“Hoy liberamos a la cultura argentina del sistema de control estatal instaurado por el régimen de [Juan Carlos] Onganía hace 50 años”. Con esa definición y un extraño fotomontaje con la imagen del dictador argentino (1966-1970), y un grupo de jóvenes con guitarras, el Ministro de Desregulación y Transformación Federico Sturzenegger anunció ayer el nuevo decreto 138/25 que modifica la actividad de las sociedades de gestión colectiva (SGC), que hasta ahora representaron a autores y artistas de distintos rubros en el país.
¿Qué implica esta medida firmada por el presidente Javier Milei, quien periódicamente ha salido al cruce de artistas por su supuesta dependencia económica del estado? Fundamentalmente, el decreto apunta a quitarle la exclusividad y limitar la acción de SGC como la Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (Sadaic), la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), la Cámara Argentina de Productores Fonográficos (Capif) y la Sociedad Argentina de Gestión de Actores Intérpretes (Sagai).
De acuerdo con el comunicado oficial emitido ayer, “el objetivo es eliminar monopolios y habilitar acuerdos particulares. De ahora en más, quien genere un hecho artístico será el beneficiario directo de esa obra, sin intermediarios”.
Aunque presentada como un beneficio tras medio siglo de opresión a la cultura, la medida fue recibida por músicos de todo perfil y género con reacciones que variaron de la incredulidad a la indignación.
“El decreto busca romper los lazos comunitarios y estimula el sálvese quien pueda, dejando el terreno despejado para que algunas corporaciones puedan hacer negocios perjudicando a los titulares de derechos intelectuales. Un modelo de gestión individual es impracticable y sólo puede traer un perjuicio a quienes poseen esos derechos (a quienes no se consultó por esta normativa). En nombre de la Libertad (¿de explotación?) nos quieren sacar nuestros derechos intelectuales”, dice al respecto el comunicado emitido por la Unión de Músicxs Independientes (UMI).
“No hay UNA oración de acá que sea cierta. No entiendo de tantas cosas como entiendo de esto. Y si todo lo que dice este señor sobre lo demás es con la misma malicia, mentiras y manipulación que en este posteo, estamos ante el gobierno más psicópata de la historia”, fue la respuesta de Barbi Recanati al posteo en X con el que Federico Sturzenegger presentó la nueva regulación. En la primeras horas de conocida la medida, también Richard Coleman, Andrea Álvarez, Jorge Senno, Botafogo, Bb Azul y más artistas expresaron su rechazo, en algunos casos llamando la atención sobre el riesgo de la continuidad de las prestaciones de salud provistas por Sadaic y otros servicios esenciales para muchos músicos sin otros recursos.
Gastón Sardelli, de Airbag, dijo en X: “Todos los autores y compositores que conozco, grandes o chicos, de cualquier espectro político, estamos a favor de Sadaic. Se ve que voló un sobre de los empresarios y le están sacando poder a un organismo que por ejemplo prohíbe que una multinacional te saque por contrato más del 25%. Si los dejás te comen el hígado cuando sos joven y no tenés ni dinero ni conocimientos. Pero gracias a la regulación el máximo que te puede sacar según Sadaic es el 25%. Ahora vos imaginate que tenés que ir a buscar a Pepe Youtube para que pague las regalías. Es una estupidez todo. Pero no me sorprende, si son todos unos chorros”.
Desde el sector de los productores de espectáculos, en cambio, la impresión fue diferente, en numerosos casos a favor de la medida del gobierno, destacando dos puntos: primero, el arancel del 12 por ciento sobre la recaudación que Sadaic cobra en los shows de música en vivo en Argentina y que los productores consideran excesivo; y, segundo, el cuestionamiento al funcionamiento y la transparencia de dicha sociedad sin fines de lucro. “Sadaic no es una entidad gris; es una entidad negra”, le dijo a Rolling Stone un productor independiente de conciertos internacionales, al tiempo que aclaraba no estar de acuerdo con el gobierno de Javier Milei en casi ningún otro tópico. “Sadaic nunca fue clara en sus liquidaciones y no ha evolucionado a la par del crecimiento tecnológico y de la industria, ha sido siempre una gran traba burocrática. En muchos casos, en lugar de ser un aliado se ha convertido en una carga”, se lamentó otro productor de larga experiencia con bandas under extranjeras.
Fue justamente Daniel Grinbank, el mayor referente entre los productores locales, quién tomó por estas horas la palabra en público a favor del decreto 138/25. “Quiero decir, en primer lugar, que estoy absolutamente a favor de que los creadores cobren por sus trabajos, por las sociedades de gestión existentes o por crearse. Lo que sí es verdad es que, por Sadaic, en Argentina se había llegado a [el arancel por] derecho de autor de la música más caro del mundo. En ningún lugar excede el 10% y acá era el 12% para recitales. Después se agregó Aadi/Capif, que, por pasar música antes de los recitales, cobra el 1%. Y después el DAC, que cobra el 2 % por usar pantallas”, detalló Grinbank a Rolling Stone.
“Nosotros [los productores] hace mucho venimos pidiendo reuniones para llegar a un acuerdo y poner un tope en esa sumatoria –explicó el productor-. Es infinidad la cantidad de gente que participa en un proceso creativo y nadie es quién para limitarlo. Pero en algún momento la sumatoria de todos esos porcentajes se vuelve negativo para la actividad”.
¿Qué pasa con con los derechos de autor cuyas canciones van a ser interpretadas por otros artistas?
Daniel Grinbank: “Es una negociación entre privados. Quiero hacer un tema tuyo en mi repertorio, puedo pagarte el 0,5. Sí, OK, estás autorizado. O te dicen que no, “necesito que pagues el 8%”. Es un acuerdo de partes, de privados. Y si no podés ir a una sociedad de gestión. Pero nada de esto es obligación sino opción; es ampliar derechos.
Según establece el decreto, a partir de ahora “los titulares de derechos de autor podrán asociarse a una o más sociedades de gestión colectiva o ejercer sus derechos en forma individual”. Es decir que, en el caso de los músicos, la medida oficial habilita la posibilidad de que un compositor gestione, controle el uso y recaude los beneficios derivados de su obra.
¿Tiene un músico-compositor, por sí mismo, en solitario, la capacidad de autogestionar todo lo referido a sus derechos de autor? Es decir, la capacidad de “fiscalizar”, “auditar”, cobrarles a los usuarios en todo el territorio nacional, lograr acuerdos de cooperación con SGC extranjeras (equivalentes a Sadaic en otros países) para cobrar por la ejecución de su obra en el exterior y negociar acuerdos macro con las principales compañías multinacionales.
“Siempre puede elegir quedarse en Sadaic, si así lo prefiere”, respondieron a Rolling Stone, ante esta duda, desde el equipo de Sturzenegger, de pronto relativizando el concepto del “fin de los intermediarios”. “Además, ahora van a poder formarse otras SGC. Lo que cambia es que Sadaic ya no tiene el monopolio de la gestión”, explicaron también. Es decir que, aunque el anuncio público del decreto establece que los artistas ya no dependerán de “intermediarios” para cobrar sus derechos de autor, la medida sin embargo habilita ya no el funcionamiento del intermediario “tradicional” (Sadaic), sino de muchos más, tantos como pueda surgir de la iniciativa privada.
Ante otras consultas de Rolling Stone, desde el Ministerio de Desregulación admitieron que “el tema es complejo” y, ante las zonas grises de la implementación del nuevo decreto, señalaron: “Sí, de por sí hoy también es recontracomplejo”.
La normativa, que se presenta como una “desregulación”, es en rigor una nueva regulación, ya que “establece las condiciones que debe cumplir una sociedad para ser reconocida como SGC”. Así lo comunicó el propio Ministerio de Desregulación: “La norma contiene requisitos de transparencia y funcionamiento para que los autores puedan conocer cómo se administran sus derechos, los montos cobrados a su nombre y la distribución de dichos cobros. También se establecen lineamientos para la determinación de los aranceles entre los usuarios y las sociedades de gestión colectiva”.
Lejos de una desregulación radical, el decreto llega incluso a limitar el alcance de los “acuerdos entre privados”, otro concepto curioso. En lo que parece ser un punto clave en el texto de la nueva normativa, el comunicado define: “El Ministerio de Justicia fijará los topes máximos de los aranceles a cobrar por parte de las SGC a los usuarios según el rubro, tipo y utilización de las creaciones”. El techo a los aranceles a las producciones parece ser central en la nueva regulación, más allá del valor de la “libertad” para el artista de disponer de sus derechos.
“Se visualiza el derecho autor como un impuesto. Pero en realidad es el salario del compositor –observa Diego Boris, ex presidente del Instituto Nacional de la Música, Inamu-. Imaginate esto: ¿de qué hubiesen vivido Discépolo u Homero Manzi si no existía el dicho autor? Ellos no tocaban, lo que hacían era componer letras. Cuando alguien las cantaba, ellos cobraban. Si alguien las grababa, cobraban. Si no, no cobraban. Porque nadie te paga para verte componer canciones… Por eso es muy complejo, llevó muchos años generar estos sistemas [de gestión de derechos de autor]; pretender modificarlos sin ningún tipo de alternativa es algo grave”.
