El pulso entre el Ejecutivo y el Congreso continúa, ahora marcado por el avance de la reforma laboral y el hundimiento de la consulta popular propuesta por el presidente Gustavo Petro. Se abre así un nuevo capítulo en un periodo preelectoral cargado de tensión política.
En medio de su intento por sacar adelante una ambiciosa agenda de transformaciones sociales, el Gobierno ha enfrentado varios reveses. Sin embargo, esta semana logró una victoria clave: el Senado aprobó en cuarto debate la reforma laboral, dejándola a un paso de convertirse en ley.
La reforma plantea los cambios más profundos al régimen laboral colombiano en más de dos décadas. Entre sus puntos centrales están el incremento progresivo del recargo dominical y festivo, que llegará al 100 % en 2027; la ampliación del recargo nocturno desde las 7:00 p. m.; y nuevas condiciones para los aprendices del SENA, que ahora recibirán mayor remuneración y beneficios laborales. Por otro lado, quedaron por fuera propuestas polémicas como la jornada de cuatro días laborales por tres de descanso y el pago por horas.
Algunas excepciones que se plantearon en los debates, como tener un trato diferenciado para micro y pequeñas empresas, a quienes estos cambios pueden pegar más fuerte, al final no fueron aprobadas. El proyecto fue aprobado con 57 votos a favor y 31 en contra. Aunque algunos artículos fueron eliminados, el Gobierno lo considera un avance sustancial en su promesa de recuperar derechos laborales perdidos con reformas anteriores, como las del gobierno de Álvaro Uribe.
La Corte Constitucional también se pronunció
Mientras avanzaba la reforma laboral en el Congreso, la Corte decidió devolver la reforma pensional a la Cámara de Representantes para corregir fallas de procedimiento, dándole así una segunda oportunidad en lugar de hundirla. Son dos avances parciales para el Ejecutivo, pero también una muestra de que las reformas dependen del funcionamiento coordinado de los poderes Legislativo y Judicial.
El presidente Petro, por su parte, no ocultó su molestia por el rechazo del Congreso a la consulta popular, que además fue suspendida por el Consejo de Estado al considerar que su convocatoria sin aprobación del Senado era inconstitucional. Para muchos, esta consulta era vista por el Gobierno como una herramienta de presión para acelerar la aprobación de sus reformas.
Lo que viene
El siguiente paso clave será la conciliación y sanción del texto. La tarea de armonizar ambos documentos recayó en los representantes María Fernanda Carrascal (Pacto Histórico), Juan Camilo Londoño (Alianza Verde), y los senadores Samy Merheg (Partido Conservador) y Carlos Abraham Jiménez (Cambio Radical). Según informó Carrascal, pese a sus diferencias ideológicas, los cuatro conciliadores acordaron acoger el texto aprobado por el Senado. El texto ya fue radicado.
Ahora, el informe debe ser ratificado para pasar a sanción presidencial y convertirse en ley de la República con la firma de Gustavo Petro. Este informe deberá debatirse a más tardar el 20 de junio, fecha en la que culmina el periodo legislativo ordinario del Congreso. Solo entonces se conocerá el alcance definitivo de la reforma laboral y se sabrá si el Gobierno, como ha sugerido, descarta finalmente el controvertido “decretazo” de la consulta.
Mientras tanto, el Congreso deberá retomar el trámite de la reforma pensional bajo la supervisión de la Corte Constitucional. Aunque no fue anulada, el fallo del alto tribunal deja claro que el camino legislativo de las reformas sigue siendo complejo.
En un ambiente político marcado por la confrontación, el Gobierno de Petro enfrenta el desafío de concretar su agenda reformista dentro del marco institucional. A la par, el periodo electoral a la vuelta de la esquina seguirá marcando muchas de las decisiones política que veremos en los próximos meses.
