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Los artistas y la industria musical se organizan para rechazar la Ley Ómnibus del gobierno de Milei

Fabiana Cantilo, Richard Coleman e Hilda Lizarazu encabezan el cartel del festival contra el DNU, y en defensa del Inamu, los órganos de fomento y la gestión colectiva de la propiedad intelectual

Por  HUMPHREY INZILLO

enero 23, 2024

FabianaCantilo, una de las artistas que se presenta en el CAFF contra la Ley Ómnibus.

“Tocamos para que no toquen el INAMU”. Esa es la consigna del festival que la Unión de Músicxs Independientes (UMI) organizó para este martes 23, Día Nacional del Músicx, en defensa del INAMU, ante el inminente tratamiento de la llamada “Ley Ómnibus”. El concierto no solo apoya al INAMU, sino a los diferentes órganos de fomento a la cultura y la gestión colectiva de la propiedad intelectual. La cita es en el Club Atlético Fernández Fierro, Sánchez de Bustamante 772, con entrada gratuita hasta agotar la capacidad de la emblemática sala del Abasto porteño. 

La grilla incluye la presentación de Fabiana Cantilo, Richard Coleman, Hilda Lizarazu, Fena Della Maggiora, Las Bodas Químicas, Richter, Isabel de Sebastián, Sofia Viola, Barbarita Palacios, Javier Casalla, Lorena Astudillo, Sol Bassa, Juane Pelegrin y Maryta de Humahuaca, entre otras figuras de la escena local.  

”Esta ley trata todo lo que tiene que ver con el fomento a la cultura en general, y a las artes en particular, desde la lógica de mercado. Entonces, se incentiva profundamente la competencia y se trata al arte, o a las producciones artísticas, como si fueran productos hechos en serie”, explica Diego Boris, uno de los principales impulsores y exvicepresidente de la UMI (2002-2009), uno de los redactores e impulsores del proyecto de Ley de Creación del INAMU, también conocido como Ley de la Música, y expresidente de dicho organismo en dos períodos (2014-2018; 2018-2022).  Consultado por ROLLING STONE, el actual presidente del INAMU, Bernabé “Buco” Cantlon, evitó referirse públicamente al tema, ya que está manteniendo reuniones y negociaciones en el ámbito institucional.

“Por ejemplo, alguien fabrica vasos y optimiza costos y, entonces, al mismo costo con el que fabrica 50 vasos, logra fabricar 100, entonces cada vaso va a ser más barato y va a poder vender mayor cantidad. Pero esa lógica no puede ser trasladada a las producciones artísticas. Nadie va a componer más canciones, nadie va a escribir más libros. Son situaciones que nada tienen que ver con la economía de la cultura, donde cada fomento que se otorga, triplica o cuadriplica la inversión de los propios artistas que llevan adelante sus producciones. Entonces hay algo de base ya que está mal”, argumenta Boris, quien fue el representante del sector en las Comisiones de Diputados. Allí no sólo defendió al INAMU, sino a los organismos de Fomento especifico y la gestión colectiva de Derechos Intelectuales. Al final de su exposición incluyó audios de Atilio Stampone, Leopoldo Federico, “Donvi” Vitale, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati y Luis Alberto Spinetta, grabadas en 2008, apoyando la Ley Nacional de la Música.

 

Pero no es eso lo único que cuestiona Boris, en representación del sector. “Si realmente se quisiera mejorar el funcionamiento de los organismos vinculados al sector, lo lógico sería que se mandara el proyecto en sesiones ordinarias con cada uno de los organismos y, ahí sí, debatir para ver qué se puede optimizar, cómo mejorar la administración y los recursos, y tomarse el tiempo que merece cada área de la cultura. El teatro, el cine, la música, las artes plásticas… Pretenden igualar las diferentes situaciones de las artes como si fuera todo lo mismo. Ese es un segundo error conceptual. Y el tercero es que las modificaciones que proponen en cada uno de los institutos no tienen que ver con la realidad de los institutos. En el caso del INAMU, la propuesta original era estatizarlo. Paradójicamente, proponían eliminar un ente público, no estatal. Porque la aprobación de la gestión no la tiene el Poder Ejecutivo, sino las 24 secretarías o ministerios de Cultura a nivel gubernamental de las 23 provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, expone.  

“Creo que este DNU pretende afectar lo mejor que tienen cada uno de los órganos de fomento de la cultura, como si en realidad molestara que haya una una cultura libre. Porque de nada sirve declamar los conceptos de libertad, si vos no tenés el ejercicio de la libertad. En un país tan extenso como el nuestro y tan federal, la única manera, como decía Arturo Jauretche, es que igualemos y después larguemos. Porque ahí sí van a estar en las mismas condiciones. No es lo mismo un músico o una música o un proyecto artístico que vive cerca de los centros urbanos o que tiene recursos económicos como para llevar adelante un proyecto, que grupos o solistas a 300 o 400 kilómetros de la capital de una provincia, donde realmente los medios de producción están más alejados. Entonces es sólo una ecuación económica para que exista, para nosotros, la libertad artística, que es el bien más preciado. Pero, más allá de las particularidad del INAMU, hay un error conceptual de cómo se ve al fomento a la cultura y su relación con la economía de la cultura”, sostiene el músico y dirigente. 

Hay otro tema que no es menor. Según consigna un artículo de Télam, entre las modificaciones que plantea el proyecto enviado al Congreso está la descentralización de entidades como Sadaic (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) y Argentores (Sociedad General de Autores de la Argentina). Se trata de la norma 11.723 que protege los derechos de las y los autores de obras científicas, literarias, artísticas o didácticas. Eso generaría que estos colectivos pierdan su condición de única representación de cada rubro artístico para compartir esta tarea con otros colectivos o incluso artistas que, a título individual, deseen gestionar sus derechos de autor. 

Al modificar la ley, se rompe con la lógica centralizada de la gestión de cada sociedad para que cada artista y cada intérprete o titular de derechos pueda decidir si quiere realizar la gestión de manera independiente o poner en manos de estas sociedades de gestión la recaudación que hace actualmente.

De esta manera se abre también la posibilidad de la gestión individual o colectiva, ya que no se puede optar por ambas. También habilita que se creen nuevas entidades de gestión colectiva que van a estar auditadas y reglamentadas por la dirección nacional de derechos de autor que depende del Ministerio de Justicia. Eso establece plazos para la redistribución de la recaudación que no podrán ser mayores a un año.

“La ley que tiene Argentina es realmente la envidia de las entidades de gestión colectiva en todo el mundo. Es una ley que había estado impulsada por Homero Manzi, por Enrique Santos Discépolo, por gente muy comprometida, que logró que las sociedades entiendan que hay una propiedad intelectual que es más genuina que la propiedad sobre los bienes físicos. ¿Por qué es más genuina? Porque es producto de la creación, no es producto sólo del intercambio económico. Si alguien crea una canción o una obra literaria o un guion de una película, claramente hay algo propio que es intransferible. Entonces, ¿por qué tratar diferente a la propiedad física sobre la propiedad intelectual?”, interroga. 

Por su parte, la Asociación Argentina de Intérpretes (AADI), dirigió el lunes 22 una carta a cada uno de los Diputados solicitando el integro rechazo del capitulo de Propiedad Intelectual (insertado en el titulo “Justicia”) del Proyecto de Ley conocido como Ley ómnibus.

Además de los Directivos de AADI como Susana Rinaldi -la nota acompañó un video de la Presidente de la entidad-, Zamba Quipildor, Teresa Parodi o Guillermo Novellis (vocalista de La Mosca), la nota fue firmada por miles de músicos y músicas de todo el país. Encabezados por León Gieco, Elena Roger, Marián Farías Gómez, Victor Heredia, Juan Carlos Baglietto, Celeste Carballo, Alejandro Lerner, Pedro Aznar, Lito Vitale, Jairo, Julia Zenko, Liliana Herrero, Hilda Lizarazu, Marilina Ross, Bernardo Baraj, Rodolfo Mederos, Miguel Cantilo, entre muchos otros.

En la nota se expresa que el Proyecto es un ataque letal a la gestión colectiva de derechos “que está en el corazón de la cultura nacional y que funciona en nuestro país desde hace más de 100 años y cuya sustentabilidad económica no depende en absoluto de dineros públicos ni del financiamiento por parte del Estado a la vez que afecta el derecho de los/las intérpretes argentinos/as”.

En la nota aclaran que AADI es una asociación civil sin fines de lucro, que no maneja ni recibe fondos públicos, y que tampoco fija los aranceles que son autorizados por el Estado. 

AADI denuncia que “se quiere erigir una oficina estatal con facultades omnímodas sobre la gestión colectiva, a punto tal de dar o quitar la autorización para funcionar, y cuando eso ocurre en el ámbito de la cultura, entonces hay que pensar en censura”.

AADI se suma así a la impugnación al proyecto que han hecho pública otras entidades de la cultura como Argentores, SAGAI (Sociedad Argentina de Gestión de Actores e Intérpretes), DAC (Directores Argentinos Cinematográficos) y SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música).