A tan solo un par de meses para que finalice el mandato de Iván Duque, la violencia sistémica en Colombia hacia líderes y lideresas sociales, indígenas, habitantes de zonas rurales y firmantes del Acuerdo de Paz no cesa. Una problemática difícil de ignorar al ocurrir frente a nuestros ojos, pero ante la cual el Gobierno nacional se las ha arreglado para hacer oídos sordos.
La emergencia ha sido descaradamente desatendida pese a las múltiples alertas que han emitido diferentes organizaciones defensoras de derechos humanos y las mismas personas cuyas vidas están en riesgo. De acuerdo con cifras del Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), a corte del 18 de abril de 2022 han sido asesinados 57 líderes y defensores de DD.HH, y 15 firmantes en diferentes municipios como Arauca, Putumayo, Cauca y Nariño. En total, desde la firma del Acuerdo en 2016 hasta el 18 de abril de este año, se han presentado 1343 asesinatos de líderes sociales, de los cuales 945 han sido cometidos durante el actual periodo presidencial.
El panorama es desolador, y mientras el Gobierno busca justificar la operación del Ejército que el 28 de marzo dejó 11 personas muertas en Putumayo, incluyendo un adolescente de 16 años y una mujer en estado de embarazo, las masacres continúan aumentando de forma alarmante.
A finales de marzo, Indepaz presentó un informe en el que se demuestra que este tipo de crimen se ha encrudecido considerablemente en los últimos dos años y lo que va corrido de 2022: en 2020 se perpetraron 91 masacres, dejando un total de 381 víctimas; en 2021 se registraron 96, con un saldo de 338 muertes; y desde el primero de enero hasta el ocho de abril del año en curso han ocurrido 32 masacres y 117 víctimas.Las cifras son preocupantes y evidencian una clara negligencia por parte del Estado, tanto así que en enero la misma Corte Constitucional emitió un fallo en el que declaró una violación masiva de derechos de los firmantes del Acuerdo. Esta misma semana, la entidad también convocó a una audiencia pública para discutir medidas de protección para la población líder y defensora de derechos humanos.
