Quito y varias ciudades de la sierra y la Amazonía ecuatoriana se declararon en paro desde el pasado 13 de junio. La convocatoria nació de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), pero los estudiantes, el personal de salud, los feminismos y las disidencias del género, entre otros sectores, también se sumaron.
El paro ocurre por un descontento en distintos sectores que se resumen en diez demandas principales. Mientras tanto, el gobierno del presidente Guillermo Lasso es fuertemente criticado por su respuesta ante las protestas, el exceso de las fuerzas policiales para reprimir la protesta y el manejo de la crisis.
Las demandas iniciales que llevaron al paro son:
1. Congelar los precios de los combustibles, tanto el Diésel (a 1.50 dólares) como la gasolina (a 2.10 dólares). El precio actual del galón de Extra está en 2,55 dólares y el del Diésel en 1,90 dólares.
2. Alivio económico frente a las deudas en la banca pública, privada y cooperativa para más de 4 millones de familias por un plazo de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero. Además, piden que no se embarguen bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
3. Precios justos en los productos del campo como leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, tomate.
4. Mejoras en los derechos laborales y fomento del empleo basado en políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular. Además, exigen el pago de las deudas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social.
5. No a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera. Piden una auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles, además de derogar los Decretos 95 y 151 expedidos por Guillermo Lasso frente a la política de hidrocarburos.
6. Respeto a los 21 derechos colectivos como educación intercultural bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
7. Alto a la privatización de entidades como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
8. Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad. Además, denuncian un abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
9. Inyección presupuestal urgente para salud y educación. Se habla de desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal, mientras que la Conaie pide que se garantice el acceso de la juventud a la educación superior y que se mejore la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
10. Se suman demandas en materia de seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que preocupan a la población en tiempos recientes.
¿Se puede adjudicar la crisis enteramente al Gobierno de Lasso?
La falta de voluntad política del gobierno de Lasso para escuchar a los actores sociales ha sido criticada desde diferentes esquinas. Desde hace más de un año tuvieron lugar mesas de negociación entre la CONAIE y otras organizaciones sociales, sin mayores resultados.
A su vez, las condiciones socioeconómicas que vive Ecuador no se pueden achacar exclusivamente a Lasso, pues es claro que el mundo atraviesa una crisis económica que afecta los mercados nacionales también. Debe considerarse, en todo caso, el manejo que el presidente ha dado a la crisis, pues al ser un gobierno de derecha donde ha primado el fortalecimiento al sector empresarial con el argumento de la protección del empleo, contrasta con tasas de desempleo altas que han afectado a las personas que tienen menos recursos.
De acuerdo con el sociólogo Inkarri Kowii, la responsabilidad de la situación que demanda la CONAIE tiene más aristas que deben ser examinadas. Si bien este sector responsabiliza al gobierno, la actuación de parte del segundo bloque legislativo proveniente de los grupos sociales e indígenas en términos de leyes que atiendan estos problemas no ha sido efectivo. “Miembros de la Conaie y el movimiento indígena han ocupado puestos directivos de varias instituciones y ministerios. ¿Cómo evaluamos esas gestiones y el funcionamiento de dichas instituciones? ¿Alguna gestión exitosa y que sirva de modelo?”, se pregunta Kowii.
La actitud de Lasso frente a los manifestantes no ha ayudado a alivianar la tensión. En la madrugada del 14 de junio, un día después del inicio el paro, Leonidas Iza, presidente de la Conaie, fue detenido por la Policía. Las autoridades argumentaron la detención por “presunción de comisión de delitos” en el paro. La detención fue tomada como una afrenta contra la movilización social, aunque el líder fue liberado dos días más tarde.
El presidente Lasso declaró al sector de la salud en emergencia y además propuso abrir el diálogo este 23 de junio, gestos que han sido tomados como una buena voluntad para superar esta situación.
Sin embargo, la presencia militar y oficial ha sido mucho más numerosa que la de los manifestantes, algo que deja un sinsabor para la población civil, como lo manifiesta la fotoperiodista Vanessa Terán, quien cubre el paro para el medio GK. Para ella también es notorio que el descontento popular es diverso y amplio, por tanto, la figura de Iza no es absoluta y tampoco representa a todos los sectores en paro.
En términos de diálogo entre las partes, Terán reconoce que Iza tiene un papel importante y que Lasso debería atender a las demandas legítimas de los sectores afectados y descontentos con su gestión y con la desigualdad estructural, “pero la resistencia y el descontento no puede ser monopolizado por un solo actor”.
Al ser esta la primera gran movilización que enfrenta Lasso, y teniendo una alta represión policial que sigue escalando, así como la reacción de los manifestantes, hacen que las protestas se tornen cada vez más difíciles. Por el momento se registran por lo menos dos personas muertas en hechos poco claros, pero posiblemente relacionados con exceso de fuerza de la Policía, como ocurrió en la región de Puyo y en Guayllabamba.
El Estado de Excepción donde se limita la protesta preocupa por la garantía de los derechos humanos. Por otra parte, incidentes que afectan la infraestructura vital del Estado y a la seguridad nacional, como los campos petroleros tomados o la toma de una central de energía por parte de los manifestantes también se consideran problemáticos y no se pueden legitimar como parte de la protesta social, según opina Inkarri Kowii.
Aunque las propuestas de negociación avanzan por parte y parte, por el momento no es clara una salida al conflicto que vive Ecuador.