El atentado del pasado 7 de junio en Bogotá contra Miguel Uribe Turbay, senador de la República y precandidato presidencial por el partido de derecha Centro Democrático, sacudió a la capital del país y al mundo político. Sin duda, es un hecho doloroso tanto para su familia como para el ejercicio libre de la democracia. El crimen además revivió dolorosos episodios de la historia política colombiana.
El presunto autor material del atentado es un adolescente de 15 años, quien fue capturado por las autoridades momentos después del hecho. Visiblemente angustiado, en un video que ha circulado en los medios, el menor manifestó con angustia que lo hizo “por plata, por mi familia”. Sus palabras han generado un fuerte impacto en la opinión pública, no solo por la crudeza de la confesión, sino por lo que revela sobre las condiciones sociales y económicas que pueden llevar a un joven a convertirse en sicario.
El ataque contra Uribe Turbay no solo ha conmocionado por su gravedad, sino porque ha encendido las alarmas sobre una posible reactivación de los magnicidios en el contexto político colombiano. Muchos lo han comparado con la serie de asesinatos de candidatos presidenciales que marcaron a sangre la historia reciente del país entre finales de los años 80 y principios de los 90: Jaime Pardo Leal (1987), Luis Carlos Galán (1989), Bernardo Jaramillo Ossa (1990) y Carlos Pizarro Leongómez (1990). A ellos se sumó, años después, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado en 1995, que había sido candidato presidencial en 1990.
Todos estos crímenes, aunque diversos en contexto y actores involucrados, tienen un patrón común: la violencia como herramienta para eliminar adversarios políticos y sembrar el terror. La memoria histórica y los procesos judiciales han mostrado que en muchos de estos casos hubo participación directa o indirecta de agentes del Estado, en alianza con grupos paramilitares o actores armados ilegales, y que a pesar de las diferencias políticas de las víctimas, al menos tres de ellos (Pardo Leal, Jaramillo Ossa y Pizarro) eran abiertamente candidatos de la izquierda colombiana. De hecho, resulta imposible desligar estos asesinatos del contexto del exterminio sistemático de la Unión Patriótica, el partido político que nació tras los acuerdos de paz firmados en 1985 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno conservador de Belisario Betancur.
Aunque se suele hablar de esa violencia en pasado, más ahora tras el atentado contra el precandidato de la derecha colombiana, la realidad es que en Colombia esta violencia nunca ha cesado. Líderes sociales y comunitarios, defensores de derechos humanos y, mayoritariamente hombres y mujeres de la izquierda han sido las víctimas más frecuentes. El doloroso conteo que recoge la ong Indepaz muestra que únicamente desde la firma del Acuerdo de Paz entre el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC-EP, se han asesinado 1778 líderes sociales entre 2016 y 2025. Además, los firmantes del acuerdo, exintegrantes de esta guerrilla, también han sido víctimas de este escenario de violencia, con 459 asesinados hasta mayo del presente año.
A pesar de la falta de claridad y justicia en casi todos estos asesinatos, distintas investigaciones tanto judiciales, como de la sociedad civil han mostrado que los victimarios usualmente han sido actores armados ilegales, con la connivencia de estructuras del Estado.
En ese contexto, el crimen no es sorprendente que el dolor de la familia del precandidato esté siendo instrumentalizado políticamente por sectores afines a la derecha donde sus precandidatos han usado sus intervenciones públicas para posicionar sus agendas.
También es necesario cuestionar críticamente el cubrimiento periodístico que algunos medios han hecho de este caso. La filtración y exposición de exámenes médicos del senador, violando su intimidad y vulnerando su historia clínica, representa una grave falta ética, incluso tratándose de una figura pública. Lejos de informar con responsabilidad, estas acciones solo contribuyen a convertir una tragedia personal en un espectáculo mediático.
Lo que debería ser un momento de reflexión nacional sobre el rumbo de la democracia y el derecho a vivir en paz, se ha convertido para algunos en una oportunidad para capitalizar el miedo y profundizar la polarización. Se corre así el riesgo de caer en el mismo juego que, históricamente, ha favorecido a quienes buscan desestabilizar el país desde las sombras.
Este atentado no debe verse como un hecho aislado ni como un simple acto de delincuencia juvenil. Es un espejo de una Colombia que no ha terminado de cerrar sus heridas, donde la violencia sigue siendo un instrumento de poder. La democracia está, una vez más, en juego.
