La congelación de fondos de Estados Unidos y su impacto en las mujeres: una crisis global

Este 8 de marzo se conmemorará en medio de un escenario preocupante para las condiciones de vida de millones de mujeres en el mundo, aumentadas ahora por los recortes en la cooperación internacional de la administración Trump.

marzo 7, 2025

ONU Mujeres/Ryan Brown

El Día Internacional de las Mujeres en este 2025 llega en un momento donde la geopolítica mundial se ha combinado para profundizar las brechas de inequidad entre mujeres y hombres. El regreso de Donald Trump al poder no solo ha reforzado los discursos ultraconservadores que atacan los derechos y la autonomía de las mujeres, sino que todos los programas de superación de la desigualdad y la protección de las poblaciones diversas son visto con tal sospecha que han quedado desfinanciados. Decisiones como el recorte de la cooperación internacional a través de la Agencia Estadounidense para el Desarrollo Internacional USAID están afectando profundamente a millones de personas en el mundo. Para las mujeres y niñas el impacto es devastador. 

La orden ejecutiva que congeló la ayuda humanitaria de Estados Unidos en enero, dejó en el limbo a programas educativos, de alimentación, atención a personas con VIH, apoyo a refugiados y migrantes, y organizaciones que asisten a poblaciones marginadas, como el sector LGBTIQ+. Estados Unidos, el mayor proveedor de ayuda humanitaria del mundo, ha visto cómo el enfoque empresarial impulsado por Trump, junto con su agenda ultraderechista, está afectando gravemente a diversas poblaciones, especialmente en América Latina y otras regiones vulnerables que dependen en gran medida de esta financiación. 

Las razones que expuso Trump para congelar (y posiblemente cortar) la ayuda humanitaria, se basaron en su enfoque de “America First”, que busca privilegiar los intereses económicos de Estados Unidos por encima de cualquier otro acuerdo o política exterior. De la mano del multimillonario Elon Musk, nombrado jefe del recién creado Departamento de Eficiencia Gubernamental, han insistido en que se deben recortar todo tipo de “gastos” del presupuesto nacional. Dentro de su visión de las finanzas estatales, este tipo de proyectos son considerados un “desperdicio”, a pesar de que representan alrededor del 1% del gasto federal. 

Con la cancelación de más de 5.800 contratos de USAID y 4.100 subvenciones del Departamento de Estado, el esquema global de cooperación que es altamente dependiente de estos recursos quedó en suspenso. Aunque han transcurrido algunas semanas luego de esta decisión y hay medidas judiciales en Estados Unidos que recientemente ordenaron a la administración Trump a reanudar pagos para cubrir parte de las deudas con los socios de USAID, lo más probable es que desde la presidencia se mantenga una reticencia a echar para atrás esta medida. 

El Secretario General de las Naciones Unidas, António Guterres, se expresó al respecto resaltando la generosidad que por tantos años el pueblo estadounidense tuvo a través de estos programas y advirtió que “si se sigue adelante con los recientes recortes de financiación, el mundo será menos saludable, menos seguro y menos próspero”. También dijo que espera que estas decisiones puedan revertirse “tras revisiones más cuidadosas”, pues no solo está ocurriendo con Estados Unidos, sino con otros países que han anunciado recientemente reducciones en la ayuda humanitaria.

El impacto en las mujeres y las niñas

Esta decisión no solo ha impactado a millones de personas, sino que ha tenido efectos especialmente graves sobre las mujeres, particularmente en programas de salud sexual y reproductiva, y en iniciativas de igualdad de género, las cuales han sido estigmatizadas y canceladas debido a la ideología conservadora que domina la administración.

Con la suspensión de estos fondos, el sector humanitario se enfrenta a un clima de incertidumbre. Según el Guttmacher Institute, casi dos millones de mujeres y niñas dejaron de recibir tratamientos anticonceptivos financiados por USAID en las primeras dos semanas de la medida, y la cifra sigue aumentando. Hay proyecciones de voces expertas que calculan que podrían producirse hasta cuatro millones de embarazos no deseados y más de 8.000 muertes maternas mientras se mantengan congelados o se cancelen los recursos. 

Pese a la magnitud del impacto, las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se han visto afectadas tienen temor a recibir más represalias si hablan públicamente del tema. Lo que es innegable es que las poblaciones más vulnerables, en regiones donde persisten profundas desigualdades, están recibiendo el impacto directo. 

Según un comunicado público, Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), calcula que el impacto de la suspensión de fondos será devastador, especialmente en países como Afganistán, donde más de 9 millones de mujeres dejarán de recibir atención materna, o en los territorios palestinos ocupados, donde se paralizaron unidades móviles de obstetricia y servicios cruciales para mujeres y niñas. Esto sin contar con que desde la primera administración de Trump, se estableció la “Política de la Ciudad de México”, un veto que prohíbe financiar a organizaciones que ofrezcan servicios de salud reproductiva. 

Esta es una medida que se pensó como una forma de bloquear la protección del derecho al aborto, pero que en la práctica se extiende a todos los servicios de salud reproductiva, independientemente de la fuente de sus fondos. El veto pone a las organizaciones en una encrucijada: cumplir con las restricciones para mantener el financiamiento de Estados Unidos o perderlo, limitando gravemente su capacidad para prestar servicios esenciales.

Otra de las preocupaciones por las afectaciones a niñas y mujeres por estas decisiones tiene que ver con que la falta de llegada de ayudas económicas empuje a las comunidades a reproducir prácticas nocivas como ser retiradas de la escuela, forzadas a trabajar o, en el peor de los casos, sometidas a matrimonios o uniones tempranas para solventar la economía de las familias. Además, las políticas de Trump, que buscan eliminar el avance de los derechos de diversidad, igualdad e inclusión (DEI), están frenando proyectos que han apoyado a mujeres agricultoras, emprendedoras, y a la lucha contra la violencia de género, entre otros.

Si bien la cooperación internacional de Estados Unidos no puede verse de manera acrítica y ajena a intereses políticos, pues históricamente ha sido un instrumento de influencia en el mundo guiado por la agenda de esta potencia mundial, su apoyo a iniciativas de desarrollo en América Latina y otras regiones del Sur Global sigue siendo fundamental para enfrentar las desigualdades. 

Como ocurre en gran parte del mundo y en especial en esta región, el recorte de fondos afecta a toda una red global de cooperación. Los programas de ayuda no dependen únicamente de Estados Unidos, pero su falta de compromiso al ser uno de los mayores aportantes ha puesto en peligro la continuidad de iniciativas clave que han salvado miles de vidas. 

La lucha jurídica contra la administración Trump no ha terminado, y aunque un juez federal ordenó el pago de parte de las deudas con los socios de USAID, el futuro de estos fondos sigue siendo incierto. De persistir esta congelación, las consecuencias serán irreversibles, no solo para las mujeres y niñas.

MARCELA GUERRERO

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