El 20 de agosto de 2024, el hijo de un diputado panameño fue aprehendido por presunta vinculación con narcotráfico internacional y blanqueo de capitales. Días antes, la Policía Nacional había ofrecido una recompensa de $25 mil a quien proporcionara información certera sobre su paradero. Las autoridades acusan al detenido de manejar dinero dentro de un grupo criminal que no solo blanqueaba capitales, sino que también traficaba drogas desde Colombia hacia Panamá y Costa Rica.
A través de un comunicado, el diputado expresó su confianza en la inocencia de su hijo y aseguró que no obstruirá el desarrollo de las investigaciones en curso.. Sin embargo, en conversaciones telefónicas interceptadas, el detenido mencionó que su padre estaba al tanto de las operaciones y había participado en la coordinación de la entrega del dinero.
Este caso pone en evidencia la creciente influencia del narcotráfico en las esferas políticas de Panamá, donde las conexiones entre el poder y el crimen organizado parecen extenderse a los más altos niveles del gobierno.
En 2023, autoridades panameñas incautaron 119.2 toneladas de droga, causándole pérdidas por 27 millones de dólares al crimen organizado. En más de 180 operaciones antinarcóticos, 636 personas fueron arrestadas (486 de nacionalidad panameña y 150 extranjeros). Los mayores decomisos de droga que se realizan en el país son de cocaína y marihuana.
Desde hace décadas, Panamá ha servido como un corredor para el tráfico de drogas producidas en Suramérica, cuyo destino principal es Estados Unidos, el mayor consumidor de cocaína del mundo, así como Europa. Las incautaciones de drogas suelen llevarse a cabo en los puertos de carga que mueven contenedores. En el Atlántico, Panamá cuenta con varias terminales de carga: Manzanillo International Terminal (MIT), Cristóbal-Panamá Ports Company (PPC) y Colon Container Terminal (CCT), además de una terminal en construcción, el Panamá Colón Container Port. En el Pacífico, se encuentra el puerto de Balboa y la PSA Panamá International Terminal.
Además de traficar drogas, estas organizaciones están involucradas en una variedad de actividades criminales para mantener su control territorial y financiamiento, lo que incluye homicidios, extorsiones y robos. Por ejemplo, en 2022, se registraron 499 homicidios en Panamá, muchos de ellos relacionados con disputas territoriales entre pandillas. Ese año, el país decomisó la cantidad histórica de 138.4 toneladas de drogas.
Constantemente, investigaciones revelan la implicación de actores estatales que colaboran con estos grupos criminales para facilitar sus operaciones. Estas colaboraciones incluyen desde brindar información privilegiada hasta asegurar que los controles de seguridad sean eludidos.
Por ejemplo, algunas investigaciones han demostrado que funcionarios de aduanas y policías han facilitado el paso de cargamentos de droga al proporcionar rutas seguras y alertar sobre posibles redadas. Un caso destacado es el de la Policía Nacional, que destituyó a 54 oficiales por vínculos con el crimen organizado, incluyendo posesión de drogas.
Asimismo, la infiltración del narcotráfico en el sistema judicial se manifiesta en el pago a informantes dentro de las instituciones de justicia, lo que permite a los criminales estar un paso adelante de las acciones legales en su contra. Además, en los puertos, la complicidad entre pandillas y personal de seguridad y operadores de contenedores asegura que los cargamentos de droga se muevan sin impedimentos.
Gracias a su privilegiada ubicación como puente continental, Panamá es un destino estratégico para el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas.
Narcopolítica
La narcopolítica suele definirse como una actividad política en la que instituciones del Estado son influenciadas y manipuladas por organizaciones que se dedican al tráfico de estupefacientes. El Instituto Peterson en Washington D.C., un think tank dedicado a investigaciones de política pública, advierte que este fenómeno es una tendencia que se expande rápidamente en América Latina. Los vínculos entre actores políticos y grupos criminales en varios países de la región —como Ecuador— son ejemplos de cuánto se han arraigado las organizaciones criminales en muchas sociedades latinoamericanas, en sus estamentos gubernamentales y en el funcionamiento de la política.
En ese país, el presidente Daniel Noboa ha implementado medidas agresivas contra el narcotráfico. Su administración ha destituido altos funcionarios vinculados con este fenómeno y ha lanzado investigaciones significativas, como el caso Metástasis, que reveló corrupción extendida entre jueces y políticos locales. La provincia de Manabí se ha destacado como un epicentro de estas actividades ilícitas, mostrando la necesidad urgente de contrarrestar la influencia del crimen organizado en la política y la sociedad ecuatorianas.
En Panamá, expertos, periodistas y organizaciones de la sociedad civil coinciden en que la narcopolítica también es una realidad que no puede ser ignorada.
Narcoestado
Durante la dictadura militar, Panamá se transformó en un “narcoestado” bajo el régimen de Manuel Antonio Noriega. Este militar, como gobernante de facto, permitía a los traficantes de drogas mover sus cargamentos a través del país a cambio de una porción de las ganancias, que superaban los 100.000 dólares por cargamento. Según InsightCrime, Panamá sigue siendo un destino estratégico para el tráfico de drogas debido a su ubicación geográfica. Actuando como un puente desde América del Sur, principal productor de cocaína, y las rutas de tráfico que atraviesan América Central hacia Estados Unidos, Panamá mantiene una posición clave en este negocio ilícito.
En el Darién, grupos criminales colombianos mantienen una fuerte presencia en la frontera. Con la crisis migratoria, han encontrado nuevas oportunidades de explotación a costa de las víctimas vulnerables. Las operaciones contra estos grupos han comprobado la complicidad de fuerzas de seguridad y funcionarios gubernamentales, quienes facilitan el tráfico de drogas. La Operación Fisher, por ejemplo, fue una intervención realizada por las autoridades panameñas a principios de diciembre de 2021 contra el grupo criminal colombiano Los Gaitanistas, también conocidos como Los Urabeños. La operación expuso la profunda infiltración de este grupo en Panamá y reveló la complicidad de policías y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá en el tráfico de cocaína en el país.
En el 2010, cables filtrados del servicio diplomático estadounidense revelaron sospechas sobre la implicación de políticos panameños en el negocio de la droga. Estas preocupaciones solo se han intensificado. A finales de 2017, las autoridades desmantelaron una supuesta red internacional de narcotráfico con vínculos a un alcalde local. Ese mismo año, un narcotraficante colombiano afirmó que las autoridades panameñas revendían las drogas incautadas. En la entrevista, el individuo menciona que, debido a la corrupción en Panamá, cuando se confisca una gran cantidad de cocaína, algunos funcionarios se involucran en la venta de la droga en lugar de destruirla. Según él, este comportamiento corrupto provoca una reducción en el precio de la cocaína, ya que la oferta en el mercado aumenta debido a estas ventas ilegales.
En diciembre de 2021, la Operación Fisher expuso la profunda infiltración de grupos ilegales en Panamá, y reveló la complicidad de policías y funcionarios de la Autoridad del Canal de Panamá en el tráfico de cocaína.
En Panamá, el Ministerio Público es responsable de los procesos criminales y la supervisión de los funcionarios públicos. Aunque la Constitución de Panamá otorga independencia al poder judicial, este es vulnerable ante la influencia política y la corrupción. En 2021, por ejemplo, Transparencia Internacional encontró que el sistema de justicia penal de Panamá carecía de autonomía, destacando que el proceso de nombramiento de jueces estaba politizado y era excesivamente largo.
“Mediciones internacionales evidencian que Panamá tiene una vulnerabilidad importante a la penetración del crimen organizado, precisamente por la debilidad institucional. El Índice Global de Crimen Organizado 2023 califica en 4.8 sobre 10 nuestra capacidad de resistencia a los actores criminales, por debajo de la media regional y nos coloca como el sexto país con mayor tendencia a la criminalidad”, ha afirmado Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. “El impacto es transversal, ya que las puntuaciones de resistencia representan a las esferas políticas, jurídicas, económicas y sociales del país, que, en conjunto, tienen el potencial de ofrecer respuestas eficaces a la delincuencia. Cuanto mayor sea la puntuación de resistencia más eficaz será la respuesta a la delincuencia organizada. El diagnóstico para Panamá es muy preocupante”, añade la funcionaria del Capítulo Panameño de Transparencia Internacional.
Elecciones 2024
Durante las elecciones de este año surgieron acusaciones de dinero ilícito infiltrándose en las campañas políticas de miembros de la Asamblea Nacional. Términos como “narcopolítica” y “narcodiputados” ganaron prominencia. En marzo, Alfredo Juncá, magistrado del Tribunal Electoral (TE) —entidad encargada de organizar, supervisar y garantizar la transparencia de los procesos electorales—, expresó su preocupación por la infiltración de dinero ilícito en las campañas políticas. Mencionó que fondos de dudosa procedencia fueron utilizados para el financiamiento político. Candidatos presidenciales y analistas políticos han afirmado lo mismo durante la campaña: tanto partidos políticos como candidatos están implicados en narcopolítica.
“Es inaceptable que el clientelismo y la corrupción sigan siendo parte de nuestra realidad política. Debemos luchar por un Panamá donde la transparencia sea la norma y los funcionarios corruptos enfrenten las consecuencias de sus acciones.”, ha indicado Juan Diego Vásquez, exdiputado independiente y líder de la coalición Vamos.
Propuestas para revertir la tendencia a la narcopolítica
Para enfrentar el narcotráfico en Panamá de manera efectiva es esencial implementar una serie de reformas y estrategias que aborden tanto la corrupción como la seguridad y la participación ciudadana.
Primero, es crucial revisar y modificar las leyes electorales para asegurar procesos más transparentes y justos. Esto implica una regulación estricta del financiamiento de campañas y una fiscalización rigurosa de las donaciones privadas. Por ejemplo, se podría establecer un sistema de auditoría pública para rastrear el origen de las contribuciones y evitar que el dinero del crimen organizado infiltre la política.
La Fiscalía General Electoral debe fortalecerse para vigilar la conducta de los funcionarios y perseguir delitos electorales. Sin embargo, ha sido acusada de estar influenciada por intereses partidistas, afectando su imparcialidad. El fiscal electoral debe ser nombrado mediante un proceso transparente y basado en méritos, con participación de la sociedad civil. También se necesitan mecanismos de supervisión y rendición de cuentas, y recursos adecuados para asegurar la integridad del proceso electoral.
“¿Por qué esperamos que un narcotraficante respete nuestras leyes […] si tenemos a exconvictos y acusados de otros crímenes oficialmente representando a nuestro país en el PARLACEN [Parlamento Centroamericano]?”, pregunta Rubén Blades.
En cuanto a la prevención y seguridad, los programas de asistencia técnica y financiera de organizaciones internacionales y acuerdos de cooperación con otros países son esenciales para enfrentar el desafío del narcotráfico. El intercambio de información y recursos entre países y organizaciones puede fortalecer la lucha contra el crimen organizado y la narcopolítica. Un ejemplo de esto sería la cooperación internacional en el entrenamiento de fuerzas policiales y en el desarrollo de sistemas de inteligencia compartida.
Aunque limpiar la policía, el órgano judicial y el ministerio público es una tarea ardua y llena de obstáculos, es esencial para revertir la tendencia a la narcopolítica y restaurar la confianza en las instituciones públicas. Para lograrlo, se requiere un enfoque integral y sostenido que abarque diversas estrategias. El enfoque debe incluir programas de capacitación para los funcionarios, mecanismos de denuncia seguros y sanciones efectivas.
Finalmente, la conciencia ciudadana es crucial para seleccionar a los mejores candidatos. Los ciudadanos deben informarse y votar por quienes se comprometen con la transparencia y la lucha contra el crimen organizado. Las campañas de educación cívica y los foros comunitarios son clave para resaltar la importancia de elegir líderes íntegros y justos.
Nuevo gobierno
En ese sentido, los resultados de las elecciones del 5 de mayo, a nivel legislativo, demuestran un cambio significativo en la participación ciudadana. La nueva bancada independiente de la Asamblea Nacional, que aglutina a 20 diputados y es la más grande de este quinquenio, representa un hito histórico. Estos diputados se comprometieron a renunciar a beneficios como la franquicia postal y la importación libre de impuestos de autos, y a combatir prácticas como el nepotismo, las “botellas” (empleos ficticios), y la falta de transparencia. Por ejemplo, el diputado independiente Roberto Zúñiga presentó una propuesta para transparentar la gestión de los servidores públicos, a través de la declaración jurada de estado patrimonial. La declaración permitirá detectar conflictos de intereses, irregularidades sobre el manejo de los fondos públicos e incompatibilidades en sus funciones.
Los diputados independientes también buscarán contrarrestar al ejecutivo, liderado por el presidente José Raúl Mulino. En los comicios del 5 de mayo, Mulino reemplazó al expresidente Ricardo Martinelli como candidato debido a la inhabilitación de este último, quien fue condenado a 10 años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales. La candidatura de Mulino fue polémica; a pesar de una demanda que cuestionó la constitucionalidad de su candidatura, la Corte Suprema desestimó el argumento y permitió que Mulino se postulara.
El cantautor, abogado y político panameño Rubén Blades ha denunciado la influencia del narcotráfico en las instituciones públicas de Panamá. En sus escritos Apuntes desde la esquina, Blades señala que el narcotráfico no solo evade la justicia y la cárcel, sino que también tiene un impacto significativo en la política, apoyando económicamente a candidatos para diversos cargos gubernamentales, desde diputados hasta alcaldes y concejales. “¿Por qué esperamos que un narcotraficante respete nuestras leyes y a nuestro país, si tenemos a exconvictos y acusados de otros crímenes oficialmente representando a nuestro país en el PARLACEN [Parlamento Centroamericano]?”, pregunta Blades al denunciar a Ricardo Martinelli Linares y Luis Enrique Martinelli Linares, “ambos exconvictos, sentenciados como ladrones y lavadores de dinero, y que purgaron sentencias en una cárcel de Estados Unidos”.
A pesar de la controversia que rodeó su candidatura, Mulino ha comenzado su mandato con varias medidas enfocadas en fortalecer la transparencia. El 9 de julio, ordenó hacer públicas las actas del Consejo de Gabinete desde 2014, revocando una resolución del presidente anterior que las mantenía restringidas. Además, el 11 de julio, anunció que realizará conferencias de prensa semanales para informar sobre temas de interés nacional y responder preguntas de periodistas. Estas acciones indican un compromiso con reforzar la transparencia y el acceso a la información gubernamental, elementos cruciales para mejorar la percepción internacional de Panamá y su compromiso con la rendición de cuentas.
Si bien no está claro si estas acciones, junto con el liderazgo joven e independiente en la Asamblea, serán suficientes para erradicar la narcopolítica, representan los primeros pasos hacia una transformación necesaria en la lucha contra el crimen organizado y la corrupción.
Cristina Guevara es una periodista panameña que trabaja, además, como analista y asesora política en la Asamblea Nacional de Panamá. Escribe frecuentemente en publicaciones nacionales e internacionales sobre el estado de la democracia, la corrupción y los Derechos Humanos en América Latina.
