No es un secreto que el expresidente Duque y su partido el Centro Democrático representan posturas conservadoras y en muchos casos abiertamente en contra de derechos de algunas poblaciones como las mujeres y el sector LGBTIQ+.
Durante el pasado gobierno, por ejemplo, las organizaciones defensoras de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, reportaron negligencia e incluso retrocesos. La Veeduría Ciudadana de la Política Pública LGBTI, entregó recientemente un balance en este tema, mostrando una gran preocupación por el mínimo avance en la garantía de derechos para esta población. Además, la cercanía del gobierno Duque con grupos antiderechos obstaculizó el activismo de estos colectivos, según la corporación Caribe Afirmativo.
Esta misma línea de posturas desde la moral particular de buena parte de sus funcionarios, incluido el mismo Duque, y la cercanía con grupos contrarios a derechos de poblaciones históricamente discriminadas, también hizo parte de la política exterior.
Uno de los sucesos más problemáticos en este sentido, fue la firma del “Consenso de Ginebra” en el pasado mes de mayo. Este acuerdo tiene como principio central la lucha en contra del derecho al aborto. Algunos de los países dentro del Consenso son Brasil (promovido por el presidente de derecha Jair Bolsonaro), Burkina Faso, República del Congo, Egipto, Irak, Sudán, Arabia Saudita, Polonia, Guatemala, Haití, entre otras naciones con gobiernos autoritarios o cuestionados en el respeto de los derechos humanos.
Dicho consenso fue iniciativa de Alejandro Ordoñez, como embajador de Colombia ante la OEA. Es bien conocido el perfil del también exprocurador de la Nación, perteneciente al Opus Dei, un grupo católico al que hasta el Papa Francisco le puso límites este año. Ordoñez es líder de la agenda de grupos en contra de los derechos de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas, así como del aborto.
La decisión de la nueva Cancillería, en cabeza de Álvaro Leyva, de retirarse de la Declaración del Consenso de Ginebra, marca un rumbo diferente para las posturas oficiales del país en el panorama diplomático. Si bien el Consenso no tenía obligaciones reales en el plano jurídico, sí ponía a Colombia en un grupo de países antiaborto. A la par, contradecía los avances en protección de este derecho que se materializaron en la sentencia C-055 de febrero de 2022, en donde la Corte Constitucional aceptó la demanda que despenalizó el aborto sin necesidad de causales hasta la semana 24 de gestación. Asimismo, la Organización Mundial de la Salud publicó en marzo nuevas directrices de acceso al aborto seguro que buscar proteger la salud y la vida de mujeres y niñas.
Esta sentencia que puso a Colombia a la vanguardia en el mundo en materia de aborto, cumplió seis meses desde el fallo y se encuentra en proceso de implementación. Justamente este 22 de agosto, la congresista Maria Fernanda Carrascal presidió una audiencia pública para oír a las organizaciones y colectivos que hacen veeduría a este proceso. El encuentro en el Congreso de la República contó con la presencia del viceministro de salud, Jaime Urrego, quien se mostró comprometido con la responsabilidad que le compete al Ministerio en este asunto.
Con la salida de Colombia del Consenso de Ginebra, el gobierno de Gustavo Petro ratifica el compromiso con la disposición de la Corte Constitucional y con la agenda de defensa de los derechos de las mujeres. Sin embargo, este no es el único legado de Duque en este sentido. María Carmelina Londoño, quien fungía como viceministra de Asuntos Multilaterales de la Cancillería en ese gobierno, fue quien materializó la adhesión del país a ese grupo antiaborto. Actualmente, Londoño está en espera de respuesta de su elección ante el Consejo Asesor del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas-ONU. Esta elección parte de una postulación que hizo Duque antes de terminar su periodo presidencial.
Perfiles como el de Maria Carmelina corresponden a personas con el récord académico para cumplir los requisitos, pero con una visión en temas de género y de derechos humanos muy tradicional, por decir lo menos.
La Silla Vacía publicó una investigación donde muestra que, mientras Iván Duque mostró poco interés en la diplomacia colombiana en materia de derechos humanos, hizo una gran excepción con Maria Carmelina. Este Consejo asesor tiene como función apoyar técnicamente, basado en estudios e investigaciones, las funciones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aunque no representa a Colombia, el hecho de ser postulada por un gobierno usualmente indica una alineación con la política que este quiere promover. Duque tenía una posición frente a los derechos humanos muy conservadora y poco interesada en ocupar ese tipo de espacios. Cuando sí impulsó esos perfiles, lo hizo con personas como Carlos Bernal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos-CIDH, siento este el exmagistrado más conservador de la Corte Constitucional en los últimos años. Estos perfiles corresponden con personas con el récord académico para cumplir los requisitos, pero con una visión en temas de género y de derechos humanos muy tradicional, por decir lo menos.
Ahora, para que Londoño llegue a este cargo, al parecer requiere el apoyo del gobierno actual, es decir, que Petro debería darle el espaldarazo. El sistema interno de elección tiene varias etapas y no es tan claro si en este punto Colombia puede retirar esta postulación. Lo curioso es que Carmelina no solo se ha mostrado a favor de la agenda contraria a los derechos reproductivos de las mujeres, sino que en 2014 se pronunció en contra de las medidas cautelares que la CIDH expidió para reversar la destitución de Petro por parte del entonces procurador Alejandro Ordoñez.
En ese momento, la abogada Londoño escribió una columna en El Espectador donde decía, entre otros argumentos, que esta decisión de la CIDH era “indignante” y contraproducente para la institucionalidad colombiana:
“Lo más sorprendente de todo es que la Comisión haya caído en la trampa de creerse protectora de víctimas inexistentes, dentro de un típico escenario de lucha política que solo le corresponde a la sociedad colombiana definir. Flaco favor el que le ha hecho la Comisión a los derechos humanos. Hoy se trata de unas medidas cautelares, no todo está perdido para quienes confiamos en el papel del Derecho Internacional para una verdadera defensa de los derechos humanos; como en la caja de Pandora, nos queda la esperanza, pero ya muchos males se han surtido”.
En definitiva, la presencia de Maria Carmelina no parece ser muy afín a la visión de los derechos humanos y de país que el gobierno Petro ha promulgado. Ya veremos si se mantendrá su postulación.
