Y el glifosato en Colombia, ¿qué?

El mismo día en que fue rociada con glifosato mientras lavaba ropa en el río, Yaneth Valderrama tuvo un aborto involuntario. Era el año 1998. Yaneth y su familia vivían en una vereda en Caquetá, a más de cuatro horas de Florencia, la capital. Su esposo y sus dos hijas fueron testigos, no solo de cómo perdió a su bebé, sino del deterioro de su cuerpo luego de tener una salud de hierro. En los meses posteriores a la aspersión, sufrió de dificultades respiratorias hasta que una falla múltiple acabó con su vida.

Veinte años de lucha de su familia no fueron en vano, porque a pesar de enfrentar muchas puertas cerradas, persistieron en la búsqueda de justicia y reparación hasta que en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó su caso. El hecho es emblemático, pues al admitirlo, la CIDH consideraría que hay pruebas suficientes para señalar al Estado colombiano como responsable de la muerte de Yaneth. 

Catalina Martínez Coral, directora regional Centro de Derechos Reproductivos, explica que el caso de Yaneth es muy importante para la sociedad colombiana porque nos permite seguir construyendo la verdad acerca de los daños a la salud y a la vida que produjo la aspersión de glifosato durante muchos años en el país. Asimismo, este caso y el de muchos otros campesinos y campesinas afectados por las aspersiones del herbicida son prueba de la necesidad de parar definitivamente el uso del agroquímico. “Esto es un llamado a que la aspersión de glifosato no se vuelva a retomar nunca, precisamente por el impacto tan grande y tan dañino que ha tenido sobre las personas y ecosistemas. Este es un caso testigo de la historia colombiana de los efectos nocivos del glifosato sobre todo en la población campesina y es importante para tomar las políticas públicas más adecuadas que eviten que estos hechos se repitan y haya reparación”, indica Martínez.

Llegar hasta la CIDH no solo fue lento, sino que hizo parte de un proceso de continuas revictimizaciones. A Iván Medina, el esposo de Yaneth, nadie lo quería oír porque era inconcebible hablar mal del glifosato y mucho menos de la política antinarcóticos. Por el contrario, recibió estigmatización, burlas y se estrelló contra muchos muros en busca de justicia. Lo tildaron de mentiroso e incluso lo amenazaron con investigarlo por supuestamente ser cocalero, una etiqueta muy peligrosa de cargar.

Como explica Óscar Conde Ortiz, de Conde Abogados, la primera organización en recibir el caso, el señor Iván Medina llegó desesperado por hacer algo que hiciera justicia por su esposa y su hijo. Se motivaron a defenderlo con el ánimo de ayudar a esta familia a que accediera a la justicia: “muchas víctimas de las aspersiones con glifosato no buscan ayuda porque no saben sus derechos”.

Glifosato como política de Estado

Desde 1992 el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobó el uso del glifosato como parte de la política contra las drogas. Este herbicida se usa para eliminar plantas no deseadas y para esto se deben seguir ciertos protocolos de aspersión. Los sobrevuelos deben hacerse a una altura que permita focalizar el cultivo objetivo, pero esto no solo parece no haberse cumplido, sino que la cantidad que se usa en la erradicación de cultivos ilícitos, según la organización WWF, es de 10,4 litros por hectárea, cuatro veces más de lo que se usa en agricultura comercial. Además, el glifosato se mezcla con otras sustancias tóxicas para hacerlo más efectivo.

En 2015, el Ministerio de Salud solicitó la suspensión de uso de este producto por implicar un potencial riesgo para la salud humana, esto apoyado en un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que encontró relaciones entre el glifosato y cuatro tipos de cáncer (hepático, de páncreas, de riñón y linfático). Otras organizaciones, como la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, han recomendado la prohibición en todo el mundo bajo el principio de precaución.

No es claro cuántas son las víctimas de las aspersiones con glifosato en Colombia, pero la Comisión de la Verdad incluyó este tema en el volumen sobre violencias de género. El informe Salud reproductiva y glifosato en el contexto del conflicto armado del Centro de derechos reproductivos y la Universidad del Valle, hizo parte de los materiales entregados a la Comisión. A partir de evidencia científica, el informe muestra los impactos negativos de las aspersiones con glifosato en la salud reproductiva de las mujeres que vivían en diferentes zonas rurales del país. Entre otros hallazgos se encontraron afectaciones en la fertilidad, abortos involuntarios, efectos perinatales y efectos que alcanzaron a segundas generaciones.

“Esto es un llamado a que la aspersión de glifosato no se vuelva a retomar nunca, precisamente por el impacto tan grande y tan dañino que ha tenido sobre todo en la población campesina”

Doris Alape, otra mujer cuyo caso fue recibido también por la CIDH, vio afectado su embarazo luego de una fumigación que contaminó cultivos y fuentes de agua en Chaparral, Tolima, en 1999. Su embarazo se adelantó y dio a luz con solo 28 semanas de gestación, en medio de signos de intoxicación. Su hijo murió al poco tiempo y ella sobrevivió, pero tiene una incapacidad que le impide trabajar.

Las historias de Yaneth y Doris son muestra de la vulneración de los derechos reproductivos y los derechos de las mujeres por una política del Estado colombiano. Al asperjar glifosato en su lucha contra las drogas y afectar a mujeres como Yaneth y Doris, se vulneraron varios derechos, entre esos tres evidentes, según explica Martínez Coral: “Vulneran el derecho a la salud reproductiva al no haber podido tener un embarazo sano y al no poder continuarlo en las mejores condiciones. Segundo, vulneran el derecho a la autonomía reproductiva porque esta maternidad era deseada. Y tercero, implica discriminación, porque se toman políticas de Estado sin tener en cuenta los impactos diferenciados que estas pueden tener sobre las mujeres y su salud reproductiva”.

El abogado Conde señala que al llevar este caso se hizo evidente la gran barrera para que las personas prueben los efectos nocivos del glifosato que pueden repercutir en su vida y salud tras ser expuestas al herbicida. “Se exige un estándar de prueba muy alto que pueda acreditar el nexo entre la fumigación aérea y los daños padecidos por las víctimas”. Esto se suma al desconocimiento de los derechos y las vías para que las personas más vulnerables puedan reclamar al verse afectadas.

En 2017, la Corte Constitucional advirtió que antes de volver al uso del herbicida se debía estudiar rigurosamente sus implicaciones. A pesar de esto, desde su llegada al poder, Iván Duque hizo varios esfuerzos por retornar al glifosato. Incluso, el 21 de junio de 2022, faltando menos de dos semanas para la posesión de Gustavo Petro como presidente, Duque firmó el contrato más cuantioso en la historia de Colombia para comprar 263.000 litros del herbicida, por un valor de $12.500 millones. Esto, a pesar de que Petro se manifestó muchas veces en contra del herbicida durante su campaña y de que en enero de 2022 la Corte Constitucional rechazara el trámite del Plan de manejo ambiental para reanudar las fumigaciones que proponía Duque.

Nuevo gobierno, nueva política de drogas

Tanto Gustavo Petro, como la ministra de Ambiente y Desarrollo sostenible, Susana Muhamad, han insistido en que el nuevo gobierno no tendrá aspersiones con glifosato bajo ninguna circunstancia. Por el contrario, la ministra aseguró que se radicará un proyecto de ley para prohibir la aspersión de glifosato para la erradicación de cultivos ilícitos.

La erradicación manual voluntaria y la sustitución de cultivos ilícitos serán las bases de la estrategia de este gobierno en su política de drogas y del PNIS (Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos), según lo han manifestado otros funcionarios.

Y es que el uso del herbicida, además de los cuestionamientos éticos sobre su uso, tampoco ha mostrado ser efectivo en el largo plazo. Como diferentes investigaciones han mostrado, la aspersión de cultivos de coca y amapola no son tan efectivas como se venden, pues tras las aspersiones es muy probable que haya resiembra en las áreas fumigadas o que incluso los cultivos sean llevados a áreas protegidas. Además, la fumigación se asocia con subida de precios de la cocaína en países consumidores, lo que lleva a que se fomenten nuevos cultivos.

Con la millonaria compra que dejó Iván Duque no se tiene claro qué se hará con los litros y litros de glifosato. Por ahora se sabe que el gobierno de Petro se enfocará en la sustitución voluntaria y en el fortalecimiento del PNIS. Según la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Delito (UNODC), la tasa de resiembra tras la erradicación manual y voluntaria es del 0,6%. Sin embargo, el Decreto 380 de 2021, que regula los riesgos para la salud y el ambiente asociados a las aspersiones con el herbicida, sigue en pie.

Por un futuro sin glifosato

Como diferentes sectores y voces expertas indican, se requieren cambios a nivel político de largo plazo, como los incluidos en las recomendaciones del Acuerdo de Paz y los informes finales de la Comisión de la Verdad.

La lucha por el reconocimiento del caso de Yaneth Valderrama implica retos que trasciendan la voluntad política de los gobiernos de turno. Desde el Centro de derechos reproductivos, esperan que la Comisión interamericana derechos humanos declare responsable al Estado de Colombia por los daños que sufrió Yaneth y por los daños que ha sufrido su familia durante más de 20 años. Esperan que la decisión de la CIDH traiga cambios duraderos frente al uso del glifosato, no solo por esta vía, sino por el cumplimiento de las recomendaciones ya existentes para no retomar nunca la aspersión con glifosato en el país. Además, que haya una documentación exhaustiva y con enfoque diferencial de los daños que produjo el glifosato en la salud humana y el ecosistema. También esperan que el Estado colombiano trabaje con las víctimas del glifosato identificadas para encontrar las formas de reparación adecuadas para ellas.

Como Óscar Conde apunta, el ideal es que esto sea un campanazo ante los estamentos nacionales para que se elimine la política antidrogas con uso de glifosato que afecta a las comunidades rurales. Se debe partir del principio universal de precaución que debe evitar poner en un riesgo innecesario a las personas y al ambiente cuando se desconoce o no se tiene certeza científica frente a los efectos que pueden causar estos productos que en otros países están prohibidos o tienen grandes restricciones.

Las obligaciones del Estado colombiano deberían apuntar además a atender de forma especializada a las personas expuestas al glifosato para que reciban diagnósticos oportunos y se les garantice un tratamiento adecuado, algo que nunca tuvo Yaneth.