Perú vuelve a situarse bajo la mirada de toda Sudamérica. Esta vez, el foco está puesto en la elección de José María Balcázar como presidente del Congreso y, en consecuencia, como presidente interino del país, apenas un día después de que su antecesor, el polémico José Jerí, fuera destituido mediante una moción de censura impulsada por acusaciones de corrupción.
Balcázar, abogado de 83 años y militante del partido de izquierda Perú Libre, se impuso en la primera ronda de votación en el Congreso con 46 votos, frente a los 43 obtenidos por María del Carmen Alva, superando además a Héctor Acuña (13) y Edgar Reymundo (7).
La definición llegó en una segunda vuelta por mayoría simple, celebrada en sesión extraordinaria y con el escrutinio a cargo de Lady Camones y Alejandro Cavero. Con ello, Balcázar se convirtió en el octavo presidente que tiene el país desde 2016, encabezando un gobierno interino que se extenderá hasta el 26 de julio, cuando asuma el mandatario elegido en los comicios presidenciales del 12 de abril.
Vale la pena recordar que el actual presidente interino de Perú hace parte del mismo partido del que surgió el expresidente Pedro Castillo, hoy en prisión preventiva tras su fallido intento de disolver el Congreso en diciembre de 2022. Aquel episodio, ampliamente calificado como un intento de golpe de Estado, marcó el inicio de la más reciente crisis política del país y abrió un ciclo de vacancias, gobiernos interinos y confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo que aún no logra cerrarse.
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La destitución de José Jerí, que se dio el 17 de febrero mediante moción de censura aprobada con 75 votos a favor, 24 en contra y 3 abstenciones tras solo cuatro meses en el cargo, cerró un ciclo que, desde su origen, estuvo marcado por la provisionalidad. Jerí había llegado a la presidencia de manera indirecta en octubre de 2025, tras asumir la jefatura del Congreso en medio del vacío político dejado por la salida de Dina Boluarte, en un escenario de acuerdos frágiles y negociaciones aceleradas entre bancadas. Su llegada al Ejecutivo no respondió a un mandato ciudadano ni a un proyecto de gobierno consolidado, sino a una sucesión constitucional diseñada para contener la crisis, lo que desde el inicio limitó su margen de maniobra y lo dejó expuesto a la misma lógica parlamentaria que lo había encumbrado.
Esa fragilidad quedó en evidencia cuando el Congreso activó la moción de censura en su contra, apoyada en acusaciones de corrupción, reuniones no declaradas con empresarios extranjeros y una rápida erosión de su respaldo político. El trámite fue expedito y contundente, reflejando una dinámica que se ha vuelto habitual en la política peruana, que consiste en presidentes que emergen de equilibrios momentáneos y caen cuando esos consensos se rompen.
La salida de Jerí, más que un episodio aislado, vuelve a plantear una pregunta estructural que atraviesa la última década del país y prepara el terreno para el debate de fondo: ¿por qué en Perú el acceso al poder presidencial resulta tan precario y su permanencia tan breve?
Una de las claves para entender la frecuencia con que los presidentes peruanos han sido removidos del cargo en los últimos años está en las reglas constitucionales que rigen la vacancia presidencial. Según la Constitución de Perú, el Congreso puede declarar la vacancia de la presidencia por diversas razones, entre ellas la denominada “incapacidad moral permanente”. Aunque esta figura nació como un mecanismo excepcional, su redacción es amplia y vaga, lo que ha permitido al Legislativo utilizarla repetidamente como una herramienta de control político sobre el Ejecutivo. En la práctica, esto significa que con una simple mayoría calificada —sin necesidad de procesos penales formales ni condenas previas— un presidente puede ser destituido si el Congreso interpreta que ha actuado de manera incompatible con el cargo. Esa flexibilidad se combina con otro factor: la fragmentación del sistema político peruano y la ausencia de mayorías claras en el Parlamento.
Los presidentes frecuentemente gobiernan sin un partido dominante que respalde su agenda, lo que los deja expuestos a alianzas temporales y a acuerdos cambiantes entre bancadas. Cuando esas alianzas se debilitan —por escándalos, diferencias políticas o estrategias de poder—, la oposición aprovecha la figura de la vacancia para presionar o remover al presidente incluso antes de completar su mandato. El resultado es un ciclo de crisis institucionales que lleva más de 10 años, relevos presidenciales constantes y un presidencialismo que, en los hechos, se ha convertido en casi “parlamentarizado”, con el congreso imponiendo su voluntad sobre el Ejecutivo.
La llegada de José María Balcázar a la presidencia interina no representa un punto de quiebre, sino la confirmación de una normalización de la inestabilidad en la política de Perú. Su mandato será seguido con atención tanto dentro como fuera del país, mientras las próximas elecciones presidenciales se perfilan como una de las citas políticas más relevantes del año en la región, llamadas a definir si el país logra cerrar —o prolongar— su prolongado ciclo de crisis institucional.
