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La Policía Nacional es responsable de 11 asesinatos en el marco de las protestas de 2020

Los investigadores de las Naciones Unidas aseguran que la masacre fue resultado de una falla institucional

Por  ROLLING STONE

diciembre 14, 2021

La alcaldesa, Claudia López aseguró que ella merece parte de la culpa por las muertes de los civiles durante la protesta.

Getty Images

En el marco de las protestas del año pasado, durante el Paro Nacional, miles de civiles murieron a manos de las autoridades, quienes hicieron todo lo posible por amedrentar contra el derecho constitucional de los ciudadanos para protestar. Un estimado de 12,000 personas se tomaron las calles para marchar en contra del gobierno nacional, el cual había tenido una serie de promesas incumplidas en cuanto a los acuerdos en educación, protección a las poblaciones vulnerables y otros factores importantes. 

Debido al uso ilegal de la fuerza y poder en contra de los civiles, lo cual ocasionó más de 14 muertos en tan solo dos días, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López y las Naciones Unidas condujeron un estudio para determinar las causas de los ataques, entre otros ítems, las cuales fueron potenciadas por la recopilación de casos de tortura, trato inhumano hacia los protestantes y vulneraciones hacia los derechos humanos. Quienes fueron partícipes de las marchas fueron testigos de las detenciones arbitrarias, violaciones guiadas por la discriminación de género, acoso sexual y la prohibición de la atención médica hacia los múltiples heridos. 

Los investigadores reconocieron que los agentes fueron golpeados por algunos manifestantes, sin embargo también afirmaron que el uso de la fuerza empleado por la policía contra los civiles no podía justificarse como defensa propia. Los agentes utilizaron sus armas como: “una medida ofensiva para disuadir indiscriminadamente” a los manifestantes y otros sujetos partícipes de la protesta. El año pasado el Presidente Iván Duque aseguró que la culpa correspondía a las estructuras terroristas urbanas que buscaban: “aprovechar las circunstancias y generar el caos”.

Sin embargo, el informe presentado por la organización humanitaria señala que las declaraciones del mandatario podrían no estar respaldadas en hechos, por lo cual podrían haber contribuido a la creencia de que el uso de armas de fuego por parte de los policías formaba parte de una: “acción ofensiva para atacar un objetivo legítimo en la lucha contra el terrorismo”. Asimismo, el documento resalta que la mayoría de los oficiales involucrados en los hechos violentos del 9 y 10 de septiembre no hacían parte del escuadrón antimotines, por lo contrario aún se desconoce su procedencia.

Por otro lado,  las Naciones Unidas hicieron uso de las fuertes críticas emitidas por la alcaldesa de Bogotá, quien criticó la conducta de la policía, pues prefirieron actuar de manera violenta contra los civiles cuando intentaban defender pedazos de concreto: “¿Cómo iban a quedarse a defender un trozo de cemento a sangre y fuego?” gritó. Finalmente, el reporte también revela que los asesinatos equivalen a una ‘masacre’, según el ex defensor del pueblo Carlos Negret, los cuales continúan en investigación por parte de las autoridades y organismos pertinentes.

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