Ante la polémica propaganda que ha difundido dentro del país la administración de Trump, la cual, se ha considerado racista y antiinmigrante, el gobierno mexicano propuso una ley que prohíbe la difusión de propaganda política extranjera.
La nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y apoyada por el partido MORENA, tiene como objetivo regular este tipo de contenido en cualquier medio de comunicación. Sin embargo, esta ley ha generado muchas críticas en la oposición, especialmente por la forma acelerada en la que está siendo aprobada. Fue presentada ante las comisiones unidas del Senado, a las 10 de la noche este mismo miércoles y fue aprobada precipitadamente, con 29 votos a favor y 9 en contra, sin cambios al dictamen.
El senador Ricardo Anaya expresó su preocupación ante la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, diciendo: “Estamos hablando de 226 páginas y 283 artículos, se publicó ayer, a las 10 de la noche, ni siquiera lo han leído.”
Un tema importante de esta ley es el poder que tendrá la recién creada Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que estará bajo el control del poder ejecutivo. Esta agencia tendrá las mismas facultades que antes tenía la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Comunicaciones y el extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones, que era un organismo autónomo. El senador Anaya comentó: “Todas las facultades, para decidir qué sí se puede pasar en radio, televisión, internet, redes sociales, concesiones, todas esas facultades, en una sola persona. Porque quieren el control de la narrativa pública, como lo hacen todos los regímenes autoritarios en el mundo, quieren controlar lo que se dice en la radio, lo que sale en la televisión. Pero ahora no tienen límites, quieren controlar redes sociales, plataformas digitales, todo el control”.
Dentro de la nueva ley, los artículos más importantes son:
El artículo 109 le da a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) el poder de bloquear plataformas digitales por motivos como “seguridad nacional”, evasión fiscal o protección de derechos de las audiencias. Es uno de los artículos poco definidos, poco claros y cuya ejecución genera preocupaciones que pueden caer en posibles abusos e incluso en la censura.
También se discute el otorgamiento de concesiones comerciales a entidades públicas, tocado por el artículo 35, esto eliminaría el trato diferenciado que existía anteriormente con los empresarios, afectando así la competencia con el sector empresarial y generaría una contradicción con el artículo 28, el cuál prohíbe las prácticas monopólicas.
Respecto a la publicidad de gobiernos extranjeros, el artículo 210 dice: “Los concesionarios que presten el servicio de radiodifusión, televisión o audio restringidos en el país, no podrán transmitir propaganda política, ideológica, comercial o de cualquier tipo de gobiernos o entidades extranjeras, con excepción de la promoción turística o cultural. Tampoco se permitirá que gobiernos extranjeros utilicen los medios de comunicación nacionales para influir en los asuntos internos del país”.
Las sanciones que tendrá el incumplir este reglamento aplicará una multa del “2% hasta el 5% de los ingresos del concesionario, autorizado, programador, o plataforma digital.” Esto se menciona en el artículo 276, donde se aclara que la sanciones las aplica la Secretaría de Gobernación.
El discurso oficial ha generado inquietud, como lo mostró la diputada Lizeth García del Partido del Trabajo (PT), quien comentó: “La televisión, la radio, la prensa, las redes sociales, tienen un poder inmenso. El Estado tiene la obligación de actuar cuando ese poder se utiliza para sembrar odio o dividir al pueblo”.
También siguiendo un discurso “nacional” que defiende la “soberanía” mexicana , el senador Anibal Ostoa Ortega, del partido MORENA, mencionó: “Durante años los medios de comunicación en México han sido en muchos casos herramientas de manipulación, de intereses ajenos al pueblo y serviles a las élites nacionales e internacionales”.
En contraste, la presidenta Claudia Sheinabum ha aclarado que: “El gobierno de México no va a censurar a nadie, mucho menos lo que se publica en plataformas digitales” y respecto al artículo 109 comentó: “El artículo que tiene que ver con las plataformas digitales, nunca ha sido nuestro deseo censurar a nadie, entonces o que se modifique la redacción o que se elimine, no hay problema porque ese artículo no es el centro de la ley”.
