Desde su primera llegada al poder en 1996, el Talibán ha impuesto una interpretación estricta de la ley islámica (sharía) en Afganistán, restringiendo de manera drástica los derechos de las mujeres y aplicando castigos como latigazos a quienes consideraban que violaban su código moral.
Tras la invasión estadounidense en 2001, muchas de esas restricciones fueron derogadas. Sin embargo, con el regreso del Talibán al poder en 2021, varias de esas medidas fueron reinstauradas y, en el último año, se han endurecido todavía más.
El pasado 4 de enero de 2026, el Emirato Islámico de Afganistán (EIA), aprobó el nuevo ‘Código de Procedimiento Penal para los Tribunales Talibán’ (conocido como De Mahakumu Jazaai Osulnama), firmado por el líder supremo del grupo, Mullah Hibatullah Akhundzada.El Código, que consta de 119 artículos, tres capítulos y diez secciones, legitima la violencia doméstica contra mujeres y niños; legaliza la esclavitud al establecer categorías de amos y esclavos; clasifica a los opositores del Talibán como “herejes” y, entre otras disposiciones, autoriza a particulares a ejecutar castigos.
Sanciones según el estatus social y cultural
De acuerdo con el contenido del código, uno de los puntos más críticos es el establecido en el Artículo 32, que elimina la tipificación del delito de violencia intrafamiliar al considerar que las agresiones dentro del hogar no serán perseguidas por el Estado si el agresor alega una justificación moral o religiosa.
Según el texto, «Si un esposo golpea a su esposa con violencia excesiva resultando en fractura, lesiones, o la aparición de moretones en su cuerpo, y la esposa prueba su reclamo ante el juez, el esposo es considerado un criminal; el juez deberá sentenciarlo a quince días de prisión».
Lo que resulta irónico es que, más adelante, el artículo 70 fija penas de hasta cinco meses de prisión para quienes organicen peleas de animales, estableciendo así una sanción más severa para estas conductas que para ciertos actos de violencia cometidos contra personas en el ámbito familiar.
Además, la normativa establece una estructura jerárquica que segmenta a la sociedad afgana en cuatro categorías: eruditos religiosos, élites, clase media y clase baja, lo que les asigna un trato diferenciado ante la ley. En la práctica, las sanciones dejan de responder únicamente a la gravedad del delito y pasan a estar determinadas por el estatus y la posición social del acusado.
El clero y la élite solo reciben advertencias, amonestaciones o citaciones judiciales, mientras que la clase media puede enfrentar penas de prisión. En contraste, la clase baja puede ser castigada con amenazas, golpes e incluso hasta 39 latigazos, según lo estipulado en el capítulo 3, artículo 9.
Pero, ¿de dónde sale todo este nuevo marco legal?
Aunque el anuncio no detonó un debate inmediato, ya fuera por su carácter discreto, la ausencia de un proceso formal abierto o la aún limitada cobertura mediática, el contenido terminó por conocerse tras la filtración del documento por parte de organizaciones de derechos humanos.
Tal es el caso de Rawadari (término que significa ‘tolerancia’ en persa), una organización de derechos humanos que trabaja para fortalecer el movimiento de derechos fundamentales en Afganistán.
La agrupación publicó una primera copia en pastún del ‘Código de Conducta Penal para los Tribunales Talibán’, junto con un extenso comunicado en el que analiza cómo distintos artículos del texto afectan negativamente a mujeres, niños, comunidades suníes no hanafíes, sectas chiítas, minorías religiosas y otros sectores de la población.
Asimismo, Richard Bennett, relator especial de la ONU sobre la situación de los derechos humanos en Afganistán, advirtió públicamente que el nuevo código de procedimiento penal podría tener efectos “sumamente preocupantes” para la población afgana.
Mientras la comunidad internacional condena el nuevo código, Afganistán se perfila como el único país del mundo donde la violencia contra las mujeres queda, ede facto, una política de Estado protegida por la ley, lo que sitúa a millones de afganas en una condición de vulnerabilidad extrema, sin garantías efectivas de protección ni vías reales de denuncia.
