Cuando Benito Osorio Villadiego, exgobernador del departamento de Córdoba y exgerente del Fondo Ganadero del mismo departamento, se declaró culpable por el despojo de tierras corría el año 2014. Tres meses antes había sido capturado por los delitos de desplazamiento forzado y apropiación de bienes protegidos. Luego hizo una serie de declaraciones ante los Tribunales de Justicia y Paz, aquellos surgidos por el proceso de desmovilización de grupos paramilitares en 2005. Allí habló del modelo de despojo de tierras a campesinos desplazados forzadamente en complicidad entre paramilitares, altos funcionarios y empresarios.
Este fue uno de los primeros casos que expuso esta cruenta alianza, pero no es el único. Otra de las regiones más golpeadas por este modelo han sido los Montes de María, en la zona central de los departamentos de Bolívar y Sucre, en el Caribe colombiano.
Aunque los testimonios de personas como Osorio Villadiego o el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, han ratificado desde hace años esta forma de operación que benefició a muchos empresarios, ganaderos y agroindustriales, todavía causa sorpresa cuando el tema revive. Esto pasó hace algunos días cuando el presidente Gustavo Petro mencionó al Grupo ARGOS como uno de los beneficiados de la compra sistemática de tierras, en un evento de entrega de títulos de propiedad a víctimas en los Montes de María. El grupo económico y otros sectores acusaron a Petro de estigmatizar a los empresarios, pero lo que omitieron es que esto es un hecho comprobado por los jueces de restitución de tierras que les han dado la razón a las víctimas.
Una maquinaria de despojo bien aceitada
Los Montes de María tienen una larga historia de luchas campesinas en contra del latifundio. Desde mediados del siglo pasado, la movilización campesina ha defendido con valentía su derecho a la tierra y así también han recibido duros golpes de la violencia que ha servido a los intereses de grupos económicos que ambicionan la riqueza de sus suelos fértiles. No en vano, algunas de las masacres más recordadas en el país ocurrieron allí. En El Salado, en el Carmen de Bolívar, y en Mampuján y Las Brisas, en María La Baja y San Juan Nepomuceno, el Bloque Héroes de los Montes de María de las “Autodefensas Unidas de Colombia – AUC” asesinaron a 71 personas y desplazaron a más de 4000.
Bajo esas circunstancias de violencia extrema se implantó una alianza que funcionó con beneficiarios claros. Para el caso del Urabá, Mancuso explicó ante la JEP que, con la excusa de combatir a las guerrillas, se forjó una tragedia contra campesinos inocentes. Las AUC sembraron el terror en la región, desplazaron masivamente y vaciaron las tierras. Esto mismo ocurrió en Montes de María. De la mano de grupos paramilitares, las empresas intermediarias estaban prestas a comprar de forma irregular enormes cantidades de tierra a campesinos amedrentados, legalizar en asocio con notarios y posteriormente, en un tiempo muy corto, vender las tierras a sus compradores finales: grandes grupos empresariales.
Gerardo Vega Medina, experto en esta materia y actual director de la Agencia Nacional de Tierras, le dijo a Rolling Stone hace un poco más de un año que es claro que en zonas como el Urabá y los Montes de María “está demostrada la existencia de ese aparato con poder criminal que obligó a la gente a irse”. Dicha maquinaria criminal se resume de forma cruda en una operación donde los paramilitares iban matando, detrás venían los comisionistas y empresarios comprando, y luego aparecían los notarios legalizando.
Familias como los Trujillo y los Torres en el Carmen de Bolívar, Bolívar, o los Olivera en Ovejas, Sucre, son algunas de las víctimas de este modelo. El portal Tierra en Disputa, una alianza de los medios Rutas del Conflicto y Verdad Abierta, recoge sus historias, que, aunque presentan particularidades, comparten varios elementos. Sus tierras les habían sido adjudicadas por el antiguo Instituto Colombiano para la Reforma Agraria (Incora) a finales de los años ochenta, fueron víctimas de la violencia y desplazados forzosamente a principios de los 2000. Luego, se vieron obligados a vender sus fincas por precios muy bajos y acosados por comisionistas.
Las tierras de estas tres familias terminaron en poder del Grupo ARGOS.
El caso 79: la historia que ARGOS prefiere que olvidemos
En la exhaustiva investigación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad hay un apartado capítulo especial dedicado a la desposesión en los Montes de María y lleva por título: “Caso 79 / La compra masiva de tierras por Cementos ARGOS en los Montes de María”.
Lo que documenta la Comisión es que, por medio de la compra masiva de tierras se dio paso a lo que llaman un “complejo modelo de gestión multinivel para el despojo”. En este modelo participaron funcionarios de todo tipo, incluidos los de alto gobierno, grupos empresariales, funcionarios notariales, asesores e intermediarios, “que sacaron provecho del abandono de tierras rurales fruto de la guerra”. Estos siguieron el modus operandi descrito más arriba, en el cual la guerra sirvió para despoblar las tierras y forzar la compra a los campesinos empobrecidos y muchos amenazados bajo el cruel dicho de “O vende usted o vende la viuda”.
Durante las épocas más duras de la violencia en Montes de María los campesinos dejaron forzadamente sus tierras. Cuando retornaron se encontraron con ofertas insistentes para vender. Los compradores eran mayoritariamente empresarios y políticos antioqueños como Álvaro Ignacio Echeverría, y costeños, como Otto Nicolás Bula (condenado por el caso Odebrecht). De hecho, Echeverría quien es muy cercano al expresidente Álvaro Uribe, pues fue gerente de su campaña a la gobernación de Antioquia, llegó a acumular cerca de 5 mil hectáreas.
La invitación del Gobierno Uribe a empresarios para que invirtieran rápidamente en los Montes de María fue explícita. Incluso hay un video de 2009 del exministro de agricultura, Andrés Fernández, defendiendo esa invitación y convenciendo a los campesinos de que esas compras masivas no representaban un riesgo para la región. A pesar de los temores, las y los campesinos denunciaron en un consejo comunitario realizado en San Juan Nepomuceno el 10 de agosto de 2008, que estaban siendo presionados por inversionistas foráneos. El entonces presidente Uribe respondió ante la preocupación que se frenaría ese fenómeno, pero se sabe que a la vez era el principal promotor de la compra de tierras entre los empresarios antioqueños, según recoge el informe de la Comisión de la Verdad.
Las tierras compradas a los campesinos fueron vendidas rápidamente a distintas filiales de Grupo ARGOS, como la Reforestadora Tekia, interesada en proyectos maderables y en general en monocultivos. ARGOS hace parte del Grupo Empresarial Antioqueño, una de los conglomerados económicos más grandes y poderosos del país.
Al final se calculan más de 6.600 hectáreas que quedaron en poder de este grupo empresarial. El papel de intermediarios como Álvaro Echeverría fue clave para agilizar las compraventas de tierras sin que estas pasaran directamente de manos de los campesinos al Grupo ARGOS. Echeverría ha dicho que las compras que hizo fueron legítimas e impulsadas por el Gobierno para reactivar la región, además de ser solicitadas por el comprador final: “Las compré porque ARGOS me pidió tierras, Invesa me pidió tierras, mucha gente me pidió tierras”, dijo a El Espectador en 2020.
Aunque Grupo ARGOS ha argumentado en varios procesos de reclamación de tierras que actuó de buena fe y no tenía cómo saber que las tierras compradas eran producto del despojo, los fallos de 22 sentencias señalan que las compras fueron irregulares y se negó el reconocimiento de la buena fe exenta de culpa.
Otro hecho no menor se ha señalado en las sentencias y en el informe de la Comisión de la Verdad respecto al origen de estas tierras. Dado que los predios provenían de intentos de reforma agraria liderados por el INCODER, las compras masivas y la concentración de la propiedad representan una auténtica contrarreforma agraria que iba en “detrimento de la producción agrícola del campesinado”.
La empresa insiste en que “adelantó una debida diligencia que incluyó la contratación previa de un estudio de títulos, sin intermediarios, pagando el justo precio y apegados en todo momento a la ley”. Aun así, los magistrados de los Tribunales de Restitución de Tierras en distintas sentencias han recalcado que era ampliamente conocido que los Montes de María eran, para la época, una región arrasada por el conflicto. Además, los bajos precios que se pagaron eran muestra de que no había libertad de actuación en esas transacciones.
A pesar de la reiteración en las sentencias sobre la falta de diligencia del Grupo ARGOS al no investigar la situación de la zona y en cambio comprar masivamente, la empresa sigue sin asumir esta responsabilidad. Esta no es la única empresa en esta situación. La búsqueda de verdad sobre el conflicto armado colombiano ha hecho avances importantes, pero todavía hay una gran ficha perdida en el rompecabezas que explique el papel de los grupos económicos y los empresarios que directa o indirectamente han sacado provecho del conflicto a costa, en su gran mayoría, de los más vulnerables.
