En un capítulo judicial sin precedentes en Colombia, el expresidente Álvaro Uribe Vélez enfrentó este jueves el inicio formal de su juicio por los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno en actuación penal, en un caso que ha sacudido la escena política nacional durante más de una década. Desde su residencia y de manera virtual, Uribe —líder del Centro Democrático— se declaró inocente ante la jueza Sandra Liliana Heredia, afirmando con contundencia: “No hay riesgo de que me vaya a declarar culpable”.
El proceso, que podría extenderse hasta octubre de 2025 antes de prescribir, se centra en las acusaciones de que Uribe y su entonces abogado, Diego Cadena, habrían intentado manipular testimonios para desacreditar al senador Iván Cepeda, quien en 2014 lo vinculó públicamente con grupos paramilitares. La Fiscalía sostiene que Uribe coordinó una “carrera” para presionar a exparamilitares encarcelados, como Juan Guillermo Monsalve (condenado a 40 años), a retractarse de sus declaraciones iniciales.
La defensa de Uribe, encabezada por el abogado Jaime Granados, intentó sin éxito posponer el juicio hasta el 17 de febrero, argumentando falta de tiempo para analizar pruebas clave: interceptaciones telefónicas entre Uribe y Cadena obtenidas en 2018 durante una investigación sobre el Cartel de la Toga. Aunque la defensa las tacha de “ilegales” por violar el secreto abogado-cliente, el Tribunal de Bogotá las validó como pruebas “estériles pero legales”.
El origen del caso se remonta a 2012, cuando Uribe denunció a Cepeda por supuestamente comprar testimonios falsos. Sin embargo, en 2018, la Corte Suprema archivó la investigación contra Cepeda y abrió una contra Uribe, alegando un patrón de manipulación de testigos. Testigos como Monsalve y su expareja, Deyanira Gómez, han sido centrales: mientras Uribe insiste en que Cadena solo les pidió “decir la verdad”, la Fiscalía alega que hubo ofrecimientos de beneficios a cambio de retractaciones.
En redes sociales, Uribe ha denunciado irregularidades, como la pérdida de datos en el teléfono de Cepeda y la exclusión de pruebas que, según él, lo exculpan. “Si mi intención era sobornar, ¿por qué esperé siete años para actuar?”, cuestionó en una publicación reciente.
El proceso no solo es judicial, sino profundamente político. Uribe ha acusado a magistrados como César Reyes y a la fiscal general Luz Adriana Camargo de parcialidad, vinculándolos con gobiernos anteriores y con el actual de Gustavo Petro. “Hay animadversión en contra mía […] Quieren igualarme con delincuentes”, declaró.
Mientras tanto, Cepeda —reconocido como víctima en el juicio— calificó este día como “histórico y transcendental”, confiando en que “triunfará la verdad”.
El lunes 10 de febrero, Uribe asistirá presencialmente al complejo judicial de Paloquemao para presentar su teoría de defensa, un gesto que busca reforzar su imagen de transparencia. La Fiscalía, por su parte, cuenta con más de 40 testigos, incluyendo al exjefe paramilitar Salvatore Mancuso, y espera demostrar que Uribe orquestó una red para distorsionar la justicia.
Con una posible condena de hasta 12 años de prisión, este juicio no solo definirá el legado de uno de los políticos más influyentes de Colombia, sino que pondrá a prueba la independencia de su sistema judicial en medio de polarizaciones históricas.
