A más de dos años de aprobada por unanimidad en ambas cámaras la ley de expropiación que promueve recuperar los inmuebles en los que funcionaba República Cromañón para transformarlos en un Espacio de Memoria, la propiedad continúa en manos de sus antiguos dueños: “Nueva Zarelux S.A.”, empresa offshore creada en 1997 en Uruguay y cuyo dueño, Rafael Levy, fue condenado en diciembre de 2014 a cuatro años y medio de prisión por la muerte de 194 personas y las lesiones de más de 1400 cuando el lugar se incendió en diciembre de 2004 durante el recital de Callejeros.
“La expropiación hoy tramita por la Jurisdicción Contenciosa Administrativa debido a que, antes que se cumplan los dos años de plazo para iniciar el juicio, el Tribunal de Tasaciones de la Nación no había podido notificar fehacientemente a la empresa en el domicilio inscripto en la Inspección General de Justicia e ingresar a los inmuebles para poner en valor las propiedades”, dice Nicolás Pappolla, integrante de la organización de sobrevivientes de Cromañón El Camino es Cultural, que trabajó a la par de otras ocho organizaciones en el proyecto de ley de expropiación.. “Finalmente, la justicia dio lugar al pedido del Estado de iniciar el juicio expropiatorio sin haber podido concretar la tasación, pero hace una semana nos enteramos que el 16 de diciembre lograron realizar la inspección ocular por lo que debería ser inminente la finalización del proceso administrativo burocrático para que el Estado oferte a sus dueños el valor que determine sobre los inmuebles”.
El 27 de octubre de 2022 se aprobó la Ley que declaró “de utilidad pública y sujeto a expropiación” a los inmuebles ubicados en Bartolomé Mitre 3038/78 y Jean Jaures en los que funcionó Cromañón. Además, se estableció que la propiedad estaría destinada a albergar “un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido”, para lo cual se crearía una “muestra permanente”, que relataría lo allí sucedido.
Un año después, antes de terminar su mandato como presidente, Alberto Fernández dispuso, mediante el decreto 652/2023, que el Ministerio de Justicia lleve a cabo la expropiación del edificio. Pero con el cambio de gobierno y ante la falta de avances en la causa, a punto de cumplirse el plazo de dos años estipulado para concretar la medida, en octubre familiares de las víctimas y sobrevivientes de la masacre exigieron que se extendiera el plazo de expropiación de dos a cuatro años.
La medida obtuvo la aprobación en Diputados. Sin embargo, quedó en pausa al no poder tratarse a tiempo en las sesiones ordinarias del Senado. “Ahora Nueva Zarelux tiene dos alternativas”, explica Pappolla. “Aceptar la oferta y finalizar el proceso expropiatorio o rechazarla y judicializar la tasación. Pero independientemente de esto, se supone que el Estado ya podría hacerse de la llave de los inmuebles”.
Mientras que, a días de cumplirse el 20º aniversario de la masacre desde distintas organizaciones de víctimas y sobrevivientes esperan recibir buenas noticias en las próximas semanas, vecinos cercanos a la propiedad denunciaron haber visto en el último tiempo movimientos de personas y de autos en el local en el que funcionaba Cromañón y en el estacionamiento lindante.
