Esta semana el Juzgado Tercero Penal de Medellín envió formalmente información a la Fiscalía General de la Nación para que investigue al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a su hermano, Santiago Uribe, como presuntos determinadores de los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle Jaramillo y Eduardo Umaña Mendoza, ocurridos en 1998. La decisión se produjo en el marco de la condena de 28 años contra el exsubdirector del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), José Miguel Narváez, por el secuestro de la fallecida senadora Piedad Córdoba en 1999.
La jueza basó su decisión en documentos que incluyen la declaración del exparamilitar Francisco Enrique Villalba Hernández, quien en 2008 aseguró ante la justicia haber presenciado una reunión en 1997 en la finca La Marranera, en Yumbo (Valle del Cauca), donde participaron jefes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), entre ellos Carlos Castaño, Salvatore Mancuso y “Mono Leche”. Según Villalba, en ese encuentro se discutieron los asesinatos de los defensores Valle y Umaña, así como del periodista y humorista Jaime Garzón. La jueza ordenó remitir estas declaraciones a la Fiscalía para que determine si existen responsabilidades penales o nexos con los hermanos Uribe.
Viejas heridas que buscan verdad
Aunque este proceso no es nuevo, la vinculación de Uribe a estos asesinatos revive una herida no cerrada en la larga y confusa historia alrededor del avance del paramilitarismo en los años 90 y 2000, de la mano de funcionarios públicos de alto nivel. La falta de verdad y justicia en torno a las muertes de muchos defensores de derechos humanos que denunciaron dichos lazos es una deuda pendiente en Colombia.
Jesús María Valle, abogado antioqueño y presidente del Comité Permanente de Derechos Humanos de Antioquia, fue asesinado el 27 de febrero de 1998 en su oficina en Medellín, tras denunciar públicamente la complicidad de militares de la IV Brigada en las masacres de La Granja y El Aro, perpetradas por grupos paramilitares. En febrero de 1996, Valle advirtió al entonces gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe Vélez, sobre la existencia de acuerdos entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública en el corregimiento La Granja, en Ituango, de donde era oriundo. Sus denuncias no fueron escuchadas y, en cambio, recibió críticas por supuestamente incriminar falsamente al Ejército. Meses después, en junio de ese mismo año, ocurrió la masacre de La Granja, y en octubre de 1997 se repitió la tragedia en El Aro, pese a que Valle volvió a alertar al gobernador sobre el riesgo de un nuevo ataque a la población civil.
Años más tarde del asesinato del abogado Jesús María Valle, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado colombiano por su participación en esos hechos, ordenó investigar y realizar actos simbólicos de reparación, pero el avance de las investigaciones no sido concluyente. En noviembre de 2023, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso ante la Jurisdicción Especial para la Paz vinculó a Álvaro Uribe Vélez a este asesinato, en tiempos donde era gobernador de Antioquia.
Por su parte, Eduardo Umaña Mendoza, abogado y defensor de derechos humanos nacido en Bogotá, fue asesinado el 18 de abril de 1998 por dos hombres y una mujer que se hicieron pasar por periodistas y que intentaron secuestrarlo en su oficina. Umaña había representado a las víctimas del genocidio contra la Unión Patriótica y del Palacio de Justicia, y denunció reiteradamente la participación de agentes estatales en desapariciones forzadas. Pocas semanas antes de su asesinato, había advertido a personas cercanas sobre amenazas en su contra, en las que señalaba la posible participación de miembros del Ejército y de organismos de inteligencia. En 2016 su asesinato fue declarado de lesa humanidad, pero todavía no se conocen los responsables.
Tras conocerse la decisión judicial, Jaime Granados, abogado del expresidente Álvaro Uribe y de su hermano Santiago Uribe, calificó la orden de la jueza como “una fábula” sustentada únicamente en una declaración. Afirmó que la compulsa de copias carece de fundamento probatorio y reiteró que los hermanos Uribe no tienen ningún vínculo con los asesinatos de los defensores de derechos humanos Jesús María Valle y Eduardo Umaña Mendoza.
La solicitud de investigar a los hermanos Uribe representa un hecho significativo en la búsqueda de verdad y justicia por crímenes que marcaron a toda una generación de luchadores sociales en Colombia. Diversos sectores han insistido en que estos asesinatos no pueden quedar en la impunidad ni ser borrados de la memoria colectiva, pues las víctimas dedicaron su vida a la defensa de los derechos humanos y la pagaron con ella. Reclaman que el país merece conocer la verdad completa, esclarecer responsabilidades y honrar la memoria de quienes dieron su vida por la dignidad y los derechos del pueblo.
