La grave ola de violencia desatada por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) contra disidencias de las antiguas FARC, autodenominadas como Estado Mayor de los Bloques, en el Norte de Santander, ha desencadenado una crisis humanitaria sin precedentes en la región.
Ante la magnitud de los enfrentamientos y la creciente amenaza para la población civil, el gobierno de Gustavo Petro ha declarado el estado de conmoción interior y el estado de emergencia económica para intentar frenar la escalada de violencia y restablecer el orden. Desde el pasado 17 de enero, frente a las acciones del ELN, Petro había considerado que estos eran crímenes de guerra y anunció el fin de las negociaciones de paz con este grupo.
Todavía no se han entregado detalles de la aplicación de las medidas, pero el gobierno aclaró que la violencia del ELN será respondida con acciones militares estatales para defender a la población. Inicialmente, la Constitución prevé los estados de conmoción interior por una duración de tres meses que pueden prorrogarse hasta seis meses y en ellos el presidente puede emitir decretos con carácter de ley o suspender leyes temporalmente, todo destinado a atender la situación que lo provoque.
Los sectores políticos de oposición han criticado la medida que daría poderes extraordinarios al ejecutivo, pero el gobierno se mantiene firme con la decisión justificando las dimensiones tan alarmantes de esta situación humanitaria. Cuando se conozca el decreto con claridad, se conocerán también las reacciones del poder judicial que en otras oportunidades ha tumbado este tipo de declaratorias. Por su parte, la gobernación de Norte de Santander también declaró medidas especiales de urgencia manifiesta y la emergencia humanitaria para atender la crisis.
La violencia sin precedentes, en una zona que por décadas ha sufrido los crueles efectos del conflicto armado, está centrada en este momento en los municipios de Teorama, Tibú, El Tarra, Convención, Acarí, Ábrego y San Calixto. En el Catatumbo, zona de frontera de gran valor para las economías ilegales y segundo enclave cocalero más importante del país, vive las cruentas disputas territoriales desde hace mucho tiempo, pero la intensidad del conflicto en los últimos días prendió todas las alarmas.
Según la Defensoría del Pueblo, el número confirmado de asesinatos en la región asciende a 80, pero se considera que la cifra es mucho mayor, ya que las dificultades para acceder al territorio han retrasado el rescate de los cuerpos. Las morgues de la región están colapsadas debido al alto número de víctimas, mientras las actividades de salud están suspendidas por la presión sobre los centros médicos y la falta de recursos para operar en medio de la emergencia.
Hasta la noche del lunes 20 de enero, se reportaban más de 20.000 personas desplazadas en cinco días, quienes se han trasladado principalmente hacia los municipios de Ocaña y Cúcuta, aunque la cifra podría aumentar en las próximas horas. Otro grupo de colombianos han cruzado la frontera con Venezuela para buscar refugio allí. La situación de confinamiento en las zonas rurales también ha empeorado, y aunque no se dispone de cifras exactas, el número de personas atrapadas en áreas de alto riesgo sigue siendo alarmante.
La ola de violencia en el Catatumbo ha afectado gravemente a sectores vulnerables de la población. Entre las víctimas se encuentran líderes sociales, firmantes del acuerdo de paz, niñas y niños, grupos indígenas y adultos mayores, lo que ha provocado un llamado urgente por parte de la sociedad civil para que se respete el Derecho Internacional Humanitario (DIH) y se garanticen los derechos fundamentales.
La sociedad civil pide paz y que pare la estigmatización
La población del Catatumbo ha pedido que los grupos armados levanten las restricciones de movilidad impuestas y que permitan corredores humanitarios para dejar salir a las personas en riesgo, así como para dar acceso a alimentos, atención en salud y para extraer los cuerpos de quienes han sido asesinados para evitar que se conviertan en desaparecidos.
La sociedad civil catatumbeña pide paz y que termine la estigmatización por parte de todos los grupos armados, legales e ilegales, pues se enfrentan no solo a la violencia directa, sino también a amenazas y secuestros, en particular aquellos señalados como supuestos colaboradores de los grupos armados.
En respuesta a la emergencia, se han realizado evacuaciones aéreas a través de helicópteros de las fuerzas armadas colombianas. Sin embargo, la situación sigue siendo crítica, especialmente en áreas donde no hay transporte intermunicipal ni electricidad debido al control de los grupos armados. Lo más preocupante es que las acciones del ELN contra la población civil continúan.
Lo que solicitan las organizaciones humanitarias y la sociedad civil en esta zona del país es que el Gobierno amplíe la respuesta institucional coordinada en todos los niveles, fortalezca la capacidad de Medicina Legal, y brinde protección a los alcaldes, personeras y personeros de los municipios afectados.
Por ahora, en zonas epicentro del conflicto como el corregimiento de La Gabarra en Tibú, las calles se han llenado de banderas blancas pidiendo que pare la guerra.
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