La discusión que durante años ha recorrido escenarios, redes sociales y mesas políticas nuevamente llegó a las tribunas de la capital mexicana. La Ciudad de México aprobó una reforma que restringe la difusión de contenidos considerados apología del delito en espectáculos públicos y espacios educativos, una medida que impactará directamente a los narcocorridos y otros géneros asociados con narrativas criminales.
Con 44 votos a favor, cero en contra y ninguna abstención, el Congreso capitalino avaló modificaciones a la Ley para la Celebración de Espectáculos Públicos (cuya última modificación fue en 2021) y a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Una vez publicada en la Gaceta Oficial, la reforma entrará en vigor de manera inmediata.
Aunque el texto legal no prohíbe expresamente los narcocorridos, sí limita la realización de espectáculos que promuevan, justifiquen o normalicen conductas delictivas, lo que en la práctica podría abrir la puerta a la suspensión de conciertos y presentaciones en las que se interpreten canciones que exalten al narcotráfico, la violencia o a figuras vinculadas con el crimen organizado.
La diputada panista Laura Alejandra Álvarez Soto, impulsora de la iniciativa, sostuvo que este tipo de narrativas convierten al crimen en una aspiración social y presentan a líderes criminales como símbolos de éxito y poder.
“No podemos ignorar el contexto que vive México. Todos los días vemos noticias relacionadas con violencia, reclutamiento criminal y expansión de grupos delictivos. Frente a eso, las autoridades tienen la responsabilidad de actuar con congruencia y cuidar también la dimensión pedagógica de los mensajes que se normalizan en la vida pública”, señaló la diputada.
Además, se declaró que el objetivo de la misma no es censurar expresiones culturales o artísticas ni limitar arbitrariamente la libertad de expresión, sino fortalecer una cultura de paz mediante acciones preventivas y educativas frente a contenidos que glorifican o normalizan el delito, particularmente en espacios donde participan niñas, niños y adolescentes.
¿Dónde aplicará la restricción?
La nueva normativa abarca una amplia variedad de espacios públicos y privados autorizados por el gobierno de la ciudad. Entre ellos se encuentran conciertos, festivales, ferias, palenques, auditorios, estadios, plazas públicas y otros eventos masivos. También alcanzará planteles educativos y actividades dirigidas a niñas, niños y adolescentes.
Estados como Chihuahua, Baja California, Estado de México, Jalisco o Michoacán ya cuentan con mecanismos para limitar o sancionar espectáculos que promuevan la violencia o glorifiquen actividades criminales. En algunos casos, las medidas incluso han ido más lejos. Querétaro, por ejemplo, exige a los organizadores presentar previamente los repertorios musicales que serán interpretados y contempla sanciones que van desde multas millonarias hasta la clausura de recintos e incluso vetos para artistas reincidentes.
El debate, sin embargo, está lejos de terminar. Mientras sectores políticos y sociales celebran la iniciativa como una herramienta para combatir la normalización de la violencia, críticos advierten sobre los riesgos de que las autoridades definan qué expresiones artísticas pueden o no presentarse en espacios públicos.
La medida llega en un momento particularmente complejo para la industria musical mexicana. Durante los últimos años, artistas como Natanael Cano, Luis R. Conriquez y otros exponentes de los corridos contemporáneos han enfrentado crecientes cuestionamientos por el contenido de algunas de sus canciones, mientras que gobiernos estatales han comenzado a imponer restricciones similares.
