La agitación que se desprende de la noticia del crimen contra le magistrade ha traído al debate público por lo menos dos grandes interrogantes: el primero, la necesidad de justicia y el tratamiento que le han dado las autoridades, así como el cubrimiento mediático del caso que desafortunadamente ha vuelto a mostrar que el periodismo necesita mejores formas de contar las historias sobre las vidas de las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas.
Una de las primeras hipótesis lanzada por la Fiscalía del estado de Aguascalientes ha apuntado hacia la pareja sentimental de Baena. Sin embargo, su familia y grupos activistas piden mejor diligencia en la investigación, pero sobre todo, que no se revictimice su historia con la desinformación y estigmatización usual de estos casos que quedan cubiertos bajo el manto del “crimen pasional”.
Baena Saucedo, quien se desempeñaba como magistrade del Tribunal Electoral de Aguascalientes, había solicitado medidas de protección en julio pasado por amenazas de muerte que recibió, según indicó, a través de sus redes sociales. En ese momento, hizo referencia a ataques personales, discursos de odio de políticos locales y amenazas en sus plataformas digitales.
Su hermana, Cinthya Baena, ha expresado su preocupación por la respuesta de las autoridades de Aguascalientes y rechaza la teoría planteada que sugirió la posibilidad de un suicidio o de un ataque de la pareja de le magistrade. Lo que piden es una investigación rigurosa y sin prejuicios.
Más allá de los resultados de la investigación, activistas como Kenya Cuevas, directora y fundadora de Casa de las muñecas Tiresias, una organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, sostienes que el asesinato de Baena Saucedo es una manifestación visible de un sistema transfóbico y carente de perspectiva de género y derechos humanos en la región. Cuevas señala la falta de uso de protocolos adecuados por parte de la fiscalía y exige una investigación exhaustiva antes de emitir declaraciones que pueden ser revictimizantes.
Miles de personas se han manifestado en contra del tratamiento público de este crimen por las implicaciones que tiene el no reconocimiento del estado de seguridad de la población LGBTIQ+ en México y en el mundo. Como la activista Cuevas explica, esto muestra la necesidad de “seguir trabajando en educar a la sociedad sobre estos temas para poder prestar atención a la discriminación y a la violencia institucional constante e histórica que hemos enfrentado las personas trans y no binarias”.
Otras organizaciones defensoras de derechos humanos también han expresado su indignación y preocupación por lo que consideran declaraciones precipitadas y desinformadas por parte de la fiscalía, acusan a esta institución de falta de ética y estigmatización, que en últimas hace parte del problema mayor que tiene que ver con el trato que el Estado, los medios de comunicación y la sociedad en general hace de casos que involucran a personas LGBTIQ+. Estas organizaciones demandan un proceso de investigación que siga mejores protocolos que eviten cualquier posibilidad de un fallo injusto.
La violencia por prejuicio más viva que nunca
En medio de la indignación, activistas y defensora y defensores de derechos humanos subrayan la importancia de erradicar la discriminación y la violencia institucional, y la violencia por prejuicio que enfrentan las personas trans y no binarias en la región.
Independientemente de si la investigación lleva a involucrar a la pareja de le magistrade, o no, tanto las autoridades mexicanas como muchos medios de comunicación, están obviando la violencia que se desprende del prejuicio contra las personas que se salen de la norma heterosexual o de la identidad de género binarias. Como la organización Colombia Diversa lo recoge: “La violencia por prejuicio es aquella que se ejerce en contra de cuerpos por ser lo que son, en contra de cuerpos no normativos, es decir, que no están enmarcados en una lógica heterosexual. Se puede ejercer de forma jerárquica o de forma excluyente, de acuerdo a su finalidad. La primera se ejerce para recordar el estado de inferioridad o subordinación y la segunda para liquidar lo que el otro cuerpo representa”.
Ignorar las amenazas recibidas por Baena, apurarse a calificar de “crimen pasional” el asesinato y dejar de lado las violencias que viven las personas trans y no binarias en México y en América Latina y el Caribe es una forma de encasillar estas violencias sin reconocer el origen que las mantiene.
Por parte de los medios de comunicación, que han usado incorrectamente los pronombres (oficiales además) de le magistrade, o que de plano los han ignorado, también hay una muestra del largo camino que tiene esta región por crear entornos seguros para las personas LGBTIQ+ en todos los ámbitos.
Kenya Cuevas hace un llamado a reconocer y erradicar esas violencias con compromisos reales que sean continuos, que aporten al cambio de un sistema lleno de violencia sistemática que enfrentan cotidianamente. “Estamos totalmente dolida. Esos discursos de odio los tenemos que ir eliminando a través de la educación para garantizar que todas las personas seamos sujetas de derecho y que nada de lo que tengamos que vivir sea un obstáculo para el disfrute de nuestros derechos humanos”.
