Los ‘falsos positivos’ se deben entender como parte de la política de Seguridad Democrática 

Las declaraciones ante la JEP de militares responsables del asesinato y la desaparición de civiles para ser presentados como guerrilleros muertos en combate, dejan una amarga pero necesaria verdad para Colombia

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

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Cortesía prensa JEP

La protección y no vinculación de la población civil en el conflicto armado es el principio más importante del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Se conoce como “Principio de no distinción” a la necesidad de que las partes armadas ataquen únicamente a los objetivos legítimos del conflicto y así mantener a salvo a los civiles. Diferentes organismos defensores de derechos humanos, nacionales e internacionales, han expresado durante varios años que la política de Seguridad Democrática, instaurada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, desconoció este principio. 

Tras los dos días de la audiencia de reconocimiento de diez militares y un civil ante la JEP, en Ocaña, Norte de Santander, se ratifica la participación de las fuerzas armadas colombianas en la ejecución de civiles para presentarlos como bajas de combates con la guerrilla. Queda en claro que esta práctica criminal no solo fue violatoria de los derechos humanos y del DIH, sino que no se trató de casos aislados o de decisiones individuales de algunos integrantes del Ejército. Por el contrario, los testimonios de estos militares demostraron el uso de varias técnicas de fomento de las ejecuciones extrajudiciales, así como el caso omiso ante las denuncias que se presentaron cuando se hizo evidente este delito.  

En las declaraciones, el coronel (r) Santiago Herrera Fajardo explicó los mecanismos de presión sobre los subalternos para promover los asesinatos de civiles presentados luego como guerrilleros. Desde mensajes dirigidos a los comandantes de cada batallón, mensajes en programas radiales, amenazas de anotaciones en la hoja de vida por falta de eficiencia, promoción de competencia por un mayor número de bajas, hasta permisos, viajes, planes de bienestar y comisiones al exterior para las unidades más “eficaces”, fueron parte de los incentivos. 

Cortesía prensa JEP

Las declaraciones de los militares, uno de ellos el general retirado Paulino Coronado, apuntaron a las presiones de los altos mandos, como el comandante del Ejército de ese entonces, el general Mario Montoya. Estas presiones eran constantes y se hacían, entre otros medios, por programas radiales que llegaban directamente a la tropa. Lo mencionado en la audiencia completó un cuadro del horror de los asesinatos en persona protegida contra campesinos y jóvenes empobrecidos de Ocaña, Bogotá, Bucaramanga, Soacha, y otras zonas del Catatumbo, que fueron engañados para luego ser ejecutados. “Mediante engaños y propuestas falsas pensaron que con esa propuesta iban a mejorar su calidad de vida”, narró el sargento (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras. 

Los imputados asumieron la responsabilidad en los asesinatos de por lo menos 120 personas presentadas como bajas en combate entre 2007 y 2008 en esta región. En el proceso de captación y ejecución de estos civiles, los militares desaparecieron su documentación para que se dificultara su identificación, según indicó el sargento (r) Sandro Mauricio Pérez Contreras. 

Para las familias de las víctimas quedó el sinsabor de la falta de una verdad más completa. Ellas insisten en la ya famosa pregunta, ¿Quién dio la orden? Blanca Monroy, una de las madres de estos muchachos ejecutados, fue una de las más reiterativas al pedirle a los militares: “Que digan la verdad que todos queremos oír. Hablen y digan de dónde vino la orden”.  

La Seguridad Democrática y las directivas que promovieron los falsos positivos

Las prácticas que permitieron los ‘falsos positivos’ no se pueden desligar de un marco discursivo, histórico y legal más amplio. En 2005, por ejemplo, fue expedida la Directiva secreta número 029 del Ministerio de Defensa Nacional, amparada en la política de Seguridad Democrática, promovida por Álvaro Uribe Vélez como presidente de la República y cabeza de las fuerzas armadas. No en vano en los primeros años de esta política insignia de Uribe y sus copartidarios aún en el poder, se dispararon las cifras de las ejecuciones extrajudiciales.

Para Oscar Andrade, investigador del conflicto armado y profesor de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, es necesario echar un vistazo a la historia de Colombia para entender las raíces de la política de Seguridad Democrática. Dice Andrade que no se puede concebir la práctica de los falsos positivos sin enlazarla con la estigmatización sobre los líderes sociales de izquierda, algo que ocurre desde hace décadas por parte del Estado colombiano, especialmente entre las Fuerzas Armadas. Esta estigmatización borró todas las fronteras entre la población civil y los combatientes. “Para el Estado colombiano, apoyar a la guerrilla o tener un pensamiento afín, prácticamente convertía a las personas en un objetivo legítimo de la guerra. La política de Seguridad Democrática no nace en el vacío, sino que se apoya en una base discursiva e incluso jurídica, como en los manuales militares de los años setenta y ochenta, que daban consejos para vigilar e intervenir a la población civil, considerándola más peligrosa incluso que las guerrillas por ser ‘traicionera’ o por ‘hacer la revolución desde adentro’”, dice.


“Para el Estado colombiano, apoyar a la guerrilla o tener un pensamiento afín, prácticamente convertía a las personas en un objetivo legítimo de la guerra”. 

“Este es un discurso que ha calado mucho en la guerra en este país, que hay que llevarla al extremo para poder ganar y donde el Derecho Internacional Humanitario se entiende como un obstáculo para ganar la guerra”.


Ese marco discursivo fue una base sólida que se sumó a la instrumentalización de los soldados, personas que usualmente provienen de una baja extracción económica y tienen una formación escolar mínima, algo que hizo fácil la manipulación para que genuinamente pensaran que toda acción era legítima con tal de combatir a las guerrillas. 

En la Directiva 029 de 2005 se combinaron entonces los beneficios para los militares que incrementaran resultados, es decir bajas de guerrilleros, con la presión por mostrar eficiencia en el combate contra estos grupos armados. Esto ocurrió bajo un proceso demasiado laxo para demostrar la pertenencia de los asesinados a algún grupo armado, pues solo se requería un certificado firmado por el comandante de la respectiva unidad, donde diera constancia de la realización de la operación. 

Cortesía prensa JEP

La receta del desastre 

El profesor Andrade también analiza lo que denomina “la receta del desastre” para referirse a las falencias en la formación en derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario que reciben las Fuerzas Armadas. “Es bien sabido que esa formación es artificial y performativa. Muchos se saltan los cursos, abiertamente los critican y lo hacen solo por obligación. Así se forma la receta del desastre, por un lado, una política que estimulaba los falsos positivos y, por el otro, una dinámica discursiva que alimentaba unos odios heredados dentro del Ejército contra la guerrilla donde todo valía. Este es un discurso que ha calado mucho en la guerra en este país, que hay que llevarla al extremo para poderla ganar y donde el DIH se entiende como un obstáculo para ganar la guerra”.

Tampoco se puede entender la gravedad de los falsos positivos, comenta Andrade, sin revisar la impunidad que los ha rodeado. El escándalo nacional llegó a la luz muchos años después de ocurrido, cuando la evidencia era incontrovertible. Y, cuando algunos militares denunciaron, igual no pasó nada, ni en la justicia penal militar, ni en la justicia ordinaria. “El control político del Congreso fue pobre y lo más aterrador es que fue una política de Estado y nadie hizo nada, ni Fiscalía, ni Defensoría, ni Procuraduría. Quienes trataron de hablar los acallaron, fueron asesinados, les dañaron la hoja de vida, muchos sectores del Estado participaron para que esto no se supiera”, añade.  


“Es bien sabido que esa formación en DDHH es artificial y performativa. Muchos militares se saltan los cursos, abiertamente los critican y lo hacen solo por obligación. Así se forma la receta del desastre”


Mientras la impunidad reinaba, las falacias discursivas de los representantes del Gobierno no se hicieron esperar. La estigmatización también cayó sobre las familias denunciantes, acusadas de ser auxiliadoras de la guerrilla, de ser terroristas de civil. Internacionalmente, las políticas de lucha contra el terrorismo no daban campo a sanciones morales o políticas sobre el Estado colombiano. Esto llevó a un gran silencio por miedo ante la apatía e intolerancia de la sociedad colombiana.

Desafortunadamente esto no ha cambiado mucho. A pesar de que los militares reiteraron en la audiencia que sus víctimas no eran guerrilleros, sino civiles víctimas de crímenes de lesa humanidad, y que esta sea una aclaración que las familias han buscado insistentemente para limpiar el nombre de sus hijos, esposos y padres, los sectores políticos afines a esta política de exterminio a toda costa de la guerrilla, mantienen un discurso revictimizante. 

“Hay gente que sigue diciendo que esto es una estrategia de la izquierda. Incluso si la justicia empieza a actuar contra estos militares, socialmente no hay un reconocimiento de la dimensión de este problema. Hay quienes dicen que sí pasó, pero que era legítimo y que bienvenido ese exterminio contra todo lo que huela a izquierda”, dice Andrade. “Eso es lo más preocupante, que más allá de las políticas de gobierno, en últimas lo que permite que no haya justicia es la mentalidad autoritaria y antidemocrática de un amplio sector de la sociedad colombiana”.