“Aliviada… y feliz”, así dice Aurora* que se sintió cuando supo que ya no estaba embarazada. Ella que habla poco y en voz baja, cambia el tono y sonríe cuando recuerda ese momento. Es menuda, de pelo y ojos negros con pestañas enormes. Llegó hace casi un año a Colombia, pero decidió regresar a Venezuela, caminando y en medio de la pandemia, porque venir a este país no fue lo que esperaba. “Corrí con la mala suerte de que me violaron y salí embarazada. Decidí regresar a Venezuela porque tenía miedo de estar en Colombia después de lo que me pasó…tenía mucho miedo”.
Es normal que el aborto sea un tema estigmatizado en América Latina. No debería serlo, pero la influencia religiosa cristiana que permea estas sociedades es tan fuerte que sigue siendo el marco con el que se interpreta el mundo propio y el de los demás. Si para las mujeres colombianas hablar de aborto y acceder a él tiene dificultades, para las mujeres migrantes y en situación irregular el estigma se multiplica por dos.
El miércoles 16 de septiembre, luego de meses de trabajo, varias organizaciones del Movimiento Causa Justa presentaron una demanda ante la Corte Constitucional que busca eliminar el artículo 122 del código penal que considera el aborto un delito. Uno de los siete argumentos que muestran la inconstitucionalidad de ese artículo es el de la violación al derecho a la igualdad de las mujeres migrantes en situación irregular.
Las demandantes demuestran que esta población, que ha sido reconocida como sujetos de especial protección por esa misma Corte, enfrentan barreras adicionales a la hora de solicitar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y que se recrudecen debido a su situación migratoria.
Aunque en Colombia el aborto fue parcialmente despenalizado en tres causales con la Sentencia C-355 de 2006, la realidad muestra que las barreras para su acceso son aún muy grandes, especialmente para las mujeres y las personas con capacidad de gestar que están en mayor vulnerabilidad. Se ha documentado que el acceso al aborto seguro en Colombia es un asunto de clase social. Las mujeres más empobrecidas tienen menos herramientas para acceder a este derecho.
En el caso de las mujeres migrantes, estas trabas se suman a las que experimentan las mujeres colombianas. Estas van desde la solicitud de documentos que demuestren su estatus migratorio regular en el país (cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, salvoconducto de refugiado o Permiso Especial de Permanencia -PEP), el desconocimiento de la IVE como una urgencia a atender independientemente del estatus migratorio, hasta la exigencia de la afiliación al sistema de salud. Al final, todo esto contribuye a que las mujeres no puedan acceder a este derecho, guiándolas a vías no seguras para abortar.
Para Laura Dib, abogada venezolana y asesora legal en la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de los Andes en Bogotá, las barreras vienen desde antes de llegar a Colombia: “Esta no es una movilidad humana común, no es una migración por motivos económicos, es forzada como consecuencia de una violación masiva de derechos humanos que ocurre en el país de origen. En el marco de esa violación, en el caso venezolano se encuentra muy notoria la de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres en Venezuela: no hay acceso a anticonceptivos; la IVE sigue siendo un delito, de manera que todos los abortos se hacen en clínicas clandestinas”, explica.
Las necesidades insatisfechas con las que viene esa población a Colombia deben leerse a la luz del reconocimiento internacional de esa situación, como lo ha hecho la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En esa medida, explica Dib: “si Colombia no reconoce a estas mujeres como personas con necesidad de protección internacional, no habilita mecanismos para la regularización migratoria, y además para poder acceder a salud tienes que estar en estatus migratorio regular, ya hay un montón de barreras gigantes que enfrenta toda la población migrante y refugiada proveniente de Venezuela, pero con un impacto diferenciado sobre las mujeres, sobre todo sobre las gestantes”.
MIGRAR SIENDO MUJER
“Creo que emigrar para los hombres es un poco más fácil por su movilidad, pueden dormir donde sea sin importar. En el caso de la mujer es más delicado y con niños es un poco más complicada la cosa, pero si uno se lo propone podría ser igual”, dice Aurora. La frase encarna no solo la necesidad de reconocer que la experiencia de migrar es distinta entre hombres y mujeres por el lugar que ocupa cada uno en la sociedad, sino que además habla del carácter combativo de quienes emprenden el proyecto migratorio.
Aurora tiene 32 años y dos hijos, el menor de ellos con una afección cardiaca. Cuando decidió migrar a Colombia para buscar mejores condiciones médicas para su hijo de 5 años también estaba siguiendo el camino de sus hermanas, que ahora están regadas por varios países de Latinoamérica. Lo que ella encontró en este viaje representó un dolor tan grande como inesperado. A los pocos meses de llegar se había estabilizado, tenía trabajo y consiguió novio, un taxista colombiano, mayor que ella. Aunque era celoso ella estaba segura de que no tenía por qué preocuparse. Ella era fiel. Cuando su pareja supo que ella planeaba ir a Venezuela a pasar Navidad con su papá, entró en cólera. Al día siguiente la citó, la llevó a un lugar alejado de la ciudad y con complicidad de otros taxistas la violó. A las pocas semanas Aurora descubrió que estaba en embarazo. Con miedo, escondiéndose de su maltratador, sin dinero y habiendo dejado su trabajo en un restaurante, supo sin dudar que no podía ser madre en esas condiciones.
Primero buscó información en Facebook. Alguien le recomendó una droguería en donde podía comprar misoprostol, un medicamento abortivo. Con dinero que le envió su hermana desde Chile, compró las pastillas y esperó, pero no pasó nada. La habían estafado y seguía en embarazo. Desesperada volvió a Facebook, su única fuente de información disponible. Esta vez encontró información de un grupo de acompañamiento feminista que la orientó para que accediera al aborto de forma segura por medio de un proyecto de Profamilia, una entidad especializada en salud sexual y reproductiva. Aurora no se lo podía creer. No tenía idea de que en Colombia el aborto era legal. Y bueno, es que no lo es, pero sí está despenalizado cuando i. corre riesgo la vida y la salud de la mujer o persona gestante; ii. cuando la supervivencia del feto es inviable por fuera del útero y iii. cuando el embarazo es producto de incesto o de violencia sexual. Ese era su caso. “No sabía que el aborto estaba legalizado, no sabía pero me parece bien que lo esté porque hay personas o hay casos que no queremos traer un niño al mundo así, y porque cada quien es responsable de sus decisiones, pienso yo”.
La migración proveniente de Venezuela no es un fenómeno reciente como se tiende a presentar. Lo que sí ha ocurrido es que en los últimos 4 años la llegada ha sido más masiva, pero sobre todo, ha estado protagonizada por personas con mayores carencias económicas. Según Migración Colombia, en el momento en Colombia se encuentran 1.748.716 ciudadanos venezolanos, de los cuales se calcula que 985.859 están en situación migratoria irregular. Del total reportado, 863.610 serían mujeres y niñas.
BARRERAS QUE SE SUMAN Y UN ESTADO POCO PRESENTE
La Mesa por la vida y la salud de las mujeres, una organización que investiga el tema y acompaña casos de barreras para acceder al aborto, presentó un informe en diciembre de 2019 donde documentó las dificultades que enfrentan niñas, jóvenes y mujeres migrantes venezolanas cuando solicitan servicios de aborto en Colombia.
Además de reconocer el contexto desfavorable en términos de derechos sexuales y reproductivos para las niñas y mujeres en Venezuela, algo que incluso es una de las razones identificadas para la migración, el informe muestra que el tránsito hacia Colombia, así como la llegada en condiciones de vulnerabilidad, exponen a esta población a violencias basadas en el género.
Si las estadísticas sobre aborto en general son difusas en países como el nuestro donde el aborto tiene el doble carácter de delito y de derecho, los datos son aún más difíciles de encontrar sobre aborto en mujeres migrantes. Al tomar los datos del Ministerio de Salud entre marzo de 2017 y marzo de 2019, presentados en el informe de La Mesa, se registran 629 mujeres procedentes de Venezuela con diagnósticos relacionados con Interrupción Voluntaria del Embarazo.
De los 21 casos de migrantes venezolanas atendidos por La Mesa entre noviembre de 2018 y septiembre de 2019, en su acceso a la IVE, 18 se encontraban en Colombia de manera irregular y solo tres contaban con PEP vigente. Una característica común de estas mujeres es que provenían de “contextos de alta vulnerabilidad socioeconómica, inexistentes redes de apoyo y violencias basadas en el género, relacionadas directamente con su condición de migrantes”.
Un dato que no debe pasar desapercibido en este informe es que el 47.6%, casi la mitad de las mujeres migrantes, accedió a la IVE mediante subsidio, y solo el 19% lo hizo a través de la red pública. El 19% desistió debido a las barreras, el 4.7%, correspondiente a un caso, se automedicó, y del 9.5% no se conoce si logró acceder o no pues se perdió el contacto. En este momento, el acceso al aborto seguro para las migrantes está ocurriendo en buena medida por parte de dineros de cooperación internacional, algo que preocupa si se tiene en cuenta que es una medida difícil de sostener en el tiempo. Como indica Laura Dib, hay una alta posibilidad de que esto se convierta en una crisis enquistada: “pasarán los años y la movilidad humana seguirá, se van a acabar los recursos y esto se va a quedar así, porque la cooperación internacional se va”.
EL ABORTO EN PANDEMIA
Para Carolina Triviño, abogada de La Mesa y una de las autoras del informe, la pandemia ha representado nuevos obstáculos para el acceso de las mujeres a la IVE, esto incluye por supuesto a las migrantes. De los 65 casos atendidos entre el 1 de marzo y el 31 de agosto, 22 corresponden a mujeres migrantes venezolanas, un 34 %.
La pandemia, pero sobre todo las medidas de confinamiento, han tenido un efecto diferenciado en las mujeres migrantes venezolanas. Según Triviño se identificó que el cierre de fronteras y el cierre de terminales de transporte aumentaron las barreras para las migrantes para desplazarse a centros médicos y así acceder a la IVE.
Carolina Moreno, profesora y directora del Centro de Estudios en Migración (CEM) en la Universidad de los Andes, explica que la cuarentena mostró estas violencias diferenciadas para las mujeres y en particular unas para las mujeres migrantes, “vimos todo lo que significaba para las mujeres vivir con su agresor, no poder denunciar, estar encerradas en entornos violentos en sus casas, una mayor exposición a las violencias basadas en género, retornos forzados hacia Venezuela por el paso por trochas por los cierres de fronteras, las condiciones de hacinamiento terribles en que las mujeres y niñas tienen que estar”.
FRONTERAS QUE PERSIGUEN
Ante un panorama restrictivo en la práctica, a pesar de los avances en el papel gracias a la Corte Constitucional, queda claro que la existencia del delito de aborto es una barrera muy presente en la vida de las mujeres migrantes en situación irregular.
A la restricción y el estigma sobre el aborto se agrega el temor a las autoridades migratorias y a la deportación. Como el filósofo Étienne Balibar expone, las fronteras no son solo la división física entre países, por el contrario, son mutables y pueden seguir a los migrantes en otros momentos de su proyecto migratorio al buscar trabajo remunerado, o al acceder a salud, protección laboral, educación. También, el antropólogo Nicholas De Genova explica cómo para los migrantes sin documentos en regla las actividades cotidianas corren el riesgo de convertirse en actos delictivos e ilícitos con consecuencias nefastas.
En las migrantes en situación irregular que buscan acceder a la IVE, incluso en las causales que están despenalizadas por la propia Corte Constitucional, el temor a la autoridad es tal que pocas se acercan al sistema de salud. Carolina Moreno resalta una de las consecuencias más graves que pueden enfrentar estas mujeres y que además hace parte de los argumentos de la demanda presentada a la Corte. “Cuando ellas llegan con estos casos en muchas ocasiones lo que se hace es llamar a la autoridad penal y procesarlas. Así esto no termine en sancionarlas, las expone a enfrentar un proceso penal con todo lo que eso significa, cosa que una mujer pudiente no va a enfrentar. Es este filtro socioeconómico que expone a las mujeres migrantes pobres, especialmente si están en situación irregular”.
El temor a las autoridades es un hecho real entre la población migrante más vulnerable y en términos de salud y de aborto se convierte, además de ser un hecho injusto, en un problema de salud pública, pues estos temores llevan a las mujeres a practicarse abortos inseguros o en condiciones que no son adecuadas, poniendo en riesgo su vida, su integridad y su salud.
Las dos rutas actuales son adversas: la primera es ir al sistema de salud y ser maltratada por la xenofobia persistente mientras se corre el riesgo de ser procesada penalmente, bien sea por el delito de aborto o ser sancionadas por la autoridad migratoria por no tener permiso de residencia en Colombia. La segunda opción es hacerlo por cuenta propia y exponerse a estafas, dosis inadecuadas, consecuencias negativas para su salud y, en algunos casos, la muerte. Las vidas de niñas y mujeres migrantes seguirán en riesgo mientras esto persista.
*El nombre fue cambiado para proteger su identidad e intimidad.
