En los últimos diez años, 493 personas fueron criminalizadas por el delito de aborto consentido en Ecuador. 61% de ellas eran mujeres, indicó la Fiscalía General del Estado. Además, aproximadamente cada hora siete mujeres de este país se ven forzadas a recurrir a abortos en condiciones desconocidas que pueden involucrar prácticas inseguras.
Tras estos datos se esconde una dura realidad para las niñas, mujeres y personas trans y no binarias con posibilidad de abortar en Ecuador: tomar la decisión de interrumpir un embarazo en este país puede significar la enfermedad, la cárcel o incluso la muerte. El Movimiento Nacional Justa Libertad busca cambiar esta situación con la demanda presentada este 19 de marzo ante la Corte Constitucional. Quieren que se elimine el aborto como delito, tal y como existe hoy en el artículo 149 del Código Orgánico Integral Penal.
Ana Vera, integrante de Surkuna, una de las organizaciones de este Movimiento, explica que la existencia del delito no evita abortos, solo pone en riesgo la vida, salud y libertad de las mujeres cuando deciden interrumpir un embarazo: “La Organización Mundial de la Salud ha dicho que los marcos normativos restrictivos solo influyen en las condiciones en que se accede a este procedimiento de salud”.
En la actualidad en Ecuador, el aborto es permitido en caso de que el embarazo ponga en riesgo la vida o la salud de la mujer o si el embarazo es consecuencia de violencia sexual. Sin embargo, las barreras para acceder al procedimiento de forma segura y digna son muchas. Al mismo tiempo, estos obstáculos afectan de forma desproporcionada a las niñas, mujeres, hombres trans y personas no binarias con posibilidad de gestar que viven en situaciones de mayor marginalidad. Quienes deciden interrumpir un embarazo enfrentan penas de prisión que oscilan entre los seis meses y un año.
Con la demanda, el Movimiento Justa Libertad quiere resaltar las recomendaciones de organizaciones expertas en el tema, así como de organismos de protección de Derechos Humanos que abogan por la despenalización del aborto en el marco de las obligaciones internacionales más allá de las causales que ya existen, pues la penalización, así sea parcial, se reconoce como un tipo de violencia de género. De hecho, es el temor a la penalización lo que lleva a abortos en muchos casos inseguros, pues aleja a las mujeres de la posibilidad de acudir al sistema de salud.
“Eliminar el delito no obliga a nadie a abortar, solo hace que quienes decidan hacerlo, lo hagan en condiciones seguras y dignas”, insiste Vera. Para ella el énfasis en la justicia social es fundamental a la hora de hablar del delito de aborto, pues la penalización afecta de forma desproporcionada a las más jóvenes, indígenas, afrodescendientes, empobrecidas, con bajos niveles educativos y/o que viven en lugares lejanos a las ciudades principales.
La demanda por vía constitucional es un llamado de urgencia
En este contexto, el Movimiento Nacional Justa Libertad presentó la demanda ante la Corte haciendo el llamado a reconocer el avance que la sociedad ecuatoriana ha tenido en materia de derechos de las mujeres. Ponen además en discusión que la libertad reproductiva de esta población se encuentre regulada por una ley penal con una antigüedad cercana a los dos siglos.
Al elegir la vía constitucional para demandar el delito resaltan que su existencia es una grave vulneración de los derechos humanos de las personas y por tanto es incompatible con un Estado constitucional de derechos que se dice pluralista. Por otra parte, la Corte Constitucional es vista como un órgano idóneo del Estado para tratar este asunto al tener el mandato de garantizar los derechos y resguardar la integridad de las mujeres, niñas y personas gestantes. Asimismo, su naturaleza ágil puede responder a la urgencia que el Movimiento ve en la necesidad de proteger unos principios mínimos de la dignidad humana de esta población lo antes posible.
Las ocho organizaciones que componen el Movimiento tienen un trabajo de larga data por los derechos humanos, la garantía de los derechos reproductivos y la autonomía de las mujeres sobre su proyecto de vida. Estas son: Surkuna, Las Comadres, Alianza de DDHH, Amazon Frontlines, Bolena, CEPAM Guayaquil, Fundación Lunita Lunera y Sendas.
Este movimiento nacional no se limita a estas organizaciones, pues ya suma apoyos de médicas, artistas, líderes de opinión, abogadas, estudiantes, entre muchas otras, no solo en Ecuador, sino en el resto de América Latina y el Caribe. Por eso hacen una invitación a que más personas se sumen a esta iniciativa. “Es muy importante que todas las mujeres se unan a esta causa por la justicia social para que podamos vivir en dignidad en este país. Nos juntamos como una apuesta para mostrar que es una demanda nacional que hacemos desde distintos territorios y para mostrarle a la sociedad que la transformación es más fácil si la hacemos juntas”, dice Ana Vera. Y finaliza con un mensaje que encapsula la gran preocupación de este movimiento: “Queremos que esto no sea privilegio de pocas. Que interrumpir un embarazo no signifique la muerte, la enfermedad o la cárcel. Lo hacemos por un tema de justicia social”.
