre inocente. La estigmatización también fue una dura consecuencia para los habitantes de Dabeiba y otras poblaciones del Urabá, pues se tildaba de guerrillero a cualquiera proveniente de esta región.
El coronel (r) Efraín Enrique Prada Correa, excomandante del Batallón de Contraguerrillas No. 79, ya había reconocido en octubre de 2022 la operación al interior de la brigada, enmarcada en los incentivos que se crearon desde las altas cúpulas:
“Influí en aquellos que no querían participar en esos hechos y aún más, motivé a los que lo hacían, recordándoles el plan de bienestar y permisos que estaba ordenado por el comandante de la Brigada CR JORGE ALBERTO AMOR PAEZ, que consistía en permisos y felicitaciones para el personal que diera resultados operacionales, y en muchas ocasiones ser tenidos en cuenta para viajes al exterior, como ocurrió con el sargento Coral, a quien se le dio un viaje a EE.UU., para hacer un curso, como premio a los resultados operacionales ilegales realizados, y como también sucedió en mi caso, que también me fue otorgado un viaje al exterior, dos días después de haber presentado un resultado extrajudicial el 21 de junio de 2006”.
Habitantes de calle, campesinos y jóvenes empobrecidos, las principales víctimas
Las víctimas de las ejecuciones extrajudiciales eran diversas, pero tenían en común la vulnerabilidad social y económica. En otras palabras, eran personas empobrecidas y por eso fueron seleccionados por los militares: habitantes de calle, jóvenes desempleados, personas con problemas de consumo de sustancias psicoactivas, campesinos empobrecidos del Urabá, fueron usados para sumar a las cifras de operaciones exitosas inexistentes contra la antigua guerrilla de las FARC-EP.
“Es muy duro saber que iban tan ilusionados”, dice Omaria Montoya, exhabitante de calle en Medellín que fue testigo de cómo llegaban camionetas lujosas con hombres ofreciendo trabajo en fincas y así convencieron a sus compañeros para irse con ellos y luego ser asesinados. Su testimonio coincide con lo que los militares han reconocido en el modus operandi de sus acciones. El coronel (r) Efraín Enrique Prada, uno de los comparecientes, explicó que los militares recurrían a engaños y manipulaciones para convencer a personas que pocos o nadie iba a buscar, lo que algunas personas llaman con crueldad “desechables”. El objetivo se centraba en “habitantes de calle o drogadictos, personas vulnerables y de bajos recursos que creíamos que nadie iba a reclamar”, indicó el coronel.
Al llegar a Dabeiba, estas personas eran asesinadas por integrantes del Ejército, presentadas como bajas en combate y enterradas sin identificar en el cementerio Las Mercedes. En el cementerio de este municipio la JEP reportó 75 hallazgos forenses correspondientes a 49 personas y se tienen serios indicios de que esto ha ocurrido en otros cementerios del país.
11 de las víctimas identificadas fueron entregadas a sus familiares y ninguna pertenecía a un grupo armado. 17 cuerpos corresponden aparentemente a habitantes de calle y por eso la organización civil Madres de La Candelaria, compuesta por mujeres buscadoras, quiere aportar a la tarea de buscar las familias biológicas de estas 17 personas asesinadas. Insisten en que las posibles familias se acerquen a la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas para tomar muestras de ADN y así encontrar correspondencias.
Vale resaltar que la burocracia que rodeó estos crímenes funcionó muy bien, porque según los testimonios, aunque se hicieran los reportes ante la Personería y la Fiscalía, todo quedaba cubierto bajo la etiqueta de “bajas en combate”, que no eran cuestionadas ni verificadas por nadie. Luego, según explicaron, armaban un relato coherente entre los participantes para que la justicia penal militar acogiera sin mayores preguntas los hechos. Esto también habla del grado de deshumanización del conflicto, porque incluso si se tratara de combatientes de grupos armados ilegales, a nadie parecía importarle de quiénes se trataban ni qué protocolos se seguían en estos casos.
El sargento (r) William Andrés Capera Vargas, exintegrante del Batallón de contraguerrillas No. 79 ‘Hernando Cómbita Salazar’, explicó por ejemplo que fue preparado técnicamente para alterar la escena del crimen y ocultar las identidades de los cuerpos de las víctimas. A su vez explicó de dónde provenían estas personas: “Sus familiares fueron traídos de Medellín por medio de engaños (…). Nos aprovechamos de la vulnerabilidad de todas las personas que traíamos”, dijo. La mayoría de víctimas eran desempleados, tenían enfermedades mentales o eran habitantes de calle con problemas de adicción a las drogas. Muchas de las víctimas eran trasladadas desde Medellín y Turbo hasta Dabeiba con lo promesa de un trabajo.
Por su parte, el mayor en retiro Yaír Rodríguez contó que el asesinato de un campesino de Dabeiba, Edison Lexander Lezcano Hurtado, se dio por la necesidad de mostrar resultados ante una operación fallida contra un insurgente: “Vinimos a quitarle la vida a otro ser humano sin importar […] Destrocé a una familia. Dejé a una esposa sin su esposo, a unas hijas sin su padre y a unos padres sin su hijo”. Asimismo, reconoció que estigmatizó a Lezcano y dañó su buen nombre, así que aclaró que él nunca fue guerrillero, “sino un hombre trabajador”.
Los relatos de los exmilitares ayudan a despejar el camino para documentar los daños sufridos, buscar la verdad y empezar a hacer justicia por las víctimas y sus familiares, e incluso por las víctimas indirectas como tantas mujeres y hombres habitantes de regiones como el Urabá, que han sufrido la violencia y estigmatización por tantas décadas. El magistrado de la JEP, Alejandro Ramelli, recalcó en que el camino aun es largo, “no hemos terminado. Hay más responsables, hay más hechos, hay más víctimas, hay más cementerios. Continuaremos la búsqueda incansable de la verdad”.
