El Departamento de Justicia de Estados Unidos modificó esta semana el enfoque del caso contra Nicolás Maduro. Al reconocer que el llamado “Cártel de los Soles” no corresponde a una organización criminal estructurada, sino a un sistema de clientelismo y a una cultura de corrupción asociada al narcotráfico, la acusación que fundamentó su invasión pierde piso, aunque no elimina los vínculos del poder en Venezuela con el crimen. Además del cambio jurídico, este giro tiene otras implicaciones, pues muestra las narrativas que se han posicionado en los debates políticos no solo en este país, sino en toda la región.
La aclaración fue presentada tras la captura del líder del chavismo. En ella ahora se eliminan las referencias a un cartel formal y se reduce significativamente el uso del término “Cartel de los soles” a solo dos menciones. Es importante recordar que la alusión a este supuesto cartel ha sido clave en el posicionamiento de una narrativa impulsada inicialmente por el gobierno estadounidense, pero que ha sido ampliamente difundida y apropiada por sectores opositores al régimen de Nicolás Maduro y, en términos más amplios, por corrientes políticas de derecha en el continente, especialmente en periodos preelectorales.
Este discurso sobre Maduro como un líder del narcotráfico ha permeado la conversación pública regional y ha marcado acusaciones cruzadas entre dirigentes políticos y aspirantes a nuevos cargos de elección popular. En Colombia, en particular, ha sido utilizado para señalar tanto al presidente Gustavo Petro como a otros referentes de la izquierda nacional, como supuestos colaboradores del mencionado grupo que ahora no se describe como tal. El reciente cambio de enfoque de la justicia estadounidense abre un espacio relevante para deliberar sobre el uso reiterado de esta narrativa por parte de políticos y aspirantes presidenciales, donde pese a la falta de sustento verificable en la información difundida, tiene un impacto claro en la amplificación de discursos hostiles e inflamatorios en la política latinoamericana.
El origen
Esta narrativa tiene un inicio explícito en 2020 durante la primera administración de Trump. En ese año, un jurado en Estados Unidos presentó una acusación, redactada por el Departamento de Justicia, que señalaba a Nicolás Maduro como líder del supuesto “Cártel de los Soles”. En julio de 2025, el Departamento del Tesoro retomó ese lenguaje para designar al llamado cartel como una organización terrorista, decisión que en noviembre del mismo año fue replicada por el Departamento de Estado por orden del secretario Marco Rubio. Sin embargo, desde hace algunos años numerosos investigadores de la criminalidad y periodistas habían puesto en duda la existencia del “Cártel de los Soles” como una red criminal organizada.
De acuerdo con expertos citados en un reportaje de The New York Times, la expresión “Cartel de los soles” surgió en los años noventa como un recurso periodístico para describir a funcionarios venezolanos presuntamente corrompidos por dinero de la droga y otros negocios ilícitos marcados por la corrupción en este gremio. Este origen corresponde con un caso particular de 1993 que involucró a dos generales venezolanos envueltos en negocios con el narcotráfico.
Organizaciones especializadas como InSight Crime han insistido en que el término de “Cártel de los Soles” no corresponde a una organización criminal jerárquica o ideológica, sino más bien a una red difusa de oficiales y facciones incrustadas en distintas ramas del Estado venezolano, en particular dentro de las fuerzas armadas. Este entramado estaría vinculado a múltiples economías ilegales, entre ellas el contrabando de gasolina, la minería ilegal y el tráfico de drogas. De acuerdo con sus investigaciones, esta red de corrupción opera a través de células distribuidas en el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional, desde rangos bajos hasta altos mandos. Las insignias con soles de estos militares dieron inicio al nombre, que luego se amplió cuando se implicó a oficiales de mayor rango.
Los vínculos entre altos oficiales del Ejército venezolano y redes de traficantes constituyen la base de estas acusaciones, una realidad que, lamentablemente, no es ajena a las fuerzas armadas de otros países de la región. Esta situación se ve agravada por la cercanía geográfica con poderosos cárteles del narcotráfico, en particular los de Colombia, y por sus conexiones con las rutas de envío de cocaína hacia mercados de Estados Unidos y Europa.
Cambio de estrategia jurídica y ajuste en la narrativa:
La rectificación que se vio en el documento público de la acusación formal contra Maduro introduce tensiones con la narrativa sostenida previamente por el gobierno estadounidense, que durante un largo tiempo presentó al “Cártel de los Soles” como una estructura criminal real e incluso lo designó como organización terrorista en 2025, primero desde el Departamento del Tesoro y luego desde el Departamento de Estado. Esta postura fue reiterada públicamente por el secretario de Estado Marco Rubio, pese a que informes clave como la Evaluación Nacional de Amenazas de Drogas de la DEA y los reportes de la UNODC no incluyeron a ese supuesto cartel entre las principales amenazas globales.
En la acusación revisada ahora, los fiscales sostienen que Maduro “participa, perpetúa y protege una cultura de corrupción” mediante la cual élites venezolanas se enriquecen a través del narcotráfico y la protección a traficantes, y explican que las ganancias de esas actividades fluyen hacia funcionarios civiles, militares y de inteligencia que operan dentro de un sistema de patronazgo dirigido desde las cúpulas del poder, denominado de manera informal “Cártel de los Soles”. El texto subraya la ubicación estratégica de Venezuela para las rutas del narcotráfico y afirma que, desde finales de los años noventa, el país se convirtió en un refugio para traficantes dispuestos a pagar por protección, sin describir en ningún momento al “Cártel de los Soles” como una organización criminal estructurada, sino como una referencia a un esquema de corrupción sostenido por vínculos con el negocio de la droga.
Pese al cambio en la caracterización del llamado “Cártel de los Soles” y a que Nicolás Maduro ya no es presentado como su líder, los cargos por narcotráfico y narcoterrorismo en su contra siguen en pie. La Fiscalía de Estados Unidos mantiene así la tesis de que Maduro participó y protegió un esquema de tráfico de drogas. No obstante, el renunciar a demostrar la existencia de una organización criminal estructurada, hace evidente una brecha entre el discurso político que precedió a la invasión y captura de Maduro, así como a los argumentos jurídicos expuestos ante los tribunales, una inconsistencia que repercute en la lectura diplomática e internacional del caso frente a la soberanía y el principio de no intervención, pilares fundamentales del orden internacional.
Por lo pronto, La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos de la ONU para Venezuela y otros organismos internacionales han expresado una profunda preocupación para que no se pierda el foco en los cargos de narcoterrorismo tras la acción de Estados Unidos, sino que se dé cuenta también de la situación de los derechos humanos en el país, además de mantener activa la necesidad de garantizar la rendición de cuentas por las violaciones de derechos humanos y los crímenes internacionales. En la misma línea, organizaciones no gubernamentales como The Washington Office on Latin America (WOLA) han advertido sobre la persistente persecución política y han instado a que se atienda con urgencia la situación de más de 1.000 personas privadas de la libertad por motivos políticos, muchas de las cuales llevan años detenidas sin debido proceso, por lo que exigen su liberación inmediata.
