Este 10 de enero, el Palacio Federal Legislativo de Caracas será el escenario de una nueva controversia política en Venezuela. En esa histórica ubicación, Nicolás Maduro tomará posesión de un tercer mandato presidencial de seis años que está rodeado de una gran ilegitimidad. Esta ceremonia ha estado precedida de un clima de alta tensión de más de seis meses, cuando el 28 de julio de 2024 se conocieron los resultados oficiales que dieron ganador a Maduro, a pesar de las numerosas denuncias de la oposición que insisten en el fraude electoral contra Edmundo González Urrutia.
Ante la inminencia de la fecha de posesión, las fuerzas opositoras convocaron a movilizaciones y protestas en contra de la ceremonia tanto dentro como fuera de Venezuela. Este jueves 9 de enero, simpatizantes de la oposición respondieron al llamado de María Corina Machado, quien rompió su silencio al participar en las marchas. Machado permanecía en la clandestinidad por temores a ser detenida y efectivamente su equipo informó que fue interceptada al final de la jornada de protestas en hechos confusos que terminaron en su liberación. La ola de detenciones arbitrarias y las muchas irregularidades en el debido proceso han afectado tanto a dirigentes opositores como a ciudadanos del común tras las elecciones.
El tercer mandato de Maduro está marcado por el cuestionamiento de gran parte de la comunidad internacional y por supuesto de los sectores de la oposición venezolana. Líderes como Machado se mantienen firmes en su postura de desconocer la legitimidad de la reelección de Maduro, pues aseguran que González ganó los comicios con un 70% de los votos.
A pesar de la presión internacional para que Maduro presentara las actas que comprobaran su victoria, esto nunca ocurrió. No solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) nunca publicó los resultados desglosados por mesas de votación, sino que el Tribunal Supremo de Justicia, altamente influenciado por el régimen, ratificó su elección para el periodo 2025-2031, un par de semanas después de las elecciones.
Protestas y represión militar
Los cuerpos de seguridad han instalado puestos de control en lugares estratégicos de Caracas para disuadir cualquier intento de manifestación o concentración opositora en los alrededores del Palacio Federal. Así, a medida que se acerca la toma de posesión, la presencia militar es más notoria, incrementando la sensación de un país en estado de alerta ante la posibilidad de disturbios y enfrentamientos.
El despliegue de las medidas de seguridad por parte del oficialismo, no solo refleja la polarización política que marca la cotidianidad venezolana, sino la represión militar y judicial contra quienes no reconocen a Maduro como gobernante. Las múltiples denuncias de violación de derechos humanos han sido constantes en los últimos meses y la crisis económica enquistada ya por varios años han creado una fuerte resistencia a su permanencia en el poder.
Edmundo González, quien se autoexilió desde septiembre por la represión en contra suya y de la oposición en general, ha prometido regresar a Caracas para asumir la presidencia. El oficialismo ha dicho que si González vuelve a Venezuela será detenido, pues ya cuenta con orden de captura. En los últimos días, el excandidato hizo entrega de las copias de las actas de escrutinio al gobierno panameño para probar, según él, su victoria. González también recorrió otros países de la región sumando apoyos en Argentina y Estados Unidos.
El regreso de González al país y su insistencia en asumir la presidencia representan una amenaza para el gobierno de Maduro. Por esta razón crece la preocupación por la respuesta que el régimen tendrá.
La comunidad internacional también está atenta a los acontecimientos en Venezuela. Además, varios países, incluidos Estados Unidos y la mayoría de los gobiernos de América Latina, han expresado su rechazo a la victoria de Maduro. Los mandatarios de Brasil, Colombia y México se abstuvieron de participar en la toma de posesión, esto a pesar de la cercanía ideológica que era clara en años anteriores.
En el caso de Brasil o Colombia, que comparten una vasta frontera con Venezuela, el enfriamiento de las relaciones con el gobierno de Maduro no ha representado la ruptura del contacto diplomático. Especialmente, el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, ha cuestionado desde hace meses el proceder de Maduro, sobre todo desde que impidió que Maria Corina Machado participara en las elecciones como candidata, y ha sido un duro crítico de la negativa de presentar las actas de escrutinio.
Sin embargo, la necesidad de tener relaciones abiertas entre vecinos parece más un asunto de practicidad inevitable, que un tema ideológico. En el caso de Colombia, el presidente Gustavo Petro también ha insistido en que se aclare la supuesta victoria de Maduro. Aunque no irá a la posesión, el gobierno colombiano participará con integrantes del cuerpo diplomático. Estas decisiones subrayan el tenso ambiente político en torno a la legitimidad de la reelección de Maduro en la región.
La toma de posesión no solo será un acto constitucional, sino que representará un capítulo más en la profunda crisis política, económica y social que atraviesa Venezuela. Mientras el gobierno se prepara para consolidar su poder por seis años más, la oposición continúa su lucha por visibilizar su desacuerdo con los resultados electorales e insistir en que la continuidad de Maduro en el poder es inviable. Como indicó Machado a la BBC, “Los venezolanos ya decidimos. El mundo entero sabe que Edmundo González Urrutia es el presidente electo de los venezolanos”.
