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El cese el fuego bilateral trae esperanza pero también dudas

Con el mensaje del presidente Petro sobre el cese bilateral al fuego con cinco grupos armados ilegales, se abre una puerta esperanzadora hacia la paz total, pero las inquietudes sobre cómo hacerlo efectivo generan incertidumbre.

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

enero 2, 2023

Presidencia de la República

Como un regalo de fin de año, el 31 de diciembre Gustavo Petro publicó la noticia: el acuerdo de cese bilateral de operaciones ofensivas entre las fuerzas armadas y distintos grupos armados al margen de la ley. Lo sorprendente del anuncio no solo fue el avance de las negociaciones que se anunciaron desde hace pocos meses, sino el variado grupo de organizaciones que quedarían amparadas bajo esta decisión: el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, disidencias de las FARC, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC o Clan del Golfo) y las Autodefensas de la Sierra Nevada.

El anunció parece conseguir lo impensable: un cese al fuego entre el Estado y Grupos Armados Ilegales (GAI) que en la actualidad dominan buena parte del territorio por medio de las armas y el control de la población civil. Muchos consideran el mensaje un avance en pro de la paz total que el gobierno actual dijo buscar desde el periodo preelectoral, pues en la actualidad, los grupos armados que entrarían en este acuerdo son los responsables de los mayores actos violentos y violaciones de derechos humanos que afectan una gran porción del país y que al cierre de 2022 acumularon 189 líderes sociales asesinados y 94 masacres, entre otras cifras del horror, de acuerdo con Indepaz. 

Se espera que aproximadamente 15.000 integrantes de estas estructuras armadas paren confrontaciones con la fuerza pública. Esto impactaría a más de 350 municipios de Colombia. Por ahora está pendiente la publicación de los decretos que darían forma a estos acuerdos con cada grupo. Aunque el cese al fuego será por seis meses prorrogables y tendrá una veeduría nacional e internacional, la celebración ha sido recibida con cautela.

La incertidumbre sobre la sostenibilidad del acuerdo es alta y deja por lo menos tres grandes preguntas que expertos de la Fundación Conflict Responses -CORE e INDEPAZ ponen sobre la mesa:

1. Faltan claridades y protocolos

Pese a que el anuncio es muy reciente, una de las preocupaciones más grandes surge precisamente de la falta de claridad en la ruta que este acuerdo por seis meses puede tomar. Angela Olaya, investigadora y cofundadora de CORE, explica que la definición de protocolos es clave en este tipo de procesos y entre más pronto se sepan, mucho mejor. Se sabe que desde el equipo negociador se están revisando experiencias previas como lo ocurrido en su momento con las FARC, pero el hecho de que la declaratoria se hizo hace más de un día y medio y todavía no haya claridad sobre cómo se va a definir lo que viene, qué entra y qué no, genera incertidumbre.

Un ejemplo de este problema tiene que ver con la falta de información que se tiene respecto a los criterios que se tendrán para definir qué es un cese al fuego exactamente, pues parte de lo anunciado parecería enfocarse en disminuir el impacto humanitario en las comunidades “étnico-territoriales y campesinas”, lo que podría mostrar unos esfuerzos dirigidos específicamente a algunos de estos grupos en ciertas zonas del país. Además, explica Olaya, en la experiencia del cese al fuego entre el ELN y el gobierno anterior, se tomaba como indicador el número de secuestros, algo que posiblemente ahora no sea un buen indicador ni para todos los grupos, ni para todas sus zonas de influencia. Esto pone de entrada la necesidad de establecer criterios particulares para cada grupo que por el momento se desconocen. 

2. El cese al fuego entre el Estado y los grupos armados ilegales no implica un cese al fuego total

Aunque la pausa entre las operaciones ofensivas entre las fuerzas armadas del Estado y estos grupos es entendida como un avance muy positivo para preservar la vida de la población civil, esto no incluye una voluntad de parar con enfrentamientos entre estos grupos armados ilegales (GAI). Es decir, las fuerzas armadas dejarían de liderar operaciones contra los GAI pero hay poca claridad de qué pasará con las confrontaciones protagonizadas por dos o más grupos en ciertos territorios. En la actualidad, una buena parte de los escenarios violentos surgen por disputas entre estos grupos, bien sea por control territorial o de rutas para el avance de economías ilegales. 

Camilo González Posso, presidente de Indepaz, considera este gesto como algo positivo, pero añade que lo importante es que al mismo tiempo se den ceses multilaterales, es decir, que paren los enfrentamientos entre estas organizaciones que han venido chocando entre sí y que generan condiciones de inseguridad muy profundas. Como explica, “hubo cerca de 70 choques en este periodo de gobierno, con graves consecuencias para la sociedad civil y más de 50 hostigamientos con la fuerza pública en el mismo periodo, así que el cambio será importante para la población y el país”. 

3. El cese al fuego tampoco implica el cese de actividades ilegales que fomentan la violencia contra la población civil

El acuerdo es ambicioso y necesario en la medida de que abarca actores armados diversos. Aunque quedarían faltando algunos grupos locales, el cese de hostilidades contra las fuerzas armadas sería más o menos claro, pero no pasa lo mismo con la población civil. 

Leonardo González, investigador de Indepaz, amplía la discusión hacia las actividades que sostienen a estos grupos y que son ilegales. Para ejercerlas, muchas veces requieren de la violencia o del sometimiento de comunidades a sus órdenes y a su control. Sembrar y producir cultivos de uso ilícito, controlar la minería ilegal, el comercio ilegal de maderas o de ganado, entre otras economías, requiere del control social. La violencia sobre las comunidades surge en muchos casos de la resistencia por parte de la población civil y sus líderes ante las disposiciones que imponen los armados. Hasta donde se entiende del anuncio, el cese al fuego no es una garantía de no seguir con el negocio del narcotráfico o siquiera cuestionar sus efectos en la seguridad. Es bien sabido que las disputas por el dominio de este y otros negocios están estrechamente asociadas con un recrudecimiento de la violencia. Por otra parte, la mayoría de estos grupos tercerizan sus acciones criminales con bandas locales y tampoco se sabe si estas bandas entrarían en el cese al fuego. 

Por ahora, y ante tantos vacíos en la información respecto a un anuncio tan importante, el compromiso y la sostenibilidad de un cese al fuego va a depender de la voluntad que cada uno de los grupos cumpla con el Gobierno y con lo pactado.

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