Por: Asawin Suebsaeng y Adam Rawnsley
Los abogados de Donald Trump están preparando una defensa legal de forma preventiva contra los cargos del Departamento de Justicia, ya que cada vez están más angustiados de que su cliente sea procesado por su papel en el intento de interferir con las elecciones de 2020 en EE.UU.
De acuerdo con tres personas con conocimiento en el asunto y las declaraciones escritas analizadas por ROLLING STONE, los miembros del equipo legal del expresidente ya han comenzado a idear una estrategia y posibles defensas. Dos de las fuentes dicen que, en estos últimos meses, el propio Trump ha sido informado sobre posibles protecciones legales en al menos dos ocasiones.
Tales esfuerzos se intensificaron después de que el ex asesor de la Casa Blanca de Trump, Cassidy Hutchinson, declarara en junio ante un comité de la Cámara de Representantes que investiga los sucesos del seis de enero de 2021.
“Los miembros del equipo legal de Trump se están preparando en silencio, en caso de que se presenten cargos”, dice una persona al tanto de la situación. “Sería una mala praxis no hacerlo. ¿Los abogados del [ex] presidente creen todo lo que dijo Cassidy? No. ¿Creen que el Departamento de Justicia haría bien en acusarle? No. Pero hemos llegado a un punto en el que si no crees que los cargos son al menos algo probable, no estás sirviendo a sus intereses”.
Las fuentes hablaron de manera anónima sobre las discusiones internas, mientras que los representantes oficiales de Trump no respondieron a las solicitudes de réplica para esta historia.
De acuerdo con las tres fuentes, en sus preparativos, su equipo ha discutido estrategias que implican que la culpa pase de Trump a sus asesores respecto a los esfuerzos para anular la elección, lo que refleja las ansias por encontrar un chivo o chivos expiatorios. “Trump recibió algunos consejos terribles de abogados que, algunos considerarían, deberían hacer un mejor trabajo”, comenta una de las fuentes que tiene conocimiento sobre las discusiones que ha habido en el mundo de Trump. “Una defensa basada en el ‘consejo del abogado’ sería gran cosa”.
Otras posibles estrategias son las defensas basadas en la Primera Enmienda y el derecho de petición al gobierno por un agravio político. Estos argumentos se consideran internamente como posibles defensas contra las acusaciones relacionadas con el plan del “falso elector”.
La semana pasada, The Washington Post informó que los fiscales han interrogado a ayudantes del exvicepresidente Mike Pence sobre el papel del exmandatario en el intento de presentar listas de falsos electores. Después de perder las elecciones en noviembre, su campaña y sus partidarios reclutaron personas para que declararan a Trump como el ganador de los votos del colegio electoral de sus estados. El objetivo era legitimar las teorías conspirativas sobre el fraude electoral, así como presionar a los funcionarios de los estados en disputa para que lo anunciaran como ganador. Los esfuerzos fueron un fracaso, pero desde entonces han atraído la atención de los fiscales, no sólo del Departamento de Justicia, sino también de los estados pendulares en los que los republicanos reunieron listas falsas de electores.
Si el Departamento de Justicia llega a presentar cargos, el actual equipo de Trump ha reconocido que tendrían que traer más potencia legal. “Necesitarías tener un verdadero peso pesado en la cabeza [del equipo legal] para algo así, pero ahora mismo nadie sabe quién sería”, sostiene uno de sus asesores.
Algunos de sus asesores jurídicos y políticos de más alto rango dudan que el fiscal general Merrick Garland esté dispuesto a seguir adelante: elegido por Biden, ha sido considerado durante mucho tiempo como un institucionalista empedernido, precavido ante los imprevistos o precedentes que podrían derivarse de acusar penalmente a un expresidente.
“Sí creo que es posible emprender acciones penales. Que sean recomendables es una consideración más complicada para el país”, le dijo Ty Cobb, un ex abogado del gobierno de Trump, a ROLLING STONE en junio. “Ciertamente es posible para Trump y [Mark] Meadows. Y para los demás, incluidos los abogados, que se involucraron fraudulentamente en procedimientos o investigaciones”.
Esta sería la primera vez en la historia de Estados Unidos en que un expresidente es procesado por delitos cometidos durante su mandato. Un memorando del Departamento de Justicia de la época de Nixon, reiterado durante la presidencia de Clinton, establecía que los presidentes no debían ser acusados mientras estuvieran en el cargo. Pero no está claro cómo podría llevarse a cabo su procesamiento desde el punto de vista legal, dada la falta de precedentes, e invitaría a presentar recursos de inconstitucionalidad que acabarían en la Corte Suprema.
Trump también parece ser muy consciente de las repercusiones que podría tener una acusación de esta magnitud, y les está diciendo a sus partidarios que podría ser ventajoso a nivel político. A principios de este año, le dijo a sus seguidores en un mitin en Texas que si los fiscales van tras él, “Vamos a tener la mayor protesta que hayamos tenido nunca en este país… en Washington, D.C., en Nueva York, en Atlanta y en otros lugares”. Otra persona familiarizada con el asunto dice que esta frase la ha repetido a sus confidentes y amigos de toda la vida, incluso en reuniones informales este verano. “Dice que haría que el tamaño de la multitud [del 6 de enero] pareciera pequeña”, señala la fuente.
