Aborto en Iberoamérica, una deuda histórica

El acceso al aborto legal y seguro es una de las demandas feministas por excelencia. Si bien este derecho ha tenido avances en varios países de América Latina, las barreras persisten incluso en Estados donde la ley lo cobija desde hace varias décadas

Por  LAURA VÁSQUEZ ROA

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Fotografía por Alexa Rochi

En 1916, la anarquista lituana Emma Goldman se pronunciaba en plazas públicas y debates recordando que es la mujer quien arriesga su salud y “sacrifica su juventud en la reproducción de la especie”, y que por tanto, debería tener la capacidad de decidir cuántos niños traer al mundo. Goldman hablaba de los anticonceptivos, del aborto y de la autonomía de las mujeres sobre sus vidas hace más de un siglo.

Durante las décadas de la contracultura y la revolución sexual, sobre todo en Estados Unidos y Europa occidental, el movimiento feminista dedicó buena parte de sus esfuerzos a reivindicar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. Se exigieron políticas de salud sexual integral y la posibilidad de abortar de forma segura y legal para separar la sexualidad de la reproducción. En buena parte de esos países, esto parece historia del siglo pasado. Pero en realidad no lo es.

En esta segunda década del siglo XXI, muchos de esos derechos no han sido realmente alcanzados y no solo en regiones como América Latina, sino también en buena parte del mundo, donde los movimientos políticos y religiosos de extrema derecha han vuelto sus ojos sobre la posibilidad de las mujeres para decidir sobre sus cuerpos.

“No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados”, decía Simone de Beauvoir. “Estos derechos nunca se dan por adquiridos, deben permanecer vigilantes toda la vida”.

Así, en medio de avances y retrocesos, buena parte de los países de América Latina conviven con un debate público sobre aborto con matices locales. Más allá de los aspectos ideológicos, el llamado desde las organizaciones coincide en enmarcarlo en un asunto de salud pública. La prohibición no elimina los abortos, solo fomenta los procedimientos inseguros que ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres, hombres trans y personas no binarias que abortan.

La marea verde se extiende por América Latina con mucha fuerza. Desde el sur del continente, el movimiento feminista argentino ha dado muestras de una persistencia que ha tenido mayor visibilidad mediática en los últimos cinco años y ha dado frutos muy importantes: se hizo ley.

A su vez, otros países de la región tienen ahora un respaldo cada vez más masivo del movimiento social, protagonizado principalmente por nuevas generaciones de mujeres para quienes implica más que un procedimiento médico, y se conecta más bien con el derecho a decidir sobre sus proyectos de vida.

En países como España, por ejemplo, si bien este derecho fue una conquista del movimiento feminista desde hace varios años, en la práctica persisten barreras para las mujeres con mayor riesgo de exclusión. Además, se suma la respuesta del movimiento antiderechos que tiene agenda mundial y representa un fenómeno reaccionario y conservador con grandes financiadores.

A pesar de las diferencias de contexto, la región iberoamericana no solo comparte una historia, sino unos valores culturales que sirven para hacer una lectura del estado de este derecho. Por todo esto hemos decidido revisar qué ocurre en Argentina, Colombia, España y México, para entender mejor esta marea verde y lo que representa en términos culturales. 

Argentina

En Argentina existe la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo desde diciembre de 2020, y en este momento transita una incipiente implementación que aún cuenta con obstáculos, pues el aborto no se desconecta de las desigualdades estructurales que son una constante en América Latina. La crisis que causó la pandemia y la falta de decisión política para garantizar estos derechos en algunas provincias del país se suman a estas inequidades.

Como indica Laura Salomé, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, con esta ley se combaten las muertes por procedimientos inseguros de alrededor de 37 mujeres al año y más de tres mil desde el comienzo de la democracia; la inseguridad de entre 300 mil y 500 mil abortos clandestinos al año; la falta de acceso en algunos territorios a las interrupciones del embarazo que ya eran legales desde 1921; y también se ataca la sanción punitiva y discriminatoria que criminaliza a las más jóvenes y empobrecidas.

“Durante 15 años exigimos al Estado el reconocimiento de la autonomía de las mujeres y personas gestantes con la sanción de una ley como resolución a la problemática de los abortos inseguros y clandestinos desde una perspectiva de salud pública, justicia social y de DDHH”, cuenta con orgullo Laura. “Esta es una ley feminista que hoy obliga al Estado a garantizar, nada más ni nada menos, que el acceso universal a la salud integral”.

Por supuesto, el camino para eliminar los obstáculos estructurales aún es largo. Las consecuencias sobre las desigualdades territoriales e históricas para el acceso a la salud de las mujeres y otras personas que abortan recaen sobre las más jóvenes y empobrecidas, quienes habitan los territorios más conservadores del país. En algunos centros de salud, en los primeros tres meses de implementación de la ley, ya se garantizaron la misma cantidad de abortos que en todo 2020. Las y los profesionales de la salud que ya garantizaban interrupciones de embarazos, se transformaron en una consulta obligada para el resto. Sin embargo, la provisión de los medicamentos para este procedimiento, el misoprostol y la mifepristona, también aparece como una barrera; en este último sentido, la periodista y activista hace un llamado al Estado para que se avance en la producción propia, sin depender de las empresas privadas.

MARCELLO ENDELLI/GETTY IMAGES

Mientras las barreras persisten, esta campaña sigue con una agenda clara: mantenerse organizadas para exponer y visibilizar las limitaciones de la ley. Uno de los puntos que más les preocupan tiene relación con la llamada “objeción de conciencia” por parte de las y los profesionales de la salud, que en algunos territorios ya era total.

A su vez, identifican que la falta de capacitación o sensibilización sobre el derecho al aborto, los intentos de judicializaciones por parte de diferentes ONG, la falta de acceso a la información pública y el desgaste del sistema de salud debido a la atención de la pandemia, son algunos de los temas que identifican como problemáticos y sobre los cuales se requiere atención.

La respuesta feminista no se ha hecho esperar. La Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, que forma parte de la campaña, ya cuenta con miles de trabajadoras y trabajadores de distintas disciplinas que comparten recursos para seguir garantizando el derecho. Al mismo tiempo, con el cumplimiento del primer año de la expedición de la ley de aborto legal, mantienen su organización en plenarias para visibilizar todo lo que falta para una garantía efectiva de este derecho.

En las zonas más conservadoras del país se recrudecen las desigualdades históricas, así que estas activistas enfocan sus esfuerzos en esos territorios, mientras se preparan para una aplicación completa de la ley. Laura termina con algo de conocimiento público, la revolución cultural que avanza a pasos agigantados: “Sabemos que hicimos historia porque lo que pasó con los debates, y sobre todo el apoyo masivo de la gente en las calles cada vez que hubo una convocatoria, nos dio la pauta de que no hay marcha atrás, de que hubo una revolución cultural, de que hay pibas, las más jóvenes, que no van a dejar pisotear sus derechos. Fuimos cientas de miles, quizás millones, y el día de la sanción de la ley seremos las mismas que vamos a defender esas conquistas en todos los territorios donde haya que estar”.

Colombia

En Colombia, desde hace 15 años, existen tres circunstancias (o causales) en las que se permite el aborto legal. Estas quedaron consignadas en una demanda de la ONG Women’s Link Worldwide ante la Corte Constitucional en 2006, impulsada por gran parte del movimiento de mujeres. Este sistema de causales que despenalizó la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) por medio de la Sentencia C-355, permite el acceso a la IVE como un derecho fundamental, sin límite de tiempo, en tres circunstancias: 1. Cuando el embarazo constituye un riesgo para la vida y la salud física, mental y social de la mujer. 2. Cuando existe una grave malformación del feto que haga inviable su vida fuera del útero. 3. Cuando el embarazo sea el resultado de violencia sexual, incesto o de inseminación artificial o transferencia del óvulo fecundado no consentidas.

Actualmente cursa una nueva demanda ante la Corte Constitucional que busca eliminar el delito de aborto del código penal y que ha tenido grandes demoras en su discusión. Entre los 90 argumentos que presentó el movimiento Causa Justa junto con la demanda, uno de los principales postulados indica que el aborto en Colombia tiene una doble condición muy problemática: es delito y derecho a la vez.

Para Mariana Ardila, una de las abogadas demandantes parte de la organización Women’s Link y de Causa Justa, las causales de la sentencia C-355 y posteriores, son amplias porque incluyen el riesgo para la vida y la salud de las mujeres, y por eso existía la esperanza de que fueran suficientes para recoger allí la mayoría de los abortos que las mujeres necesitan y desean hacerse. Lamentablemente, 15 años después, la evidencia es contundente al mostrar que las causales solo han logrado recoger entre el 1 y el 12 % –dependiendo de la estimación que se haga– de los abortos que se realizan en el país dentro del sistema de salud.


Aunque parece historia del pasado, la segunda década del siglo XXI tiene una fuerte presencia mundial de movimientos políticos y religiosos de extrema derecha que han centrado su atención en limitar la autonomía de las mujeres.


“Esto está dejando por fuera a muchas mujeres, especialmente a niñas, adolescentes y mujeres que viven en contextos de alta vulnerabilidad como zonas rurales, zonas afectadas por el conflicto armado, zonas periféricas de las ciudades y zonas de frontera”, explica Ardila. Esto es parte de las diferentes barreras de acceso que la misma Corte ha verificado y que ha luchado por eliminar al igual que el movimiento de mujeres, pero que no ha sido posible. La conclusión a la que llegamos es que, el hecho de que se siga usando el derecho penal para regular el aborto, a excepción de los tres casos mencionados, impide que se respeten siquiera esas causales. A pesar de que ya han pasado 15 años desde que se estableció que el aborto es un derecho, las dificultades persisten, por lo que cientos de mujeres firmaron una demanda que le pide a la Corte derribar esas barreras estructurales.

El planteamiento incluye una solución: eliminar el delito de aborto y pasar a otras formas de regulación que no sean penales sino sanitarias, dinámicas que ya se han intentado en otros lugares del mundo con muy buenos resultados, incluso con una reducción del número de abortos y con abortos que se dan en las primeras semanas de la gestación, diferente de lo que ocurre hoy en Colombia.

Así como la marea verde de activismo feminista se ha extendido por gran parte de la región, Colombia no ha sido ajena a esta movilización social. No solo se ha hecho sentir en las calles, sino que ha representado un trabajo autogestionado donde las acompañantes han ideado rutas y formas de acercar el aborto seguro, incluso desde la clandestinidad. En el marco de un panorama con limitaciones, las redes de acompañamiento feminista buscan llenar de seguridad y tranquilidad a quienes abortan, con información segura y medicamentos confiables, sin esperar la respuesta del Estado, pues saben que un embarazo no deseado no da espera.

España

En España es legal ejercer el derecho al aborto desde 1985, bajo el modelo de causales. Sin embargo, solo desde 2010 hay una mayor seguridad jurídica y física para las mujeres, y jurídica para los equipos profesionales. En la actualidad existe un modelo de plazos que contempla la interrupción del embarazo por libre voluntad de la gestante hasta la semana 14. Hasta la semana 22 se puede solicitar por patología fetal y por afectaciones a la salud materna, tanto físicas como mentales. Luego de este plazo solo se puede practicar si existen anomalías fetales incompatibles con la vida o se detecta una enfermedad “extremadamente grave o incurable”, según se consigna en la ley.

Casi 100.000 mujeres al año ejercen su derecho al aborto como parte del sistema de sanidad pública, dentro de la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud financiado por las comunidades autónomas, según explica Sonia Lamas Millán, psicóloga feminista y experta en salud sexual y reproductiva de la Clínica Dator. Esta fue la primera clínica acreditada para la interrupción del embarazo en España.

Quienes pueden acceder al aborto son mujeres que tienen reconocido el derecho a la asistencia sanitaria pública, aquí es donde se detectan las primeras barreras, pues muchas mujeres migrantes no tienen el derecho a la salud garantizado.

Sol Martínez Blanco, coordinadora del área de salud y migraciones de la ONG Médicos del Mundo Madrid, explica que el principal obstáculo para las mujeres migrantes aparece para las que llevan menos de tres meses en España y las que llevan más de tres meses, pero que no pueden demostrarlo. Esto al menos en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde se exige pasaporte en vigor y demostrar por lo menos tres meses de empadronamiento, es decir, de registro de residencia en el país para acceder al sistema de salud público.

Para las que no cuentan con estos documentos, queda la opción de las clínicas privadas, pero el costo ronda los 450 euros, lo que supone una barrera importante para mujeres en situación de vulnerabilidad sin suficientes recursos económicos. Según Sonia Lamas, son pocas las mujeres que no pueden acceder a la prestación de forma pública, gracias al apoyo de las ONG y de las mismas trabajadoras sociales de los centros de atención primaria, pero esto sigue representando un impedimento que debe superarse.

Sin embargo, esta no es la única población que enfrenta barreras. Las adolescentes de 16 y 17 años viven una situación que las expone ante la necesidad de obtener un permiso de su familia, algo que puede llevarlas a abortos inseguros.

La marea verde avanza : América Latina experimenta una revitalización del movimiento feminista, en gran media asociado a la defensa del derecho al aborto.
ARANCHA RÍOS

Más allá del marco legal, el estigma sobre el aborto es muy persistente. España también ha sido escenario de situaciones de acoso y hostigamiento por parte de grupos religiosos contrarios al derecho al aborto. Este tabú tiene serias implicaciones en distintos aspectos: falta de información para acceder a la IVE de forma pública, pocos profesionales formados en salud sexual y salud reproductiva, incluida la práctica de la interrupción del embarazo como indica la ley, y un importante número de profesionales de la red pública que se acogen a la objeción de conciencia. Sin personal capacitado en técnicas de interrupción del embarazo, ni en procesos de acompañamiento psicosocial, el relevo generacional se hace más difícil, mientras el estigma promueve la desinformación.

Desde el activismo y la organización social se trabaja para sortear estas barreras. Sol asegura que el equipo de Médicos del Mundo hace todo lo posible para acompañar a las mujeres que lo necesitan, desde el apoyo en los trámites de pasaporte y la inscripción con celeridad en el sistema de salud, hasta la recolección de testimonios para denunciar irregularidades frente a este derecho.

Aunque los avances han sido una conquista mayoritariamente feminista, por varios años el tema perdió fuerza. “Siendo muy crítica, yo misma feminista, las rutas que se ofrecen son escasas porque una vez conseguido el derecho, lo hemos perdido o dejado de lado en la agenda feminista”, reflexiona Lamas. “Como no hay formación a ningún nivel, tampoco se sabe por parte del movimiento feminista cómo tienen que acceder las mujeres a la IVE pública para no hacerlas pasar por todo un periplo”. Por esto opina que, en alguna medida, organizaciones como Médicos del Mundo tienen planteamientos más realistas y rutas de acompañamiento más claras.

Recientemente, el Ministerio de Igualdad ha mencionado la necesidad de reforzar en el sistema público el compromiso frente la IVE, e incluso trabaja en un proyecto de ley. Lamas se muestra contraria a los cambios legislativos que lleven sí o sí este servicio a las instalaciones públicas, sin pensar en las necesidades reales y en cómo afrontar lo que hay que mejorar “sin reventar la ley”.

México

México ha vivido un cambio vertiginoso en los últimos años en materia de aborto. Por mucho tiempo el acceso legal solo fue posible en Ciudad de México. Ahora, de los 32 estados que componen al país, el aborto es legal solo en cinco de ellos: Oaxaca, Veracruz, Hidalgo, Coahuila, la Ciudad de México y, recientemente, Baja California. El fallo de la Suprema Corte de Justicia en Coahuila del pasado mes de septiembre sentó un precedente para los códigos penales locales, pues se consideró que la criminalización es inconstitucional.

Como los avances son tan recientes, las barreras siguen sin ser plenamente superadas, a pesar de que los desarrollos constitucionales crean otro panorama, uno más favorable con los derechos de las mujeres. Aunque legal en algunos estados, la accesibilidad no es suficiente. No hay instituciones preparadas, todavía está muy presente la presión de la objeción de conciencia que muchos médicos utilizan, como cuenta Ana Díaz, de la colectiva feminista Las Borders. “Toda América Latina es muy conservadora, por no decirle de otra manera, y para quienes se presentan las barreras con mayor frecuencia es para las mujeres de las periferias, mujeres migrantes, usuarias de sustancias psicoactivas o personas de escasos recursos y que viven en zonas rurales”.

Ana da un ejemplo muy diciente sobre la persistencia de las desigualdades para acceder a este derecho: si bien en Ciudad de México hace varios años fue despenalizado el aborto, a Las Borders les llegan muchos mensajes desde allí; “Nosotras, que hacemos acompañamiento de aborto seguro con medicamentos en casa, todavía recibimos mensajes de morras de Ciudad de México que prefieren hacerlo de manera segura, porque las barreras siguen desde el estigma hasta la accesibilidad en hospitales”.

Autogestión y acompañamiento: Las redes de acompañamiento de mujeres trabajan por el acceso al aborto seguro, en muchos casos, en la clandestinidad. No esperan la respuesta del Estado y por eso se organizan. REUTERS/EDGARD GARRIDO

El papel del activismo para garantizar el acceso es similar al de otros países latinoamericanos: brindan información sobre rutas de acceso, dan también rutas alternativas a través de las redes de acompañamiento, trabajan por la despenalización social. “A nivel México y Latinoamérica hay muchas colectivas que ofrecemos acompañamiento a distancia o presencial para poder llevar un aborto de manera segura, en casa. Creemos firmemente en que no necesitamos al Estado, ni que sea legal para abortar de manera segura, es claro que aportaría un poco a que fuera más fácil y accesible para muchas mujeres y personas gestantes, pero trabajamos para crear estas redes bien poderosas”.

Quienes las contactan para ser acompañadas en la interrupción voluntaria y segura de su embarazo, se convierten muchas veces en parte de una red más amplia que replica esta información, vinculándola con otros temas que van de la mano, como la violencia de género, la violencia obstétrica, los derechos sexuales. “Aparte del acompañamiento, trabajamos la despenalización social para que se pueda ver el aborto de manera más natural y estas redes son bien importantes en México. En todos los estados trabajamos por este derecho a decidir, articulándonos y creando redes más fuertes para que las mujeres puedan acceder a sus derechos de manera más fácil, acompañadas por alguien que conozca su contexto. A lo que más le apostamos es a reafirmar esta autonomía de las mujeres para decidir cómo y cuándo queremos o no queremos llevar a cabo una maternidad, y que cada vez sean más las maternidades deseadas, para que haya infancias seguras y vivamos nuestra vida de la mejor manera posible”.