octubre 21, 2022

El Canal del Dique: el testigo silencioso del conflicto armado en el Caribe

La nueva decisión de la JEP sobre las obras del Canal del Dique representa un avance en la reparación a las víctimas de una zona que ha sido testigo de crímenes atroces sobre la población mayoritariamente afrodescendiente e indígena

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

fondoadaptacion.gov.co

En 1650, el Puerto de Cartagena por fin logró conectarse con el río Magdalena, a través de un sistema hídrico artesanal de conexión entre ciénagas. La obra, de 115 kilómetros actuales, se concretó a punta de machetes, picos, palas y, por supuesto, mano de obra esclavizada, además de peones y capataces que trabajaron sin descanso para comunicar al principal puerto esclavista de la Nueva Granada con las tierras del interior. No es casualidad que las rutas de cimarronaje, es decir, de las personas que huían de la esclavitud, coincidan con el poblamiento de esta región principalmente afrodescendiente.

En los más de 372 años de historia, el Canal del Dique ha tenido reformas, ampliado su ancho, su profundidad y ha hecho parte de la memoria geográfica y social de 19 municipios, así como de la ciudad de Cartagena. Además de su conexión con el pasado esclavista y racista, este cuerpo hídrico también ha sido testigo de los años más aterradores del conflicto armado reciente de esta zona del Caribe.

Ante esta condición del Canal como lugar clave para entender y reconocer los efectos de la guerra en las poblaciones aledañas, la Ruta del Cimarronaje, un proceso colectivo de más de 200 organizaciones sociales del Caribe colombiano, pidió medidas cautelares ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La solicitud surge como una alerta ante obras que se llevarán a cabo en el Canal y que para estas organizaciones representan una oportunidad para recuperar cuerpos de víctimas del conflicto armado y esclarecer un sinnúmero de casos de desaparición forzada.

La audiencia pública, coordinada por la Sala de Reconocimiento de Verdad este 20 y 21 de octubre, fue el espacio para que la JEP estudiara la solicitud. Aura Esther Camargo, delegada de la Ruta del Cimarronaje, indicó que estas comunidades negras e indígenas exigen al Estado colombiano las garantías de recuperación y exhumación de sus seres queridos. Camargo repasó el cambio que trajo a sus comunidades el uso que los grupos paramilitares y el narcotráfico le dieron al Canal del Dique, al convertirlo en un cementerio acuático especialmente entre 1998 y 2005: “La historia se parte en dos cuando como negros e indígenas que vivíamos alrededor del Canal del Dique no podíamos ver las aguas porque veíamos más sangre y grasa humana que agua y peces. Los peces olían a sarna y cuando comíamos pescado creíamos que nos estábamos comiendo a nuestros seres queridos”, dijo.

La principal exigencia de estas comunidades es que exista un protocolo de exhumación que permita reconstruir su historia como pueblos negros e indígenas y recuperar el Canal del Dique como parte importante de la vida de estas comunidades. Además, aclararon que, aunque consideran las obras de dragado y construcción de exclusas en Puerto Badel y en Calamar como importantes para la región, estas deben traer condiciones de vida digna para sus comunidades.


“Como nadie miraba a esos territorios negros, los paramilitares empezaron a cometer prácticas atroces de terror en sus aguas y zonas aledañas. Es un lugar donde ha estado el silencio impuesto durante décadas”.


El Grupo de análisis de la información de la JEP encontró 121 sitios de interés forense, donde por lo menos 79 son escenarios de disposición de cuerpos que corresponderían a zonas donde los grupos paramilitares asesinaban y arrojaban a las víctimas al agua. Ricardo Cubides, investigador para el caso del Canal del Dique de la Comisión de la Verdad, advierte que esta zona ocupó un lugar especial dentro de la geografía de la guerra, pues fue aprovechada por ser un lugar conscientemente dejado de lado por el Estado por el racismo estructural sobre las poblaciones que lo habitan. “Como nadie miraba a esos territorios negros, los paramilitares empezaron a cometer prácticas atroces de terror en sus aguas y zonas aledañas. Es un lugar donde ha estado el silencio impuesto durante décadas”.

Las dimensiones de la desaparición forzada en términos de números son poco claras, algo que muestra la inacción de las instituciones al recibir y tramitar las denuncias de los familiares de las víctimas. Esta negligencia de las autoridades fue destacada por el magistrado Raúl Sánchez, de la Sección de Ausencia de Reconocimiento, al llamar la atención sobre los bajos registros que hay en la Fiscalía por estos crímenes y que impiden constatar numerosos casos en los que el Estado debe ser diligente para garantizar el derecho a la justicia y la posterior reparación.

El resultado de la ausencia deliberada de las instituciones y el fortalecimiento del control paramilitar, dieron como consecuencia un silencio doloroso para las poblaciones del área de influencia del Canal del Dique. Cubides resalta la importancia de la salida a la luz de estos hechos como parte de un ejercicio de memoria, pues “estas son unas comunidades a menos de una hora de Cartagena que vivieron una violencia inenarrable en muchas ocasiones”, dice, vinculando esta violencia con el racismo estructural que la Comisión de la Verdad pudo comprobar al hacer un análisis histórico de las comunidades afectadas.

El trabajo de las instituciones que surgieron del Acuerdo de Paz, es decir, la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD) y la JEP, ha permitido exponer características del conflicto armado y sus motivaciones económicas, que afectaron a diversas comunidades por muchos años y que poco se conocen en otras partes del país. “Cuando se ve la dimensión de lo que sucedió – afirma Cubides- las personas empiezan a entender esos intereses ocultos, como los grandes proyectos industriales de camaroneras y palma, así como de economías ilegales como el narcotráfico, que se benefician económicamente de ese silencio. La construcción de memoria está determinada por la posibilidad de romper esas dinámicas que imponen los violentos y de esos grandes proyectos económicos que patrocinan a los actores armados”.

Las tensiones entre las poblaciones de la zona y las entidades que venían ejecutando el proyecto bajo el gobierno de Iván Duque fueron resaltadas por líderes y lideresas durante la audiencia. En ella criticaron los procesos de consulta previa donde no solo hubo inconformidad por parte de las comunidades de pescadores y otros sectores, sino que además generaron amenazas sobre estos liderazgos. También insistieron en la importancia de considerar los riesgos ambientales y de afectación sobre las economías locales. Guillermo Reyes, ministro de Transporte, confirmó en la audiencia que el compromiso del gobierno actual es total con las poblaciones afectadas y que el proyecto de restauración del canal es una oportunidad de búsqueda y reivindicación de las víctimas, no una excusa para ocultarlas.

Por el momento, la JEP ya adoptó medidas de protección frente al “Proyecto de Restauración de los ecosistemas degradados del Canal del Dique”. Para esto ordenaron a los Gobernadores de Atlántico, Bolívar y Sucre, así como a las autoridades locales de los municipios involucrados, diseñar e implementar una Ruta de Memoria, demarcada por placas conmemorativas y narrativas ubicadas en lugares públicos a lo largo del Canal.

La disposición del Gobierno por acatar los lineamientos de la JEP es un elemento fundamental para que las necesidades de las comunidades y el curso del proyecto del Canal del Dique se lleven a cabo bajo una relación respetuosa con las víctimas. Por ahora los retos son enormes y presentan una preocupación que se extiende a otros cuerpos de agua en el país que han sido usados por actores armados para la desaparición forzada. La disposición de la JEP al adoptar la medida cautelar de protección sobre Canal incluye la creación de un protocolo arqueológico forense con enfoque étnico y de género, donde la experticia de la UBPD puede ser un primer paso para replicar esta experiencia en otros puntos de Colombia.

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