Tras conocerse la sentencia que vincula al reconocido exciclista Luis Alberto “Lucho” Herrera con la desaparición forzada y homicidio agravado de cuatro campesinos en zona rural de Fusagasugá, Cundinamarca, nuevas revelaciones han salido a la luz mientras avanzan las investigaciones judiciales.
De acuerdo con lo conocido en días recientes, dos exintegrantes de las Autodefensas Campesinas del Casanare señalaron a Herrera como presunto autor intelectual del crimen, el cual fue declarado como de lesa humanidad, condición que impide su prescripción.
Los hechos se remontan a octubre de 2002. Desde entonces, las familias de Gonzalo Guerrero Jiménez, Diuviseldo Torres Vega y los hermanos Víctor Manuel y José del Carmen Rodríguez Martínez viven en medio de la incertidumbre y el dolor.
A estas declaraciones se suma ahora el testimonio de un tercer exparamilitar: Héctor Díaz, alias “Camargo”, quien fue jefe de una estructura urbana del grupo criminal, confesó ante un juzgado de Fusagasugá haber estado presente en la camioneta utilizada para secuestrar a los vecinos del exciclista. Según su relato, el operativo fue ejecutado por orden del comandante alias “Martín Llanos”, tras una supuesta reunión con Herrera. Los paramilitares se habrían hecho pasar por agentes del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) para llevarse a las víctimas.
Uno de los testigos del secuestro, Andrés Rodríguez, tenía apenas 13 años cuando presenció cómo su tío era forzado a subir a una camioneta la noche del 23 de octubre de 2002. La denuncia fue interpuesta al día siguiente ante la Fiscalía, pero solo hasta 2018 las autoridades informaron sobre el inicio formal de una investigación, la cual, según la familia, no presentó avances significativos por varios años. Solo hasta ahora, 23 años después se conocen avances del caso y en gran medida esto responde a la visibilidad que la investigación de Noticias Uno ha dado al caso.
A comienzos de abril de 2025, las familias de las víctimas recibieron finalmente la sentencia contra los exparamilitares implicados en el caso. No obstante, el fallo ha generado dudas entre los parientes de los desaparecidos, tanto por la falta de claridad en algunos de sus apartados, por ejemplo la vinculación del mismo Lucho Herrera o los motivos del crimen, así como por el doloroso hecho de que la justicia aún no ha logrado ubicar los cuerpos de las víctimas.
Según revelaciones del periodista Daniel Coronell, desde 2014 existían testimonios ante la Fiscalía que vinculaban directamente a Lucho Herrera con los crímenes. Sin embargo, solo hasta este año se compulsaron copias para abrir una investigación formal contra el exdeportista, quien era vecino de las víctimas. Este giro en el proceso fue posible gracias a la declaración del caso como delito de lesa humanidad, a la presión de los familiares y al papel fundamental de los medios de comunicación al visibilizar la denuncia.
Actualmente, equipos forenses realizan exploraciones en una zona rural ubicada entre Silvania y Fusagasugá, en Cundinamarca, donde se presume que estarían los restos de los cuatro campesinos. Si bien las versiones entregadas por los exparamilitares presentan inconsistencias, coinciden en señalar que los cuerpos fueron sepultados en al menos dos fosas en ese sector.
Interés en las tierras o estigmatización como guerrilleros
Aunque los exparamilitares ofrecieron algunas hipótesis que vinculan a Lucho Herrera con presuntos intereses en las tierras de sus vecinos (lo que habría motivado su participación en los hechos), esta versión no es compartida por todos los familiares de las víctimas. Hermencia Vega García, madre de Diuviseldo Torres Vega, ha dicho que jamás recibieron propuestas para vender sus predios y descarta esa motivación.
Otra de las versiones entregadas por los responsables materiales señala que Herrera habría advertido a los paramilitares que los campesinos eran supuestos integrantes de las extintas FARC-EP. Sin embargo, según declararon, luego comprobaron que esa información era falsa.
Entre las posibles explicaciones que han surgido para intentar comprender el trasfondo de estos crímenes, algunos familiares plantean que podría tratarse de un caso más dentro de un contexto de estigmatización sistemática hacia la población rural. Oscar Rodríguez, sobrino de Diuviseldo Torres, y Pastor Rodríguez, hermano de Víctor y José Rodríguez, han señalado una posible conexión entre la supuesta reunión de Lucho Herrera y su hermano Rafael con el grupo paramilitar, y el secuestro que el exciclista vivió en 2002 a manos de las FARC. Según esta hipótesis, Herrera habría buscado protección a través de alianzas con las Autodefensas, lo que pudo haber derivado en la llegada de estos grupos a la zona y en represalias equivocadas contra sus vecinos.
Cabe recordar que los primeros años de la década del 2000 estuvieron marcados por un clima de extrema violencia en Colombia, enmarcado en la política de Seguridad Democrática del entonces presidente Álvaro Uribe. En ese periodo, se promovieron redes de informantes civiles y posteriormente se incrementaron las ejecuciones extrajudiciales como estrategia para mostrar resultados en la lucha contra la insurgencia, deteriorando profundamente el tejido social de muchas comunidades.
Lucho Herrera por el momento ha hecho público un comunicado negando los señalamientos y mostrando su interés para colaborar con la justicia, pero no ha hablado con la prensa.
Las familias de las víctimas aclaran e insisten en que la acusación contra el exciclista no proviene de ellas, sino del avance de la investigación judicial y los testimonios recabados por la Fiscalía. Mientras tanto, continúan en su búsqueda de verdad, justicia y el anhelo de encontrar los cuerpos de sus seres queridos para darles una sepultura digna.
