1. Los decretos para atender la crisis en el Catatumbo
El presidente Gustavo Petro dio a conocer los decretos con fuerza de ley durante los 90 días de conmoción interior para atender la crisis en el Catatumbo. Estos decretos incluyen acciones militares y medidas dirigidas al sector agrícola, con el objetivo de ofrecer alivios financieros a los campesinos desplazados por la violencia. También se contemplan disposiciones para la protección de tierras, zonas agrícolas, alimentos, agua, saneamiento básico, vivienda, transporte, trabajo y medio ambiente. Algunos de estos decretos han generado controversia, especialmente el que establece la posibilidad de usar la “expropiación administrativa” en los 19 municipios priorizados de la región, un mecanismo previsto en la ley colombiana desde hace décadas pero que siempre despierta tensiones. La ministra de Agricultura explicó que esta medida busca agilizar la adquisición de tierras para estabilizar las comunidades afectadas. Además, se nombrará un comandante militar para liderar las tareas de seguridad y combate a la violencia en el Catatumbo, quien estará al mando de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, bajo la supervisión diaria del ministro de Defensa. Petro también encabezará un consejo de seguridad en El Tarra este fin de semana.
2. Las deportaciones de colombianos desde Estados Unidos
Tras las tensiones diplomáticas generadas por las deportaciones de ciudadanos colombianos desde Estados Unidos bajo la nueva administración de Trump, y el rechazo del presidente Petro a recibir estos vuelos militares, cientos de migrantes colombianos deportados regresaron al país a bordo de aviones de la Fuerza Aérea Colombiana a lo largo de la semana. Muchos de estos migrantes denunciaron malos tratos y el continuo estigma de ser calificados como “delincuentes” por funcionarios estadounidenses, a pesar de que eran solicitantes de asilo, muchos eran menores de edad y ninguno tenía pendientes con la justicia en Colombia ni en Estados Unidos.
En respuesta, el presidente Petro anunció que el Departamento de Prosperidad Social (DPS) ofrecerá créditos productivos a los migrantes retornados que se inscriban en programas para apoyar su reintegración. Además, el 30 de enero se reabrió la sección de visas, que había sido suspendida debido a los problemas diplomáticos entre ambos países.
3. Recortes en la cooperación internacional de Estados Unidos
Dentro de los anuncios de inicio de la administración Trump, se encuentra un plan de recortes en la financiación de programas de cooperación internacional, tanto en Colombia como en América Latina. Cientos de proyectos financiados por la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), se encuentran suspendidos. Estos recortes se enfocan principalmente en programas sociales, de construcción de paz, diversidad, migración y derechos sexuales y reproductivos. Un ejemplo notable es la reducción de fondos para programas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), lo que el presidente Petro calificó como parte de una política general de congelamiento de ayudas internacionales por parte de Estados Unidos, así que anunció que su gobierno asumirá la financiación de la JEP. En el ámbito de la seguridad, también se suspendieron las operaciones de los helicópteros Black Hawk que apoyan a la Policía Antinarcóticos en Colombia, quedando en pausa mientras se revisan las colaboraciones bilaterales en este ámbito. Incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también ha sido afectada por esta decisión, que al recibir estos recortes presupuestales se tuvo que cancelar un gran número de contratos de profesionales, lo cual afecta especialmente a los programas que trabajan con pueblos indígenas y afrodescendientes.
4. Víctimas de La escombrera fueron identificadas
Medicina Legal identificó a dos personas cuyos cuerpos fueron recuperados en La Escombrera por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD). Se trata de una mujer de 20 años y un hombre de 28, ambos víctimas de desaparición forzada en 2002 en la Comuna 13 y el corregimiento de San Cristóbal. Los detalles de las víctimas fueron revelados por la JEP, dando algunos datos sobre el modus operandi en que fueron secuestrados por estructuras paramilitares, asesinados y enterrados en La Escombrera. Maria Victoria Fallón, abogada de las familias de las víctimas, criticó el manejo de medios de la JEP al revelar detalles de la identidad de estas dos personas, pues las familias habían dicho expresamente que no querían que fuera pública información concreta que permitiera identificar con facilidad de quiénes se trataba.
5. La condena desproporcionada a Epa Colombia
Daneidy Barrera Rojas, conocida en redes sociales como Epa Colombia, recibió la confirmación de la Corte Suprema de Justicia sobre su condena, que se deriva de su participación en las protestas de 2019 en Bogotá. Tras varios procesos de apelación, la sentencia definitiva impuso una pena de 5 años y 3 meses de prisión en la cárcel El Buen Pastor. La medida ha sido considerada desproporcionada por expertas en derecho penal y defensores de los derechos humanos. La influencer y empresaria, dedicada al sector de cuidado capilar, ha expresado a lo largo de estos años su disposición a reparar los daños sobre el mobiliario público y ha defendido su derecho a una segunda oportunidad, subrayando que su negocio ha generado empleo para muchas personas. Una de las críticas más relevantes a esta decisión de la Corte provino de la magistrada Myriam Ávila Roldán, quien hizo un salvamento de voto, argumentando que no se puede equiparar el vandalismo con la “instigación al terrorismo” que se le imputa a la acusada.
