Cerca a la biblioteca pública, uno de los pocos lugares con conectividad dentro de El Salado, Rosa se acomoda para atender mi llamada. Su nombre no es ese en realidad, prefiere mantenerse en el anonimato como tantas otras defensoras de derechos humanos de los Montes de María. En el 2000, cuando ella apenas tenía 24 años y ya era mamá, llegaron los paramilitares a su pueblo un 18 de febrero. Apenas pudo, salió desplazada hacia la ciudad de Cartagena, como las otras casi 4000 personas que huyeron del horror, aunque cada una tomó distintos rumbos.
Pese a todo lo vivido hace 25 años, Rosa continuó adelante y, recientemente, logró graduarse como abogada. Sin embargo, desde mucho antes de tener un título, se dedicó a luchar por el bien común de las y los saladeños. Cuando le pregunto qué quisiera que el país escuchara cuando se habla de la conmemoración de ese horror, lo primero que me dice es que quiere que recuerden la resistencia y la resiliencia de un pueblo que fue masacrado y al que se le sumó un cuarto de siglo de incumplimiento estatal.
Las demandas de los pocos habitantes que persisten en El Salado no son tan distintas de las que gran parte de la Colombia rural reclama: salud, educación, tierra, oportunidades de trabajo digno. El pueblo no tiene un puesto de salud, por ejemplo. Rosa se apresura a aclarar que más que una lista de quejas lo que quieren es que Colombia reviva la memoria para que no se vuelva a repetir algo así, pero también para que haya verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, como dice la ley que todavía no se cumple.
Los reclamos por la no repetición también hablan de los riesgos que persisten en toda la región de los Montes de María, que abarca quince municipios de los departamentos de Bolívar y Sucre. “Nos toca la inseguridad y el miedo de la región, porque en nuestras vías y en la ruralidad se percibe todavía la presencia de grupos al margen de la ley que tienen diferentes nombres. Las y los campesinos temen y no hay garantías eficaces para la seguridad de las personas. No se denuncia porque aquí en Colombia todo pasa y nadie responde”, explica Rosa.
Esa vulnerabilidad a la violencia es una faceta más de las que vive el campesinado que mayoritariamente no tiene tierra. “El acceso a la tierra es un gran impedimento. No hay medidas efectivas del gobierno nacional que atiendan esta necesidad porque las tierras siguen en manos de los que históricamente las han tenido y aunque han entregado algunas, no son suficientes. El campesino sigue sin tierras y no hay garantías para que esté en el territorio y genere unas economías sostenibles y proyectos de vida aquí”.
Por todo esto, cada 18 de febrero y hasta el 21, conmemoran las fechas como un ejercicio de memoria necesario. “Estas son fechas muy significativas porque hay personas que todavía no han podido superar esto y porque no olvidamos todo lo que sucedió”.
Este año además decidieron manifestarse pacíficamente en las calles de El Carmen de Bolívar, municipio al que pertenece este pueblo. Saben que tienen detractores, que sus marchas son vistas con sospecha, pero no por eso desisten de hacerlas.
Convocatoria a la movilización que conmemora los 25 años de la masacre.
Hace 25 años
En febrero de 2000, entre el día 16 y el 21, el corregimiento de El Salado fue escenario de una masacre perpetrada por un grupo de 450 paramilitares bajo el mando de Salvatore Mancuso y Rodrigo Tovar Pupo, alias ‘Jorge 40’. Durante varios días, estos hombres cercaron el pueblo, tras haber cometido asesinatos en veredas cercanas de Ovejas, Sucre y Córdoba, Bolívar, entre otras.
El 18 de febrero fue el día en que los paramilitares llegaron al casco urbano, obligaron a los habitantes a reunirse en la plaza central y dieron inicio al horror. Las víctimas fueron torturadas, abusadas, desmembradas y 60 de ellas fueron asesinadas al ritmo de la música que los paramilitares usaron como telón de fondo.
Tras la masacre, prohibieron a los sobrevivientes enterrar a sus muertos y abandonaron el pueblo. Más de 4.000 personas salieron desplazadas hacia donde pudieron, dejando veredas y caseríos prácticamente vacíos. A pesar de la cercanía de unidades militares, como el Batallón No. 5 y el Batallón de Contraguerrilla de la Infantería de Marina, las fuerzas del Estado no intervinieron para evitar el ataque, sino que dejaron a la población completamente desprotegida.
Como han explicado las investigaciones posteriores, la masacre de El Salado fue el resultado de una lógica de exterminio sistemática de los paramilitares, cuyo objetivo era vaciar el territorio y expulsar a la población. La estigmatización del pueblo, como un supuesto enclave guerrillero de las FARC los expuso ante la acción paramilitar. El informe del Centro Nacional de Memoria Histórica Esa guerra no era nuestra, describió la violencia de la masacre como parte de una estrategia militar y económica que no se reducía a acabar con la guerrilla, como justificaron luego sus altos mandos.
Los Montes de María, y en particular El Carmen de Bolívar, se transformaron desde la década de 1990 en un punto estratégico dentro de las dinámicas del desarrollo vial regional y la apertura económica, siendo un nexo entre la Troncal de Occidente y la salida al mar por el golfo de Morrosquillo. Estas tierras no solo cobraron relevancia para el proyecto paramilitar en expansión que las consideraban un objetivo militar clave para la expulsión de la guerrilla, sino que también se consolidaron como un centro económico vital en la logística y obtención de recursos para el tráfico ilícito en un eje de las principales rutas del Caribe, el río Magdalena y el resto del país.
Vale la pena recordar que la complicidad con las Autodefensas Unidas de Colombia no ocurrió solo con las fuerzas armadas, sino con la de los terratenientes y ganaderos, poseedores de grandes extensiones de tierra de la región de Montes de María. Sobre algunos de ellos llegaron a pasar condenas por hechos violentos previos a la masacre del 2000, como la masacre que vivió El Salado en 1997.
“Quisiera que nos recordaran como una gente que a pesar de todo tiene ganas de vivir”
Luego de 25 años de la masacre, el pueblo sigue luchando para reconstruirse. El tejido social, que representa la confianza y el apoyo mutuo, se vio duramente fracturado y todavía no se recupera del todo. Yirley Velasco Garrido, lideresa defensora de derechos humanos, abogada y sobreviviente de violencia sexual en la masacre de El Salado, es enfática en hablar de la resiliencia de cada una de las personas que son parte de esta comunidad como algo que no es menor.
Lo que Yirley quisiera que Colombia recordara es que esto fue una de las peores experiencias que un ser humano pueda vivir, pero que no se quedara solamente con la imagen de la violencia. Como lo cuenta, “en El Salado se cometió una barbarie indescriptible, los hechos más horribles que alguien podría enfrentar. Pero, al mismo tiempo, quisiera que nos recuerden como esa gente que, a pesar de todo, sigue teniendo ganas de vivir, que ama su tierra, que pone el alma para salir adelante”.
Aunque hoy el tejido social está bastante quebrantado, dicen las lideresas, poco a poco siguen trabajando para reconstruirlo. Esto a pesar de los incumplimientos del Estado, de la violencia que sigue afectando tanto a El Salado como a toda la región de Montes de María, una zona donde el campesinado desposeído tiene una lucha histórica por el acceso a la tierra.
Ese amor por la tierra es lo que Yirley no deja de subrayar cuando dice que si hoy existe este pueblo, es gracias al tesón de su gente, de nadie más: “La pujanza, la fuerza, las ganas, el amor que le tenemos a esa tierra para salir adelante es lo que nos mantiene acá. Decidimos retornar sin ninguna garantía. Me gustaría resaltar esa valentía y las ganas que le ponemos día a día para que nuestra comunidad vuelva a ser un poquito de lo que era antes”.
