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La millonaria multa al Grupo Aval por corrupción con Odebrecht

La multa de 80 millones de dólares fue impuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el Grupo Aval. Se confirma la responsabilidad del grupo financiero en graves actos de corrupción con funcionarios del gobierno colombiano.

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

agosto 11, 2023

Bloomberg

Corficolombiana, empresa filial del Grupo Aval, deberá pagar una sanción de 80 millones de dólares por haber transgredido la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero, según informó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. El conglomerado financiero, controlado por Luis Carlos Sarmiento Angulo, aceptó la multa para así resolver otras investigaciones paralelas.  

La decisión fue publicada el 10 de agosto en la página de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (Securities and Exchange Commission o SEC) y en el Departamento de Justicia del mismo país. Allí indican que el Grupo Aval Acciones y Valores S.A. y su entidad bancaria Corficolombiana dieron su consentimiento a una orden de “cese y desistimiento” luego de que se encontrara que violaron las disposiciones contables y, en el caso de Corficolombiana, las disposiciones antisoborno.

Las acciones del Grupo Aval cotizan en la Bolsa de Valores de Nueva York, por tanto, la multa es una sanción derivada de esta participación del grupo económico en Estados Unidos. La investigación fue resultado de un trabajo conjunto con la Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia.

“Hoy acusamos al conglomerado colombiano Grupo Aval S.A. y su filial bancaria por violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero. Grupo Aval acordó pagar 40 millones de dólares para liquidar los cargos”

Con esta multa aceptada por el Grupo Aval, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos informó que las autoridades penales, civiles y administrativas de ese país no imputarán cargos en contra de Corficolombiana. “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero, y por ello se le exigen responsabilidades” dijo el fiscal federal del Distrito de Maryland, Erek L. Barron. La entidad continuará “cooperando con los Estados Unidos en las investigaciones penales relacionadas con esta conducta”.

El modus operandi de Corficolombiana y Odebrecht

El documento con la decisión del Departamento de Justicia y de la SEC presenta detalles del proceso que investigó a Corficolombiana por su participación en un esquema de sobornos ejecutados a través de su expresidente. Todo esto ocurrió en medio del escándalo por corrupción masiva reportado en varios países de Latinoamérica y protagonizado por la empresa brasileña Odebrecht.

Ya en diciembre de 2018, el Grupo Aval había anunciado la solicitud de información recibida por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. La investigación se relacionaba con la participación de Corficolombiana, una de las subsidiarias del Grupo Aval, en el proyecto de carreteras de la Ruta del Sol II. La solicitud indagaba sobre la asociación de Corficolombiana con la empresa constructora Odebrecht y Cass Constructores, en 2010. Concretamente, se estudiaron los sobornos detectados y las presiones al gobierno colombiano para recibir no solo la concesión de la Ruta del Sol II, sino la construcción de una extensión de la carretera Ocaña- Gamarra.

Parte de los hallazgos determinaron que, en 2013, un ejecutivo brasileño acordó pagar a dos intermediarios con el fin de recibir aprobación y celeridad en el proceso de adjudicación de la obra. En lo recibido por los intermediarios iba una parte destinada a pagar sobornos a funcionarios del gobierno colombiano. Esta información era de conocimiento del alto ejecutivo de Corficolombiana, quien autorizó los pagos de los sobornos. Posteriormente, en marzo de 2014, funcionarios firmaron el Acuerdo de prórroga Ocaña­Gamarra que fue añadido al contrato del proyecto de la Ruta del Sol II.


“El esquema de sobornos proporcionó a Corficolombiana y otras subsidiarias del Grupo Aval un beneficio financiero por un total aproximado de 32 millones de dólares”


El resultado de este esquema de sobornos permitió que el gobierno aprobara la ampliación Ocaña­-Gamarra sin un nuevo proceso de licitación pública. La investigación muestra que el ejecutivo de Corficolombiana hizo que se pagaran aproximadamente 28 millones de dólares en sobornos a funcionarios entre 2014 y 2016. Los pagos fueron ocultados en figuras como contratos sin trabajo y facturas falsas que se registraron como gastos legítimos reportados en los estados financieros, y que se presentaron ante la SEC.

“El esquema de sobornos proporcionó a Corficolombiana y otras subsidiarias del Grupo Aval un beneficio financiero inapropiado en forma de honorarios, ingresos por intereses e inversiones y distribuciones por un total aproximado de 32 millones de dólares. Estas ganancias ilícitas fueron consolidadas a los estados financieros de Grupo Aval y acumuladas a Grupo Aval hasta 2020 […] Como agente del Grupo Aval, Corficolombiana violó las disposiciones antisoborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y esto causó las violaciones por parte del Grupo Aval, de las disposiciones sobre libros y registros, y de controles contables internos de la FCPA”, dice la decisión.

La desinformación sobre la decisión judicial contra Grupo Aval

Luego de conocerse la aceptación de la multa por parte del Grupo Aval, algunos medios de comunicación y personajes de la política nacional titularon de forma inexacta y conducente a la desinformación lo ocurrido. En algunos casos minimizaron la decisión del gobierno estadounidense, y en otras cambiaron completamente el sentido de la sanción:

Mientras las disposiciones de los jueces en Estados Unidos acentuaron la gravedad de lo ocurrido y resaltaron la aceptación de Corficolombiana de su participación en estos delitos, algunos de estos medios de comunicación parecen empeñados en negar la responsabilidad del poderoso grupo económico en estos actos de corrupción ocurridos en Colombia.

Más allá del proceso en Estados Unidos, a los colombianos todavía se les debe una explicación y avances en la Fiscalía General de la Nación, sobre los alcances del escandaloso esquema de sobornos montado por Odebrecht y que llegó a tocar las campañas presidenciales de Santos y Zuluaga, a muchos políticos y funcionarios de alto nivel como el exfiscal Néstor Humberto Martínez, entonces abogado del Grupo Aval, así como otros enredos tan escabrosos como la muerte de Jorge Enrique Pizano, uno de los primeros denunciantes de las irregularidades en el consorcio de la Ruta del Sol, y la de su hijo, muerto por envenenamiento con cianuro.

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