El reconocimiento del derecho a una vida libre de violencias para las niñas y mujeres es el resultado de décadas de lucha de los movimientos feministas en el mundo. Aunque desde 1979 se creó la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de las Naciones Unidas, que da origen a este derecho, la adopción de este compromiso en cada país de la región tomó muchos años.
Cada 25 de noviembre se conmemora el Día internacional por la eliminación de las violencias contra las mujeres como un esfuerzo de memoria colectiva por el asesinato de las hermanas Mirabal. Minerva, Patria y Maria Teresa Mirabal fueron tres mujeres dominicanas que resistieron a la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo, en la República Dominicana, y por ello fueron asesinadas un 25 de noviembre de 1960. Desde 1981, el movimiento feminista de la región adoptó esta fecha como símbolo de la violencia contra las mujeres.
El derecho a una vida libre de violencias contra las mujeres no se limita a nombrar, reconocer o prevenir las formas que toma este tipo de violencia basada en el género, sino que amplía su alcance a que ninguna acción u omisión cause daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, o la muerte, a las mujeres por el hecho de ser mujeres.
La violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada en todo el mundo. Afecta a alrededor de 1 de cada 3 mujeres.
Las violencias contra niñas y mujeres pueden ocurrir tanto en el contexto público como privado. Sin embargo, muchas de estas violencias son causadas por algún familiar cercano: parejas, novios, padres, hermanos. De acuerdo con ONU Mujeres, la violencia contra las mujeres es una de las violaciones a los derechos humanos más generalizada en todo el mundo, pues afecta a alrededor de 1 de cada 3 mujeres.
Toda la región de América Latina y el Caribe tiene cifras alarmantes que año tras año se divulgan alrededor de esta fecha. En Argentina, por ejemplo, hasta el 15 de noviembre, se registraron 282 feminicidios, lo que indicaría que cada 27 horas hubo un asesinato de una mujer por razones asociadas a su género. Las cifras recogidas por el Observatorio de Femicidios de la Defensoría del Pueblo de la Nación, presentan un tipo de registro novedoso, pues incluyen casos de “suicidios feminicidas”, que fueron siete en el año y que corresponden a suicidios que “se producen cuando se comprueba que las mujeres se quitan la vida como consecuencia de los abusos sistemáticos y la violencia de género que sufrieron”.
En México, el primer semestre de 2023 dejó un saldo terrorífico de 438 casos, según datos del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública. Estado de México, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México y Veracruz, fueron las zonas más violentas para las mujeres en este país.
Perú alerta el aumento de este tipo de violencia. En este país, la Defensoría del Pueblo lleva el seguimiento a 128 casos de feminicidio ocurridos entre enero y octubre de este año, lo que mostraría un promedio de 13 hechos cada mes.
Para el caso colombiano, en el primer semestre del 2023, la Fiscalía General de la Nación tiene el registro de 301 mujeres víctimas del delito de feminicidio, mientras que el Observatorio Colombiano de Feminicidios, de la Red feminista antimilitarista, tiene un conteo de 410 casos hasta septiembre de este año.
ONU Mujeres ha insistido en una estrategia que sea más efectiva en la prevención de estas violencias, en la que el Estado y la sociedad en su conjunto actúen contra esta forma letal de desigualdad de género. El Fondo Monetario Internacional ha calculado que el costo de atender la violencia contra las mujeres en el mundo es de 1.5 billones de dólares, pero únicamente se destina el 0,2 % de la cooperación internacional y el 1% los presupuestos estatales a la prevención.
Aunque la defensa de los derechos de las niñas y mujeres es un asunto de justicia social y de derechos humanos, estos cálculos hablan de otras dimensiones donde prevenir es lo más estratégico e inteligente para erradicar estas violencias, pues redunda en un gran ahorro de fondos públicos y privados. Es pues, un compromiso que los Estados deben asumir más allá de la adhesión o ratificación de pactos internacionales, que en muchos casos se quedan en el papel. Tener presupuestos que garanticen los derechos de las mujeres y las niñas debe ser es una prioridad inaplazable que no solo debe ser noticia en estas fechas de conmemoración.
