México terminó el 2023 desangrándose. Las cifras de violencia ubicaron al país como uno de los más inseguros del continente, con una tasa de 23,3 homicidios por cada 100.000 habitantes, según la consultora Insight Crime. La política no ha sido ajena a esta realidad.
En medio del avance en el dominio territorial por parte de grupos de crimen organizado, este dos de junio México elegirá más de 20.000 cargos públicos entre la elección de Gubernaturas, Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, Congresos locales, Ayuntamientos, Juntas municipales y Alcaldías. A estos se suman la elección de 628 cargos en el Senado y la Cámara Baja, así como la futura o futuro presidente.
Ante una jornada electoral tan importante, las alarmas se han encendido por el aumento de la violencia política y el control territorial a cargo de grupos criminales que ponen en serias dudas sobre las garantías democráticas para estas elecciones. Los asesinatos de candidatas y candidatos, así como el desistimiento de muchas candidaturas por amenazas, han impactado especialmente en el nivel municipal.
Para nadie es una sorpresa la difícil situación que se vive en términos de violencia y seguridad desde hace varios años en el territorio nacional. La guerra contra las drogas, instalada por el presidente Felipe Calderón en 2006, se enfocó en medidas que terminaron por crear una respuesta aún más violenta y fortalecida por parte de los grupos asociados al narcotráfico y otros delitos transnacionales. Desde entonces, el poderío del crimen organizado no ha dejado de crecer.
No solo se puede contar que ahora existe una mayor expansión tanto en presencia física como en influencia de los carteles, sino que su intervención en política es cada vez más notoria. Un estudio de reciente de Data Cívica, México Evalúa y Animal político, titulado Votar entre balas, muestra un panorama alarmante sobre lo que han denominado “violencia político-criminal”. De acuerdo con sus datos, en los últimos años casi que se ha triplicado este tipo de violencia contra actores políticos de alto perfil, pues en el periodo de 2018-2023 se contaron 836 ataques directos, frente a 311 en el periodo 2006-2012.
Los impactos de la violencia política varían regionalmente
Aunque la violencia político-criminal no se vive de la misma forma en todos los estados, en todos han ocurridos estos eventos. Sin embargo, son notorios los cambios geográficos de la influencia del crimen organizado para incidir en la política mexicana. Mientras hace unos años, en el periodo de elecciones de 2018 la presencia de estos grupos era mayor en el norte del país, en la actualidad su dispersión los ubica en el centro y sur.
Los estados más afectados, según el informe, son: Guerrero, Guanajuato, Veracruz, Oaxaca, Morelos, Chiapas, Michoacán, Jalisco y Puebla. Estos corresponden a eventos recopilados entre 2018 y 2024 y, realmente, incluyen a gran parte de los estados pero varían según el año revisado. En 2024, los tres estados con mayor número de ataques han sido Chiapas, Guerrero y Guanajuato.
2023 fue el año en el que más se registraron víctimas, con 573 personas e instalaciones atacadas, seguido por 2022 con 486. Aún así, en el año que corre, 2024, se han registrado más de 30 personas precandidatas y candidatas asesinadas. La mayoría de las víctimas ocupaban o competían por puestos a nivel municipal, lo que muestra el gran nivel de desprotección en estas instancias más locales.
Los hechos violentos afectan a todos los partidos políticos, tanto a personas candidatas, como funcionarias(os), integrantes de partido y familiares, entre otros actores. Sin embargo, en los últimos meses el número más alto se ha concentrado en candidatas y candidatos del partido Morena, el mismo del actual presidente.
Pero no solo son los asesinatos los que afectan este proceso electoral. La intimidación, sea pública o no, generó cambios radicales en la conformación de las candidaturas. De hecho, en abril de este año, 200 personas candidatas a cargos locales en Zacatecas se retiraron del proceso, lo que provocó que el Instituto Nacional Electoral (INE) iniciara una investigación por violencia política.
Se presume que las presiones del crimen organizado a través de estos hechos violentos son estrategias para mover fichas a su acomodo, eliminar a candidatos que no son de su conveniencia o simplemente ubicar a personas que sean afines a sus intereses. Aquí juega un papel importante la posibilidad de acceder al manejo de recursos públicos locales y/o no ser perseguidos en sus actividades criminales.
Sin garantías para la democracia
Además de la evidente afectación por los asesinatos y amenazas sobre quienes aspiran a participar en las elecciones, la violencia político-criminal también envía un mensaje a las personas que votan. Data Cívica encontró que los niveles de participación bajan en estados con mayores índices de violencia.
Para Esteban Salmón, antropólogo e investigador sobre violencia y democracia en la Universidad de Stanford, las diferencias regionales no solo permiten ver los distintos impactos de esta violencia, sino los efectos en el desarrollo de las elecciones. En Chiapas y Guanajuato, donde ha habido muchos ataques, especialmente en lo municipal, o en Zacatecas donde renunciaron más de 200 personas candidatas por la sensación de inseguridad y amenazas, es evidente la falta de garantías democráticas. En otros lugares la violencia política durante las campañas no ha sido tan común y eso influye en la participación de la ciudadanía. “Donde la gente percibe más inseguridad, es más probable que cambien su comportamiento electoral. La percepción de inseguridad vuelve más creíbles las amenazas del crimen organizado y puede hacer que la gente no salga a votar o vote por otro candidato debido a estas amenazas”, dice.
Cada asesinato político deja un mensaje que afecta profundamente la posibilidad de elegir libremente. Es por esto que Esteban Salmón cree si no se puede garantizar la seguridad de candidatos, votantes y funcionarios, es muy difícil hablar de democracia. Entre la corrupción y la intimidación, los grupos criminales tienen un claro poder para decidir, sobre todo en el nivel municipal, quiénes pueden hacer campaña y bajo qué consignas. Al final quienes ganan, quedan fácilmente atrapados en ese vínculo.
Lo que resta por ahora es conocer cómo quedará conformado el nuevo grupo de cargos electos el próximo dos de junio. Y que quienes puedan tomar acción, lo hagan para corregir una situación tan problemática que debió ser atendida hace mucho tiempo.
