Hace un par de semanas un video circuló en redes sociales. En él, un grupo de actores, actrices y figuras públicas de la farándula colombiana como Luly Bossa, Felipe Arias, Elizabeth Loaiza, Ricardo Henao y Andrés Toro, convocaban a una marcha para el 19 de octubre bajo el lema “Con los niños no te metas”. La movilización, presentada como una defensa de los derechos de niñas y niños, fue la cúspide de una campaña de desinformación promovida por grupos antiderechos que nuevamente buscan confundir a la ciudadanía para atacar los derechos de las personas trans.
La raíz de esta protesta se encuentra en una circular emitida por la Superintendencia Nacional de Salud (Supersalud) a mediados de septiembre. Este documento tiene como objetivo garantizar que las personas trans, incluidas las infancias, puedan acceder a atención médica sin ser discriminadas. En este sentido, la circular enfatiza el respeto a la identidad de género y se ordena la eliminación de barreras que históricamente han dificultado el acceso a derechos fundamentales. Un aspecto clave radica en que la Supersalud no está creando regulaciones, sino acogiéndose a una serie de sentencias de la Corte Constitucional donde protege derechos como la salud, la identidad de género y la dignidad humana.
Sin embargo, la circular ha sido objeto de ataques basados en afirmaciones falsas que buscan distorsionar su contenido y vincularlo a tendencias políticas que no les son afines a estos grupos y que por tanto quieren deslegitimar. Entre los rumores alarmantes que buscaban el pánico social, afirmaban que la normativa promueve cirugías de “cambio de sexo” a niños de tres años de edad, castraciones químicas, entre otras afirmaciones tan duras como mentirosas.
Es fundamental aclarar que la circular no autoriza procedimientos quirúrgicos para menores de edad, sino que se alinea con sentencias como la T-218 de 2022, que establece el derecho a la identidad de género y el libre desarrollo de la personalidad. La realidad en Colombia es que no se han realizado reasignaciones de sexo a menores. Lo que sí ha existido son prácticas médicas invasivas sobre los genitales de niñes intersexuales, eso sí, avalado por las familias y sin ningún consentimiento de los pacientes. En esos casos que “se metan con los niños” poco importa.
Estas afirmaciones, claramente desinformadas y manipulativas, reflejan una estrategia política que busca deslegitimar los avances en derechos de las personas trans, en contravía de lo dictado por la Corte Constitucional y normativas internacionales. No es la primera vez que ocurre, sino que parece más un reencauche de los temores por la “ideología de género” que en 2016 hizo tanto daño a los avances por el reconocimiento de las violencias diferenciadas en mujeres y población LBGTIQ+ que se discutían en el marco del Acuerdo de Paz.
Diversos estudios nacionales, así como regionales han mostrado que los discursos, noticias en medios masivos e información falsa como este casos, son la base de la violencia por prejuicio contra personas LGBTIQ+. Las consecuencias de estas violencias son devastadoras y llegan incluso al asesinato.
La participación de figuras públicas en estas movilizaciones tanto físicas como digitales añade un nivel de confusión y desinformación mayor, que perjudica el entendimiento público sobre los derechos de las personas con experiencias de vida trans. Al difundir ideas erróneas, se alimenta un clima de hostilidad que puede tener consecuencias nefastas para quienes buscan reconocimiento y protección de sus derechos al no apegarse a la norma social heterosexual y cisgénero.
A pesar de la resistencia de algunos sectores que continuamente atacan los derechos de las diversidades sexuales y de género, muchas organizaciones defensoras de derechos humanos han hecho un llamado a respaldar la circular de la Superintendencia. La normativa es vista como un paso crucial para garantizar el acceso a servicios de salud sin discriminación y para mejorar la calidad de vida de las personas trans, desafiando las barreras que han limitado su inclusión por tantas décadas.
En este contexto es esencial que la ciudadanía sea crítica, contraste fuentes y reciba información clara y veraz. Por esto es preocupante que grandes medios de comunicación, como El Colombiano, haya hecho eco de noticias engañosas como la afirmación de que la circular buscaba garantizar la esterilización quirúrgica. La noticia sigue activa en su portal web sin rectificación.
Más allá de la marcha convocada en Colombia, las acciones de grupos religiosos extremistas y sectores políticos ultraconservadores mantienen una agenda constante en contra de los derechos de las personas trans en gran parte del mundo. Es sumamente preocupante que estas acciones públicas se mantengan mientras las cifras de violencia contra esta población no paran. La organización Colombia Diversa registró 159 casos de homicidio de personas LGBTIQ+ en 2023 y aunque en 2024 no hay una cifra definitiva, la Defensoría del Pueblo reportó a ocho mujeres trans asesinadas hasta el mes de abril.
El llamado urgente que hacen distintas organizaciones es a que se trabaje en más pedagogía que supere masivamente los mitos que fomentan estas ideas tan peligrosas. La lucha por los derechos de las infancias y adolescencias trans no solo es una cuestión de regulación de los prestadores de salud, sino también un imperativo ético y un asunto de justicia social para que se reconozca, respete y proteja su existencia ante tanta desinformación y odio.
